Por L. Dary Beltrán, PhD – Departamento de Economía – Universidad Loyola Andalucía –ldbeltran@uloyola.es – @ldbeltranj
La desigualdad en España, como en el resto del mundo, se ha convertido en uno de los principales focos del debate público. Aunque las políticas redistributivas existentes han demostrado ser efectivas, su impacto es menor que el observado en la mayoría de los países europeos. En la práctica, la reducción de la desigualdad de renta y de riqueza proviene sobre todo de las prestaciones sociales, pensiones, ayudas y servicios públicos, mientras que el sistema tributario desempeña un papel más limitado. Esta asimetría ha alimentado una crítica recurrente: el modelo fiscal español es menos progresivo que el de otros países de su entorno, lo que puede erosionar la equidad y trasladar una mayor presión relativa sobre las clases medias que sobre las rentas altas.
El problema no es solo distributivo, sino estructural. España arrastra una “falla redistributiva” que tiene implicaciones económicas a largo plazo. Un nivel elevado de desigualdad restringe el acceso de amplios segmentos de la población a una educación de calidad, a la salud y a oportunidades productivas, restringiendo la acumulación de capital humano y la participación en mercados laborales dinámicos. En este contexto, una redistribución eficaz, basada en impuestos progresivos y en transferencias sociales bien diseñadas, puede reequilibrar las oportunidades y ampliar la base de la demanda interna, haciéndola más estable y resistente a los choques externos.
A grandes rasgos, las políticas redistributivas (progresivas) buscan corregir las desigualdades económicas y sociales mediante la transferencia de recursos desde los sectores de mayores ingresos hacia los de menores, así como mediante el gasto en bienes y servicios públicos. Sin embargo, su alcance va más allá de la equidad. Estas políticas desempeñan un papel central en la promoción de un crecimiento sostenido, sólido y estable, especialmente en regiones rezagadas, caracterizadas por una menor productividad y dinamismo. En otras palabras, pueden convertirse en verdaderos motores del crecimiento regional.
Desde una perspectiva macroeconómica, la redistribución contribuye a la convergencia territorial al reducir las brechas entre regiones ricas y pobres. Las teorías de desarrollo territorial y la evidencia empírica coinciden en que, cuando las regiones rezagadas acceden a recursos comparables, en infraestructura, educación o servicios, pueden integrarse con mayor rapidez en las cadenas productivas nacionales e internacionales. De este modo, se rompe la “trampa del bajo desarrollo” y se promueve un crecimiento más equilibrado entre los territorios.
En economías con desigualdades profundas, la redistribución cumple, por tanto, una función estratégica en la política económica: reduce las brechas entre regiones, fortalece la demanda interna y mejora la cohesión social. Estos factores, en conjunto, elevan la productividad regional y favorecen un crecimiento más sostenible.
Pero ¿por qué apostar decididamente por políticas redistributivas? Existen al menos tres razones fundamentales.
La primera es que mejoran la igualdad de oportunidades. El Estado de bienestar facilita el acceso a la educación, la salud y los servicios básicos en regiones de menor desarrollo. La combinación de impuestos progresivos y gasto social reduce las brechas de ingresos y de acceso a bienes esenciales, favoreciendo la movilidad social y disminuyendo las barreras estructurales que frenan a las regiones menos desarrolladas. En ausencia de estos mecanismos, los beneficios del crecimiento tienden a concentrarse en los territorios ya prósperos, lo que amplía las diferencias regionales.
La segunda razón es que estimulan la demanda interna. Los hogares con menores ingresos destinan una mayor proporción de sus recursos al consumo. Cuando su capacidad adquisitiva mejora, se dinamizan las economías locales, se fortalece el tejido productivo y se generan incentivos para la inversión privada, especialmente en zonas con mercados poco diversificados.
La tercera es que refuerzan la cohesión territorial. Al reducir las disparidades de ingresos y productividad entre regiones, la redistribución contribuye a un desarrollo más armónico del territorio, evitando la polarización económica y social que suele traducirse en tensiones políticas y en la pérdida de capital social.
La experiencia internacional es elocuente. En los países avanzados, los sistemas fiscales progresivos, combinados con amplias transferencias sociales, han tenido un impacto significativo en la reducción de la desigualdad antes y después de impuestos. En el conjunto de la OCDE, estas políticas han reducido las brechas que el mercado tiende a generar por sí solo. Los países nórdicos y la política de cohesión de la Unión Europea ilustran cómo una arquitectura institucional basada en impuestos progresivos, servicios públicos universales y programas de desarrollo regional puede reducir las desigualdades sin sacrificar el crecimiento.
Para España, el desafío es claro: fortalecer la capacidad redistributiva progresiva del sistema, no solo por razones de justicia social, sino también como parte de una estrategia de desarrollo regional. Promover la igualdad de oportunidades, reforzar la demanda interna y facilitar la convergencia entre territorios no es un coste para la economía; es una inversión en su futuro.
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