El pasado 4 de diciembre, les hablaba del poder del blogging a propósito de la famosa e infructífera reunión de algunos internautas (que actuaban a título personal) con los representantes del Ministerio de Cultura. La semana pasada, la Blogosfera volvía a agitarse tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de la denominada Ley Sinde, una norma, enmarcada dentro de la Ley de Economía Sostenible, que pretende regular las supuestas descargas ilegales pero que de facto es el primer paso para que los políticos, en lugar de los jueces, puedan decidir si cualquiera es un criminal.
La imagen que acompaña este post es una humorística forma de explicar esta descabellada ley, realizada por Makarras.org pero, en mi opinión, no está alejada de realidad ni un ápice. Se dice que el punto de confrontación era la intervención judicial pero el problema, como se ve en el irónico diagrama, es otro. España se estrenó el 8 de enero en la presidencia de la CE y el gobierno de España ha sido presionado por la industria del entretenimiento estadounidense y nacional para la regulación de Internet. La pregunta es: ¿200 web de enlaces (las que se ha dicho son las que se perseguirán) justifican este embrollo?. Y es que así lo calificaba la abogada y experta en nuevas tecnologías Paloma Llaneza en Ágil, eficaz… y muy embrollado. Una chapuza que requerirá una reforma del artículo 122 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que un juez pueda solamente ratificar el cierre de la web, en lugar de estudiar si efectivamente se produce el delito o no. Muchas interrogantes jurídicas. ¿Y después de cerrar esas 200 webs, qué? ¿a quién se perseguirá? ¿Quizás a los blogs?. Esta ley, sin duda, lo permitiría.
Hasta ahora la justicia ha dictaminado que intercambiar obras, u ofrecer enlaces a ellas no es delito. ¿Por qué tendría que serlo a partir de ahora?. Y el negocio del entretenimiento, en vez de atajar la transformación de una industria que no se mueve a la velocidad adecuada, se ha aliado con los políticos (de uno y otro bando), abriendo el camino del recorte de derechos y libertades. La propiedad intelectual no es un derecho fundamental y nuestra constitución así lo enuncia. Lo contrario es un insulto a la inteligencia, como así lo expresa el abogado Carlos S. Almeida, y un monstruo jurídico. Un gobierno progresista tendría que ir por la senda de la defensa del procomún y el dominio público. Nuestros políticos están “dejando patente la falta de perspectiva en tiempo real sobre la sociedad que gestionan, están demostrando una inutilidad intelectual en proyectar a corto plazo las consecuencias de un acto que vulnera uno de los principios de la separación de poderes del Estado“, como se decía en 1001 medios.
Los que empezamos en la Blogosfera hace diez años, enarbolábamos la bandera del enlace y el trackback. Y aprendimos que la esencia de la vida en la Red es el hipertexto. Nos convertimos en hipertextuales. Cualquier internauta sabe que sin enlazar libremente, la Red simplemente no existiría. Para los que viven de la propiedad intelectual, los enlaces a contenidos protegidos con derechos de autor son una amenaza. Para mí, no es una lucha contra la piratería, sino una pugna entre gestores de autores e internautas, en el contexto de una evolución tecnológica que engulle a aquellos.
El asunto no es más que un problema de propiedad privada, ya contemplado (y aplicado) en nuestra jurisprudencia. Ignacio Escolar, tan clarividente como siempre los explicaba perfectamente, en La injusticia express de la SGAE: “Hay una familia en Barcelona que lleva más de un año de juicios, sin poder entrar en su casa, porque se fueron de vacaciones y al volver encontraron la cerradura cambiada y a unos ladrones viviendo dentro. Han tenido mala suerte. Si en vez de robarles el piso, les hubiesen quitado un MP3, su problema se habría solucionado en cuatro días.“.
A falta de la lectura del texto definitivo del anteproyecto, esto es lo que hay. Una ley de patada en la Web que, por cierto, en 2002 el portavoz de Ciencia y Tecnología del grupo socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, hoy Ministro del Interior, afirmaba: “El Gobierno no puede aprovechar una ley de comercio electrónico para establecer controles sobre la información“.
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