aecr.org el 09 dic, 2015 Por Roberto Bande y Dolores Riveiro de GAME-IDEGA y Departamento de Fundamentos del Análisis Económico – Universidade de Santiago de Compostela (Roberto.bande@usc.es Dolores.riveiro@usc.es). De acuerdo con el Tratado de la Unión Europea, el propósito de las acciones de la Unión es “promover el desarrollo armónico” y “reducir las diferencias en los niveles de desarrollo de las regiones”. En este contexto, los objetivos declarados de la política regional europea son, en primer lugar, mejorar el bienestar económico (las condiciones de vida) de los ciudadanos, y eliminar las disparidades regionales, tanto económicas como sociales y territoriales. El instrumento fundamental para lograr estos objetivos han sido los fondos estructurales y de cohesión, que han contado con un presupuesto de alrededor de un tercio del presupuesto total de la EU. El argumento teórico que se maneja con el uso de estos fondos es sencillo. El aumento en la acumulación de capital público que generan estos fondos en las regiones perceptoras (desde 2003 la totalidad de los fondos son recibidos por administraciones y empresas públicas) tiene un impacto positivo sobre la creación de actividad económica y empleo, conduciendo, por tanto, a mayores niveles de renta y a una mejora de las condiciones de vida. Sin embargo, el efecto generado por estas políticas en las diferentes regiones no es homogéneo. Precisamente con el objetivo de eliminar disparidades, las regiones menos desarrolladas (objetivo 1), con mayores necesidades de ayuda estructural, reciben una mayor cantidad de fondos (fundamentalmente procedentes del FEDER), que se traducen en una acumulación de capital público en forma de redes de transporte, infraestructuras medioambientales, mejoras de servicios públicos, etc. Pero las regiones más desarrolladas (no objetivo 1) también reciben fondos, aunque el propósito de los mismos es diferente, más centrado en la innovación y el progreso técnico, lo que conlleva acumulación de capital humano y tecnológico. Por tanto, ante la evidencia empírica existente de que a lo largo de las últimas décadas la renta por habitante de las regiones españolas ha aumentado, pero las diferencias entre regiones no se han corregido, cabe la tentación de culpar a esta doble dimensión de la ayuda financiera estructural del mantenimiento de las disparidades regionales. Sin embargo, debemos ir con cuidado. La mayor acumulación de capital público en las regiones menos desarrolladas procedente de los fondos estructurales acabaría por eliminar las disparidades regionales en renta si estuviese garantizado el cumplimiento de tres supuestos. En primer lugar, diferentes tipos de capital (público o privado) deben ejercer el mismo efecto sobre las economías regionales. Es decir, una unidad más de capital (sea del tipo que sea) debería generar el mismo efecto en una región dada. En segundo lugar, una unidad de capital adicional debe generar el mismo efecto sobre los diferentes tipos de regiones (desarrollas y menos desarrolladas, no objetivo 1 y objetivo 1), independientemente de que dicho capital sea público o privado. Por último, no deben existir diferencias regionales en la acumulación de capital privado. Si estas condiciones se cumplen simultáneamente, la política de cohesión, a través de la mayor acumulación de capital público en las regiones menos desarrolladas, debería conducir a una reducción de las diferencias regionales en renta. En un reciente trabajo realizado por los autores en el marco del proyecto Rethinking Finance for Stability and Development financiado por la Unión Europea, hemos encontrado que estas condiciones no se cumplen, en parte debido al efecto generado por la política monetaria del Banco Central Europeo. Sin entrar en la literatura sobre los diferentes efectos para la economía de una región de la acumulación de capital público y privado, vamos a centrarnos en los otros dos supuestos planteados. Ya hemos discutido en este blog los efectos regionales asimétricos de la política monetaria del BCE (ver entrada): los cambios en la política del BCE pueden tener un impacto superior en las regiones más desarrolladas, debido a su estructura productiva, al tipo de empresas que operan en las mismas (grandes empresas frente a PYMES atomizadas), el grado de concentración del sector bancario, etc. Dicha política determina en última instancia el coste de financiación del capital privado, por lo que, por ejemplo, ante una bajada de los tipos de interés el efecto sobre la acumulación de capital sería superior en las regiones más desarrolladas. Ello contradice el tercer supuesto. Además, existe evidencia de que la acumulación de capital (sea del tipo que sea) genera efectos regionales asimétricos (ver este trabajo de Roberto Bande y Marika Karanassou en Regional Studies). Por tanto, el segundo supuesto tampoco se cumpliría. En definitiva, la política monetaria expansiva durante la década previa a la Gran Recesión puede haber beneficiado más a las regiones ricas y dinámicas, evitando por tanto que, a pesar del enorme esfuerzo realizado por las políticas de cohesión, la distancia entre las regiones ricas y pobres haya podido ser eliminada. La evidencia empírica que hemos encontrado, basada en la estimación de modelos estructurales para diferentes grupos de regiones españolas confirma esta hipótesis. Mientras el capital público provoca un impacto en las regiones menos desarrolladas de más del doble que en las regiones ricas, el efecto de la política monetaria es justo el contrario, provocando un impacto sobre la renta mucho mayor en el segundo grupo. Estos resultados apuntan a la necesidad de un cambio en la orientación de la política de cohesión y a una mayor coordinación con la política monetaria, que debería abandonar el objetivo único de lucha contra la inflación y abrir el abanico de preocupaciones a otros problemas, entre los que se encuentran las desigualdades de renta en el seno de la UE. Otros temas Comentarios aecr.org el 09 dic, 2015
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