Expolio y legalidad juntos, esa puede ser la última aportación del poder político, esta vez desde Colombia, a la protección del patrimonio sumergido y a la historia de la arqueología.
El próximo lunes se votará el proyecto de ley de patrimonio cultural sumergido de Colombia. Vista la distancia que guarda ese texto con los principios de la convención UNESCO de patrimonio cultural subacuático esta es en esencia una Ley de cazatesoros.
La ley promueve un pacto con el expolio, porque según la UNESCO cazatesorismo es esencialmente expolio y esta idea que se ha repetido en todos los centros de conocimiento académico del mundo no ha mellado la finalidad última de este proyecto legislativo.
Colombia, después de una lucha en solitario, durante casi 30 años, frente a una empresa cazatesoros, se echa ahora en brazos de un sector que concibe el patrimonio arqueológico como una materia prima a exportar. Como abogado he seguido el pleito contra Sea Search Armada y no puedo entender que sea esta la consecuencia.
Resulta, asimismo, incomprensible que se apueste por esa opción en lugar de apostar por una industria cultural local, una industria del conocimiento en esa región que posibilite el juego entre universidad, sociedad civil e industria tecnológica.
La historia respalda la teoría, y basta leer este proyecto de ley para conocer el tipo de asociación que promueve: empresas cazatesoros y un poder publico vulnerable. La garantía de una intimidad entre criaturas dudosas con la cultura como pretexto, sin mecanismos de control independientes y eficaces, sin intervención efectiva del mundo académico o de la sociedad civil y sin garantizar un resultado científico final este producto normativo no puede celebrarse.
Ya sabemos que la visión de que la industria cazatesoros está arrinconada y acosada en el mundo es una irrealidad. Que carecemos de una hoja de ruta de actuación internacional para frenar esto, pero Colombia tiene una importante palabra que decir y ésta podría ser un punto de inflexión en la política expoliadora en torno al océano y los fondos marinos, no solo entorno al patrimonio histórico. Cualquier otra cosa será un mal precedente de cara a planificar el futuro de la gestión de los fondos marinos. Poco tienen que ver los cazatesoros y su destrucción de los yacimientos sumergidos con la utilización de los fondos marinos con fines pacíficos, en beneficio de toda la humanidad y el carácter sostenible de las actividades sobre ese espacio.
El proyecto no explica qué sucede con los pecios de los buques de Estado, por ejemplo los galeones españoles, sobre los que existe inmunidad soberana reconocida internacionalmente. Si Colombia pretende dar una respuesta, en solitario, al problema del legado submarino hispánico en aguas de las naciones que surgieron del imperio español, pone en riesgo ese enorme patrimonio histórico en el resto del mundo. La inmunidad soberana, por muy incompleta que nos resulte, hasta ahora ha sido el mecanismo más efectivo de preservación del patrimonio histórico sumergido hispánico.
Las decisiones de Colombia tienen efectos globales, eso no es lo cuestionable, sino que el destino de un patrimonio histórico, en definitiva de la humanidad, esté prisionero de una veintena de nacionalismos a uno y otro lado del Atlántico y de sus gestores políticos, y que en lugar de servir de punto de encuentro de unas sociedades civiles perfectamente maduras y capaces de hacerse cargo moral y científicamente de esos yacimientos, estos deben someterse a su dispersión comercial por voluntad política.
El ejemplo español como el colombiano sirven para demostrar qué pasa con la cultura cuando se convierte en una jaula de hierro burocratizada: o bien sólo sirve para que no suceda nada o bien para que la zorra con mejores contactos entre sola en el gallinero. Es peor lo segundo, aunque las dos promuevan el expolio. Pero no tendríamos porqué conformarnos. No deberíamos.
Otros temas José María Lanchoel