La Guardia Civil actuaba como policía judicial atendiendo la solicitud de la jueza titular de un Juzgado de Instrucción de Madrid. En estas circunstancias, su investigación -naturalmente, como es obvio, ¿necesita alguna explicación adicional?, etc.- sólo tiene un destinatario: la autoridad judicial que reclamó su asistencia.
Pero he ahí que tratándose de un asunto que concernía al Gobierno, concretamente a su delegado en Madrid, J.M. Franco, el poder Ejecutivo quiso saber antes que el Judicial los resultados de la pesquisa. Y ahí comenzó el nuevo escándalo producido por las huestes del fraudillo.
Aunque la cosa venía de lejos, pues cerca de dos meses anduvo la tal delegación del Gobierno toreando al instituto armado mediante el suministro homeopático de la información solicitada. Pero llegado el momento, la directora general de la Guardia Civil, licenciada María Gámez, subsecretaria dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior, pidió al director de la unidad de la Policía Judicial de Madrid el informe encargado por la Jueza y, naturalmente, como es obvio, el coronel Pérez de los Cobos declinó la comisión de un delito: la revelación de su contenido, que para más inri probablemente desconocía.
El coronel fue automáticamente cesado en un gesto que habla mucho y mal del respeto a la autonomía del funcionamiento del instituto armado en el ejercicio de policía judicial. La explicación gubernativa tuvo el efecto del vinagre sobre la herida: se trata de una pérdida de confianza, dijo el ministro Marlaska, y al director operativo de la Guardia Civil, teniente general Ceña, le sobró un día para dimitir.
Pero sobre la afrenta llegó el escarnio cuando, al cabo de tanto despropósito, al ministro no le se ocurrió mejor cosa que anunciar una subida de sueldo para los guardias, como queriendo decirles…
La compra de adhesiones, profundamente tratada en la Andalucía de los Eres durante el califato socialista, en medio de un problema es lo que le faltaba a la coalición. La equiparación salarial de los Guardias Civiles a los mossos catalanes o a los ertzainas vascongados ha requerido al Consejo de Ministros aprobar a toda marcha una partida de 250 millones para cumplir lo que fue aprobado hace dos años.
¿Habrá sido a propuesta del vicepresidente de lo social, a quién también el Poder Judicial ha comenzado a tomar el pulso? Claro que para tapar todo lo que sea menester ahí están los estados de alarma. ¡Vayamos por otro!
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