Sin ley no hay democracia. Así lo viene a recordar la Comisión de Venecia en su actualización del Código de Buenas Prácticas sobre Referendos adoptada este mes de octubre en su sesión plenaria online número 124. Trece años después de la aprobación del Código que regula democráticamente los referéndums, el organismo consultivo del Consejo de Europa que agrupa a más de 60 países ha recordado que “el uso de referéndums debe cumplir con el sistema legal en su conjunto. En particular, no pueden celebrarse referéndums si la Constitución o un estatuto en conformidad con la Constitución no los prevén, por ejemplo, cuando el texto sometido a referéndum es competencia exclusiva del parlamento”, según figura en la actualización del Código de Buenas Prácticas, en una traducción no oficial ya que el texto todavía está solo en inglés.
De esta manera, el independentismo catalán que llevó a cabo un proceso rupturista contra el Estado de Derecho español culminado en 2017 con una declaración unilateral de secesión, previa celebración de un referéndum ilegal, recibe una nueva negativa a su anunciada intención de volver a realizar una historia similar. Así lo entienden también en el Ministerio de Asuntos Exteriores, UniónEuropea y Cooperación. Fuentes oficiales del Ministerio recuerdan que el Código de Buenas Prácticas “establece claramente que no es posible, esto es, que no es legal, convocar referéndums en supuestos no permitidos por la Constitución del país de que se trate”. Y la Constitución de 1978 no permite un referéndum secesionista en una parte de España. La Europa civilizada no está para tonterías y menos si son ilegales. España y su democracia pasan por Europa.
En esta línea, la actualización del documento realizada por la Comisión de Venecia señala, igualmente, que “los textos sometidos a referéndum deben cumplir con todas las leyes superiores (principio de jerarquía de normas). No deben ser contrarias al derecho internacional, a los principios estatutarios del Consejo de Europa (democracia, derechos humanos y Estado de Derecho) ni a las condiciones de pertenencia al Consejo de Europa”. Y añade: “Los Estados pueden agregar más limitaciones”.
No hay cambio, por lo tanto, con lo que ya le dijo por escrito a Carles Puigdemont, en junio de 2017, Gianni Buquicchio, presidente de la Comisión de Venecia, a vuelta de una carta del entonces presidente de la Generalitat de Cataluña que le pidió su aval para el referéndum del 1-O. La Comisión de Venecia “ha enfatizado consistentemente la necesidad de que cualquier referéndum se lleve a cabo en pleno cumplimiento con la Constitución y con la legislación aplicable”, recordó Buquicchio hace dos años y medio.
Una respuesta que incrementó su valor político cuando solo unos días antes del 1-O, a finales de septiembre de 2017, Thomas Markert, director y secretario del mismo organismo consultivo del Consejo de Europa, señaló a una agencia que el referéndum convocado por las autoridades autonómicas catalanas, además de ser declarado ilegal por la Justicia española, “no cumple” con los estándares democráticos establecidos por la Comisión de Venecia en el Código de Buenas Prácticas, precisamente por no respetar la Constitución española, a diferencia del referéndum celebrado en Escocia en 2014, que sí cumplió, entre otros aspectos, con las directrices constitucionales del Reino Unido.
La importancia de la opinión de la Comisión de Venecia, que firma recomendaciones en materia constitucional, no solo es de carácter político. También tiene referencias en la Justicia y son base argumental para los jueces en sus sentencias, como han dejado constancia de ello tanto el Tribunal Supremo –que recordó la carta de respuesta a Puigdemont de junio de 2017– como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en sus decisiones relacionadas con los líderes del procés, tanto de la Generalitat como del Parlamento catalanes.
El tribunal autonómico, en su reciente sentencia condenatoria a los miembros de la Mesa de la Cámara legislativa catalana que acompañaron a Carme Forcadell en su reto alEstado de Derecho desde el Parlamento de Cataluña, recoge una opinión de la Comisión de Venecia de marzo de 2017, ciertamente olvidada o desconocida casi por completo en España, en la que se defiende que: “Cuando una autoridad o empleado público rehúsa cumplir una decisión del Tribunal Constitucional, vulnera los principios del Estado de Derecho, la separación de poderes y la cooperación leal entre los órganos estatales. Las medidas destinadas a ejecutar estas decisiones son legítimas”. Es decir, parece increíble que bien entrado el siglo XXI todavía estemos discutiendo si hay que cumplir o no las resoluciones judiciales, empezando por las del Tribunal Constitucional.
Europa no será sin Alemania y Francia. Y no tiene sentido sin España, Italia o Grecia. La Unión Europea –no confundir con el Consejo de Europa– es una unión de intereses para sobrevivir en un mundo global en el que mandan los grandes países o pueden hacerlo las confederaciones bien engrasadas. Jurídicamente, Europa es la salvación de España, de su unidad y su modernidad. Normal, entonces, que extremistas, populistas e independentistas, patrios todos ellos, solo vean como un inconveniente el mantenimiento de la cooperación europea. Europa, nos queda Europa.
Política