Como no sea dinero, el sanchismo ya no puede sacar más de la gente. Es el momento de meter mano en las empresas, concluyeron tras profundos análisis los expertos que no lo son sobre estudios por hacer y, eso sí, el olfato nervioso del caudillo.
Comenzaron echando por delante a la SEPI, el fondo estatal alimentado por los presupuestos generales que llevan dos años sin hacer, y endeudándose con la garantía del Estado.
Empresas estratégicas como Correos, Telefónica, INDRA, ENSA, Navantia, etc., las no menos estratégicas, políticamente, EFE y RTVE, y Dios sabe por qué, el Hipódromo de Madrid.
Hace pocos meses fueron noticias de primera plana cómo los efectivos gubernamentales irrumpían en la compañía telefónica, de un sopetón despedían a su presidente para colocar en su lugar al que habían sentado poco antes en INDRA, y creaban la base para desarrollar el canal de televisión que precisa el sanchismo, a más a más del público que detenta.
Pero nada es suficiente, o todo es insuficiente, y comenzó el asalto a PRISA, sociedad editora de El País y la SER, cuyo presidente se negó a poner su dinero en una nueva tele sanchista. Y se armó la que corresponde a una maniobra de ese jaez.
The World Is Not Enough, decían en James Bond, y los arúspices del Gobierno comenzaron a dibujar alianzas sobre el plano del capital del grupo informativo. Objetivo: expulsar, desapoderar o lo que fuera preciso para quitar de en medio al mayor accionista. Oughourlian con su grupo Amber tiene el treinta por ciento, le sigue el grupo francés Vivendi, con un doce, y el resto tiene porcentajes por debajo del ocho por ciento.
Dada la posición fuerte del actual presidente, que para dejar claro sus intereses se ha adjudicado también la presidencia del propio periódico, el Gobierno necesita el apoyo del segundo accionista a los minoritarios que pudieran embarcarse en la turbia maniobra. Pues a por el francés.
Y hace ahora un mes el ministro López, sí el que brama contra Ayuso, y Murtra, el flamante presidente de Telefónica, parece que advirtieron al director general de Vivendi que su filial Havas se olvidara de seguir distribuyendo la publicidad de Telefónica si no apoyaba a los minoritarios amigos para dejar caer a Oughourlian.
El ministro ha balbuceado que no hubo tal reunión y que sólo fueron sólo unos minutos de conversación. ¿Cuánto tiempo se necesitará para amenazar como mafiosos de serie negra?
Pero sobre todo, ¿qué razón pueda asistir al semanario francés Le Point, una publicación seria, de primer nivel, para inventarse tal historia?
Tal vez sea esta es la política de seguridad que ocupa las horas de nuestro primer ministro. Su propia seguridad.
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