Confusión en torno a las balanzas fiscales

Publicado por el 15/10/2014

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Por: Núria Bosch  Catedrática de economía, UB

La balanza fiscal calcula la diferencia entre los gastos que el gobierno central realiza en un territorio y los ingresos fiscales que obtiene, diferencia que puede resultar negativa (déficit) o positiva (superávit).

El cálculo de las balanzas fiscales siempre ha sido un tema polémico porque pone en evidencia la política económica del gobierno central a nivel territorial, es decir, se pone de manifiesto si hay territorios mejor tratados que otros. Para evitar la polémica el gobierno español ha optado tradicionalmente por no calcularlas. Así la información que se tiene es por cálculos hechos por académicos y por el gobierno de la Generalitat que ha venido estimando, desde hace unos años, la balanza fiscal de Cataluña con la administración central.

El cálculo de las balanzas fiscales es un ejercicio de transparencia democrática, ya que los ciudadanos de un territorio tienen derecho a saber qué aportan y qué reciben de las arcas estatales. En 2008 el gobierno de Zapatero calculó la balanza fiscal de todas las autonomías con el sector público central debido a las demandas hechas por los grupos políticos catalanes en el Congreso. Previamente, se consensuó mediante un grupo de expertos, del que formé parte, la metodología de cálculo que respondía básicamente a los estándares internacionales académicamente avalados.

El gobierno de Rajoy también ha querido calcular sus balanzas fiscales, pero con una metodología que no responde a la estándar. Quizás esta es la razón por la que estos cálculos no los ha bautizado como balanzas fiscales, sino como cuentas públicas territorializadas.

Hay dos maneras de territorializar los gastos y los ingresos. El primer método conocido como el de la carga-beneficio, imputa los ingresos al territorio donde residen las personas que finalmente soportan la carga fiscal y los gastos donde residen los beneficiarios, independientemente de donde se produce el servicio público o se realiza la inversión. En cambio, el segundo método, conocido como del flujo monetario, imputa los ingresos al territorio donde se localiza la capacidad económica sometida a gravamen y los gastos al territorio en que estos se materializan, independientemente del lugar geográfico donde se ubican los beneficiarios.

No hay una respuesta sobre qué enfoque es el mejor, sino que cada uno responde a cuestiones diferentes. Así, el enfoque de la carga-beneficio explica el grado de redistribución territorial implícito de la actuación presupuestaria del gobierno central, mientras que el enfoque del flujo monetario trata de responder a la pregunta de qué capacidad de gasto podría tener un territorio en favor de sus ciudadanos si en lugar de ser financiado a través de los flujos fiscales centrales lo fuera a partir de sus propios recursos. Asimismo, este enfoque valora el impacto económico del gasto sobre el territorio. Cabe también señalar que el enfoque del flujo monetario es mucho más objetivo, ya que evita tener que plantear múltiples y discutidas hipótesis sobre quién soporta la carga impositiva y quién es el beneficiario del gasto, como requiere el enfoque carga-beneficio.

Pues bien, las cuentas territorializadas del gobierno español sólo utilizan el enfoque carga-beneficio, pero alejándose de la aplicación estándar de esta metodología, realizando muchas hipótesis totalmente cuestionables. Dicho de otro modo, hay “mucha cocina”. Asimismo, las balanzas fiscales hechas por el actual gobierno español incluyen también las autonomías y los gobiernos locales. Mezclan los impuestos pagados al gobierno central con los pagados a los gobiernos autonómicos y locales. Se centran en conocer quién soporta la carga tributaria y quién se beneficia del gasto, por lo que importa poco qué gobierno gasta y dónde lo gasta y qué gobierno recauda impuestos. Esta visión muchas veces se justifica argumentando que los territorios no cuentan y que sólo cuentan los ciudadanos. En cambio, en el enfoque del flujo monetario, los territorios sí importan.

Las cuentas del gobierno español obvian que en un sector público descentralizado es importante saber quién gasta y quien recauda impuestos, ya que hay gobiernos subcentrales que tienen autonomía. Responden al principio de caja única. Esto hace que sea más complicado conocer qué recibe un territorio de la administración central y qué aporta, lo que tiene poco sentido cuando el objetivo del cálculo de las balanzas fiscales en territorios como Cataluña ha sido históricamente ver qué capacidad de gasto tendrían si pudieran acceder a todos los recursos que generan, es decir, si se pudieran quedar con los impuestos que pagan al gobierno central. En conclusión, los cálculos, además de crear confusión, parecen hechos para atenuar las diferencias existentes en el tratamiento fiscal que da el gobierno a ciertos territorios.

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