Por Roberto Bande – GAME-IDEGA, USC
El gobierno de España, dentro de un plan de descentralización de la actividad de la administración general del estado, está abriendo convocatorias para la localización de diferentes entes de nueva creación, agencias estatales en diferentes ámbitos, todas ellas fuera de la capital de España. El objetivo declarado es, por un lado, contribuir a racionalizar la ubicación física de las entidades del sector público institucional, y por el otro, incidir en una mayor cohesión social y económica de los territorios que conforman el estado, debido al impacto esperado de la ubicación de estas nuevas agencias en diferentes ciudades. Así, las normas dictadas por el gobierno indican que para la designación de la sede de una nueva agencia deberán tenerse en cuenta aspectos vinculados al impacto socioeconómico de ésta en la ciudad y su entorno, así como las características de partida de la misma, como la estructura de edad, el nivel de desempleo, o el grado de desarrollo esperado de sinergias con los ecosistemas innovadores y empresariales más próximos relacionados con la temática de la agencia. No obstante, estas nuevas agencias requieren también de infraestructuras necesarias para su correcto funcionamiento, como edificios con determinadas características estructurales (salones de actos, aparcamiento, seguridad, etc.) o acceso a medios de comunicación (aeropuertos, tren de alta velocidad, etc.). Cabe preguntarse, pues, hasta qué punto los requisitos exigidos por la legislación permiten que las ciudades puedan competir efectivamente entre ellas por lograr la designación de una de estas sedes.
Tomemos, por ejemplo, la Agencia Espacial Española, que se ha localizado en Sevilla. No cabe ninguna duda de que esta ciudad está más que preparada para acoger la sede de la Agencia: un aeropuerto que permite conexiones internacionales directas o a través de los hubs de Madrid y Barcelona, conexión ferroviaria de alta velocidad, una oferta hotelera fuera de duda en una ciudad tan volcada al turismo… Al mismo tiempo, existe un ecosistema universitario potente y un sector industrial y de servicios que permite crear nuevas oportunidades de colaboración. Todo ello hace dudar de que una ciudad más pequeña, con peores conexiones de transporte y/o con un campus universitario más reducido hubiese podido competir contra esta candidatura. Otro ejemplo es la Agencia Española de Inteligencia Artificial, localizada en A Coruña. De nuevo, la oferta de medios de transporte, hotelera, servicios vinculados, la existencia de un campus universitario volcado en la IA y un ecosistema empresarial innovador han contribuido de forma decisiva en la elección.
En ambos casos, otras ciudades de tamaño más reducido, sin unas conexiones aeroportuarias o ferroviarias tan excelentes, con menor oferta hotelera o un sistema universitario menos relacionado con la temática de la agencia, han sido excluidas. Sin embargo, es muy probable que el impacto socioeconómico en dichas ciudades pequeñas hubiese sido mucho más importante. La dimensión económica de la actividad de las agencias es, en realidad, limitado, y tiene mucho que ver con la creación de puestos de trabajo vinculados a la agencia. Por poner un dato, en la actualidad se está dilucidando la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, con una creación estimada de 360 empleos. El impacto local, por tanto, vendrá dado por el gasto que generarán todas estas personas en el ámbito local, siendo por tanto bastante limitado, especialmente cuanto mayor sea el tamaño de la ciudad. Ciudades más pequeñas se verían más beneficiadas en términos de impacto directo, indirecto e inducido, de la actividad de la nueva sede. Por otra parte, los efectos más a largo plazo estarán relacionados con las sinergias con los ecosistemas innovadores y empresariales del entorno. La existencia previa de un sector industrial innovador y un campus universitario relacionado con la temática parecen condiciones indispensable para poder ser elegida como candidata.

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La consecuencia es que, a pesar de una voluntad declarada de buscar una mayor cohesión territorial, las condiciones exigidas para la elección de la sede excluyen de facto la candidatura de muchas ciudades, especialmente las de la España vaciada, que no pueden competir en términos de dotación de servicios. Al mismo tiempo, elegir grandes ciudades fuera de Madrid puede ahondar en los desequilibrios internos de cada región, contribuyendo a acrecentar las disparidades, concentrando aún más la actividad económica fuera de las ciudades menos dinámicas de las regiones. No parece, por tanto, que esta política descentralizadora vaya a tener un efecto significativo en la cohesión territorial, aunque sí pueda tener retorno en términos políticos o de una mayor presencia del estado fuera de la capital de España.
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