Seguridad versus libertad. Basta darse una vuelta por Internet para encontrar, a disposición de quien las quiera, «apps» que prometen tener vigilada a una pareja, a los hijos o a cualquier persona de la que desconfiemos por algún motivo. Nuestros datos, eso lo sabemos, circulan libremente por las redes, y numerosas organizaciones (a menudo al margen de la ley), hacen lo imposible por apropiarse de ellos y venderlos después a terceros con fines comerciales o, peor, a organizaciones criminales internacionales.
Los gobiernos, por supuesto, tampoco son ajenos a la tentación de controlar a sus ciudadanos, y países como China disponen desde hace años de una auténtica y sofisticada «Internet paralela» capaz de espiar individualmente a cualquier persona. Ahora, la pandemia del Covid-19 se ha convertido en una excelente excusa para ejercer ese control al amparo de la salud pública. La tecnología combinada de aplicaciones de rastreo, software de reconocimiento facial y drones puede dar a los gobiernos un poder casi ilimitado para rastrear a las personas. Y una vez obtenidos esos nuevos poderes, muchos podrían decidir no renunciar a ellos cuando pase la pandemia.
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