“Doñanagate”: racionalidad e irresponsabilidad económica

Por Luis Ángel Hierro – Catedrático de Economía Pública de la Universidad de Sevilla – Vicepresidente de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional

Los profesores de economía explicamos a los estudiantes que nuestra ciencia se basa en el supuesto de que los sujetos nos comportamos racionalmente. Eso significa que evaluamos los beneficios y costes de nuestras acciones y actuamos cuando los primeros son mayores que los segundos. Ese comportamiento racional es aplicable no solo a las decisiones económicas sino también a otras muchas acciones, incluidas las políticas. Los estudios económicos de las decisiones políticas desde el punto de vista racional económico forman parte de lo que llamamos Teorías de la Elección Pública.

Es verdad que el racionalismo económico aplicado a la política en algunos casos sirve de poco. Por ejemplo, cuando esas teorías valoran la decisión de votar concluyen que lo racional sería no votar, una conclusión “poco racional” vista la realidad. No obstante, hay otras cuestiones donde su aplicación es más exitosa, por ejemplo, cuando Anthony Downs propone que los partidos basan su comportamiento en el objetivo de maximizar los votos y explica cómo funcionan.

Intentemos analizar el Doñanagate, la legalización de los regadíos ilegales del entorno de Doñana, desde la perspectiva racional de Downs. Comencemos por el principio. El asunto lo lanza Vox. Vox se encuentra en una encrucijada, sabe que si no consigue implantación municipal seguirá el camino de Ciudadanos y para ello intenta mutar en una especie de “Acción Popular”, el partido tradicionalista monárquico, católico y agrario de la Segunda República. Su objetivo es conseguir votos en las municipales, por eso jalea a agricultores y cazadores en los entornos rurales. Es de ahí de donde sale “racionalmente” la propuesta de legalizar regadíos ilegales en Doñana.

La explicación del comportamiento del PP es más compleja pero también es racional desde la perspectiva Downs. El PP compite en el voto con Vox pero esa no es la explicación, pues los concejales de Vox se sumarán a los del PP en todos los ayuntamientos en los que haya mayoría de derechas. Para buscar un beneficio de la legalización de regadíos que compense suficientemente el desgaste que el PP andaluz está sufriendo hay que rebuscar algo más. El PP quiere conseguir el 28M la Diputación de Huelva y para ello necesita aumentar 3 o 4 diputados provinciales, que pretende obtener en los partidos judiciales de Ayamonte, Moguer y Huelva. Ahí se encuentra el beneficio que teóricamente compensaría el desgaste del Doñanagate.

En ese esquema de racionalidad de Downs estaba también el PSOE de Andalucía, cuando Juan Espadas, su Secretario General, decidió abstenerse en la primera iniciativa de ley, tramitada en la legislatura pasada, en enero de 2022, a pesar de que la Vicepresidenta y Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, le conminó a votar en contra. “La abstención del PSOE abre una puerta para seguir trabajando por resolver un problema en la comarca onubense que existe, y si el Gobierno no ve que existe, yo trabajaré para explicárselo” dijo Espadas.

Espadas se echó para atrás por imposición de Pedro Sánchez, pero el PP ha mantenido su racionalidad, y con su mayoría absoluta ha vuelto a tramitar la ley en el Parlamento de Andalucía, ahora con el voto en contra del PSOE. Y lo ha hecho a pesar de que el Presidente de la Junta de Andalucía sabe que el Presidente del Gobierno recurrirá por inconstitucional la ley autonómica y solicitará su suspensión, algo que ya ha anunciado Pedro Sánchez con su “Doñana no se toca”. En buena lógica, la ley, si se aprueba, será suspendida por el Tribunal Constitucional y no será aplicada, pero eso ocurrirá después del 28M, cuando el PP haya conseguido los beneficios esperados si es que así lo deciden los onubenses. Aunque creo que Moreno Bonilla no esperaba el revuelo que ha montado. Hasta el Washington Post se haya ocupado del tema. (https://www.washingtonpost.com/politics/2023/04/12/spain-wetlands-donana-water-andalusia-climate-change/1ad50d48-d924-11ed-aebd-3fd2ac4c460a_story.html)

Y aquí andamos, deambulando por un juego de pretendida racionalidad que produce resultados irracionales, del que poco positivo vamos a sacar. Aunque claro, como a uno nunca le gusta dar todo por perdido, aprovechando que el “Pisuerga pasa por Valladolid”, voy a proponer sacar algo positivo del Doñanagate.

En efecto, el Doñanagate nos ha recordado una laguna legal importante en nuestro país, la ausencia de una ley que asigne la responsabilidad económica de los incumplimientos de la normativa europea.

En España un Ayuntamiento o una Comunidad Autónoma, como ahora Andalucía, en el ejercicio de su autonomía, puede tomar decisiones contrarias a la legislación europea, aunque el Gobierno de España se oponga y la UE advierta de sanciones. Si esto ocurre el Reino de España puede resultar sancionado con una multa por la UE, que no entiende de autonomías y que exige la responsabilidad a los estados. Como no hay una ley que asigne directamente la obligación de pago a la administración causante, son los tribunales los que tienen que declararla responsable subsidiaria y los que al final permiten que el Gobierno cobre a la Comunidad Autónoma o al Ayuntamiento. Eso hace que cobrar la multa a la administración causante sea un proceso lento y que sea posible que cuando haya que pagar la multa el partido que la originó ya no esté en el poder.

Resolver esa laguna es algo que deberíamos hacer lo antes posible, ya que comportamientos como el del PP en el Parlamento de Andalucía serían mucho más difíciles, pues aplicando el comportamiento racional tipo Downs tendrían que incluir en sus cálculos la sanción como un coste y entonces seguramente la Diputación de Huelva no sería un beneficio político suficiente para ir contra la ciencia, el Gobierno y Europa, como hoy parece que sí lo es.

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