Por David Robles Ortiz – Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional – drobleso@ipn.mx – @drobleso
En el debate sobre el desarrollo regional en América Latina, uno de los temas más persistentes es la coexistencia de altos niveles de informalidad laboral con una creciente cobertura de programas sociales. En el caso de México, esta tensión resulta particularmente relevante: la informalidad alcanza alrededor del 53% de la población económicamente activa, lo que equivale a aproximadamente 33.1 millones de personas.
Desde una perspectiva territorial, la informalidad presenta marcadas diferencias regionales. Mientras que la región norte concentra alrededor del 33.4%, la región centro-norte alcanza el 53.17%, la región centro el 57.2% y la región sur registra los niveles más elevados, con 73.6%, lo que evidencia profundas brechas estructurales en el mercado laboral mexicano.
Por su parte, el gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha planteado la continuidad y expansión de la política social implementada en años recientes, basada en el fortalecimiento de los llamados Programas para el Bienestar. Se estima que, hacia 2026, programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Becas Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros, podrían alcanzar 42.9 millones de beneficiarios, con una inversión social superior a 56.6 mil millones de dólares.
En este contexto, surge una pregunta central para el análisis regional: ¿los programas sociales incentivan la inserción en empleos formales o, por el contrario, coexisten con dinámicas que perpetúan la informalidad laboral? A partir del análisis de microdatos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 y mediante diversas técnicas econométricas, los resultados sugieren la existencia de una relación estadísticamente significativa entre la informalidad laboral y la recepción de programas sociales.
En la región norte, por ejemplo, se observa que un hombre joven de 19 años con nivel educativo de bachillerato y beneficiario de un programa social, presenta una probabilidad de informalidad del 72%, mientras que esta se reduce al 36% cuando no recibe apoyos. En el caso de las mujeres, la probabilidad de inserción en la informalidad pasa de 34% sin apoyo a 70% con apoyo. Este efecto se intensifica con la edad: para individuos de 67 años, la probabilidad puede alcanzar hasta 80%.
En la región centro-norte, bajo condiciones similares, la probabilidad de informalidad asciende al 83% en hombres y al 85% en mujeres cuando son beneficiarios de programas sociales, mientras que para quienes no reciben apoyos, estas probabilidades se reducen a 60% en el caso de las mujeres.
Por su parte, en la región centro, la evidencia muestra que los beneficiarios presentan probabilidades de informalidad significativamente mayores: 85% en hombres y 87% en mujeres, frente a 63% y 67%, respectivamente, para quienes no reciben transferencias.
Finalmente, en la región sur, caracterizada por los mayores niveles de informalidad, las probabilidades alcanzan niveles aún más elevados. Un hombre joven con bachillerato que recibe programas sociales presenta una probabilidad de informalidad del 92%, frente al 76% si no los recibe. En el caso de las mujeres, estas cifras ascienden a 93% con apoyo y 81% sin apoyo.
Tabla 1. Probabilidad estimada de informalidad laboral, según acceso a programas sociales
Fuente: realización propia.
Como se aprecia en la tabla 1, en todas las regiones la probabilidad de informalidad es mayor entre beneficiarios de programas sociales. La brecha es más marcada en regiones menos desarrolladas, como la región sur del país. Además de que el patrón es consistente tanto para mujeres como para hombres.
Con todo, los resultados anteriores no deben interpretarse como evidencia de que los programas sociales causan informalidad, sino más bien, sugieren la presencia de problemáticas estructurales, como limitaciones del entorno económico, productivo e institucional que condicionan las oportunidades laborales de los trabajadores, independientemente de sus decisiones individuales, donde aquella población más vulnerable es aquella que, precisamente, recibe transferencias gubernamentales. La evidencia apunta a que los programas sociales funcionan como mecanismos de compensación del ingreso en contextos de alta informalidad laboral, particularmente en regiones con bajo dinamismo económico.
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Referencias
INEGI. (2024). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).
Secretaria de Bienestar. (2026). 1º informe trimestral 2026. Gobierno de México.
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