Por M. Carmen Lima Díaz. Profesora Titular de Economía Aplicada – Universidad Pablo de Olavide
Ya ha transcurrido el primer lustro desde el acuerdo por el que el Reino Unido e Irlanda del Norte se retiraban de la UE. Tras un proceso tedioso, intrincado y marcado por más de un desacierto político, se logró firmar después de duros meses, el denominado Acuerdo de Comercio y Cooperación, que establecía la nueva relación entre ambas partes, agotando plazos y paciencia de los negociadores.
La decisión tomada, que implicaba la salida del Mercado Único y de la Unión Aduanera, se siente en múltiples facetas del día a día, prevaleciendo el cuestionamiento sobre si fue metódicamente valorada en cuanto a pros y contras económicos, sociales y políticos o si pudo pesar más el exacerbado argumentario soberanista.
El simple hecho de que este debate siga abierto, tras años de pandemia e inestable coyuntura internacional; ya se antoja como un cierto debilitamiento de posiciones. Atrás quedan aquellos años en que el Reino Unido dominaba la escena europea, manteniendo su posición dominante en un bloque de integración donde defendía sin ambages, sus prebendas en el presupuesto comunitario, su exclusión de la Unión Monetaria o el control de fronteras en el espacio Schengen.
El Banco de Inglaterra ya anticipó el efecto negativo del Brexit sobre los principales macro agregados, cuestión que ha confirmado recientemente la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria británica, una suerte de garante independiente de control de las finanzas públicas que también vigila otros indicadores económicos. Esta recoge una previsión de caída tanto del PIB como de la productividad del Reino Unido de un 4% para los próximos 15 años, valorando además en torno a un 15%, la reducción en la intensidad de comercio con la UE a largo plazo. Ello se debe a que numerosos sectores dependen en gran medida del comercio con la Unión y a que la imposición de nuevas barreras comerciales no arancelarias, tiempos de espera y reglas de origen, han golpeado al dinamismo con que tenían lugar las transacciones antes de la salida; generando costes adicionales y pérdidas de competitividad.
No olvidemos, además, las limitaciones que este nuevo escenario generó en un primer momento sobre “La City” y sus servicios financieros. La falta de equivalencias, llevó a una reubicación de empresas hacia la Europa continental, cimbreando la posición de Londres como centro de operaciones global. Sin embargo, lo que en un primer momento parecía una crónica al fracaso, con una previsión de pérdida de empleos y recaudación fiscal inasumible, ha logrado reconducirse gracias a su gran resiliencia, asumiendo que no perder negocio pasaba por seguir funcionando bajo las directrices marcadas por el derecho de la UE.
En el ámbito de la inmigración, las cifras reflejan un paisaje muy diferente al prometido en el “take back control”, dado que las visas han aumentado, junto con su consiguiente entramado burocrático, por la captación de estudiantes internacionales que en ocasiones viajan acompañados, por trabajadores altamente cualificados, mayoritariamente vinculados al sector sanitario y procedentes de países no pertenecientes a la UE, y por último, debido al corredor humanitario. Sin embargo, sectores como la agricultura y la hostelería han advertido sobre la escasez de mano de obra, lo que ha llevado a incrementos de precios y estanterías vacías.
No obstante, son numerosas las cuestiones no resueltas que impiden hacer un balance definitivo. Entre ellas, el prometido acuerdo comercial con Estados Unidos, que por el momento no ha pasado de una declaración de intenciones recogida en la nueva carta del atlántico y que sigue siendo prioritario para resarcirse de la actividad comercial perdida en la UE, y no recuperada con lo firmado con Japón, Australia, Nueva Zelanda o India, entre otros.
No podemos olvidar la polarización interna generada por la salida, con destacadas tensiones con Escocia que ha solicitado un segundo referéndum de independencia, o las declaraciones de dirigentes en Gales posicionándose en contra de la salida, las deficiencias del Protocolo de Irlanda del Norte revisado por el Marco de Windsor, o las incertidumbres del sector pesquero que aunque recuperó el control de aguas y cuotas, ha visto limitado el acceso a los mercados europeos, el 70% de sus exportaciones, con nuevos certificados exigidos y más regulaciones.
En definitiva, la decisión de Reino Unido es soberana, aunque sin duda el coste de recuperar la llamada identidad nacional ha sido considerable. Parece que el nuevo gobierno británico, desea construir puentes con quien fuera su principal socio comercial. Desde el continente se reconoce que la relación desde fuera, nunca podrá ser la misma. Esperemos el devenir de los acontecimientos.
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