Fuente: Creative Commons.
Por M. Carmen Lima Díaz – Profesora Titular de Economía Aplicada – Universidad Pablo de Olavide
Tras más de 25 años de negociaciones, el Consejo de la UE ha autorizado la firma del Acuerdo de Asociación entre la UE y Mercosur, un hito sin precedentes entre los dos bloques. El acuerdo responde a la necesidad de reforzar alianzas estratégicas en un contexto de creciente inestabilidad geopolítica, apostando por la consolidación de un marco confiable de cooperación económica frente a la incertidumbre internacional.
El Acuerdo constituye un puente para la liberalización comercial que aplica reducciones arancelarias y abre el acceso a nuevos mercados, concerniendo a sectores como agricultura, automoción, productos farmacéuticos y químicos; y contemplando protecciones en aquellos especialmente sensibles. Asimismo, se facilitan las grandes inversiones empresariales y los servicios digitales y financieros, junto con la participación en procesos de contratación pública. Se abarcan compromisos de gran envergadura, como el desarrollo sostenible y la acción por el clima, la transformación digital, los derechos humanos y laborales, la movilidad, la lucha contra el terrorismo y la gestión de crisis; además de favorecer el diálogo político y la cooperación en foros multilaterales.
Aspectos legales controvertidos
Ante una colaboración de esta dimensión, se han planteado ciertas reservas jurídicas, que podrían articularse en cuatro grandes ejes. En primer lugar, se muestran objeciones sobre la compatibilidad del Acuerdo con los Tratados de la Unión, es decir, con el marco legislativo europeo. En segundo término, surgen dudas sobre la naturaleza de las colaboraciones más allá de la política comercial que es competencia exclusiva de la UE, porque otros acuerdos como los de inversión podrían afectar a parcelas compartidas con los Estados y exigir ratificación por los parlamentos nacionales para su entrada en vigor. En tercer término, los mecanismos de solución de controversias basados en el arbitraje deberían garantizar la autonomía del ordenamiento jurídico europeo. Y, por último, se discute la fuerza de las cláusulas de salvaguardia, para que la apertura comercial no permita eludir la normativa interior en materia ambiental, sanitaria, laboral o de competencia. El Parlamento Europeo, haciéndose eco de estos cuestionamientos legales, ha acudido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que realice su dictamen y mientras tanto, se plantea una fórmula de aplicación provisional del acuerdo en las materias comerciales menos controvertidas.
Tensiones y preocupaciones
Los colectivos agrícolas europeos consideran insuficientes las salvaguardias actuales y alertan sobre los riesgos para sectores como carne de vacuno y aves, azúcar o cítricos. Reclaman mecanismos que protejan a las explotaciones locales frente a productos importados con estándares distintos a los europeos, garantizando precios justos y la viabilidad de pequeñas y medianas explotaciones. Por ejemplo, exigen que la carne de vacuno cumpla criterios de bienestar animal y trazabilidad comparables a los exigidos en la UE, y que los cítricos y el azúcar respeten límites de residuos químicos y prácticas de cultivo sostenibles. Destacan los riesgos para la agricultura tradicional y exigen una vigilancia ambiental rigurosa y el cumplimiento de normas sanitarias y laborales para evitar la competencia desleal. Se advierte, además, sobre los riesgos de deslocalización industrial o pérdida de empleos en determinados sectores. Con este propósito, la UE ha previsto instrumentos financieros de apoyo, y ya ha dotado un fondo de 6.300 millones de euros destinado a amortiguar posibles impactos negativos y facilitar la adaptación de los productores.
Oportunidades estratégicas
Dicho lo anterior, el acuerdo ofrece múltiples oportunidades. Se creará una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con una reducción de aranceles en algo más de un 90% de los intercambios bilaterales, y un mercado de más de 700 millones de consumidores. Ello permitirá que las regiones con conglomerados industriales en sectores consolidados como la automoción o la maquinaria, puedan incrementar notablemente sus exportaciones y su peso en las cadenas de valor globales. Asimismo, determinados puertos y nodos logísticos se perfilarán como plataformas estratégicas en el comercio transatlántico. Además, muchos productores agroalimentarios especializados —como los de aceite de oliva, vino o productos con denominación de origen— podrán acceder a ingentes mercados aún sin explorar.
A modo de conclusión
Más allá de efectos cortoplacistas, y en línea con otras iniciativas de la Unión Europea, como la firmada con la India, el acuerdo requiere un análisis profundo. Su éxito dependerá de combinar apertura económica y resiliencia regional, mediante un marco regulatorio seguro, verificable y transparente; con medidas y cláusulas espejo que protejan a los productores europeos más vulnerables de forma efectiva. Al mismo tiempo, es innegable que la ampliación de mercados podría facilitar vínculos estratégicos que trasciendan lo estrictamente económico. En definitiva, se persigue la configuración de nuevas alianzas y equilibrios en un orden global cada vez más tensionado, contribuyendo a un tablero mundial donde converjan varias fuerzas vertebradoras y no una preponderante. Pero, sin duda alguna, el reto que la UE tiene por delante es asegurar que la marca europea se proyecte sin renunciar a sus principios ni a su papel como referente no sólo en lo económico sino en el compromiso social y ambiental.
“La riqueza de las regiones” constituye un instrumento de comunicación e intercambio de ideas promovido por Asociación Española de Ciencia Regional (AECR). Para más información sobre la actividad de AECR visite su Página Web o síganos en Facebook, Linkedin, Youtube y/o Twitter.
Otros temas aecr.orgel