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España, al final de su bienio en el Consejo de Seguridad

España, al final de su bienio en el Consejo de Seguridad
Luis Ayllón el

España concluirá el 31 de diciembre su periodo dos años en el Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente y lo hace después de haber tenido durante el mes de diciembre la Presidencia del organismo, circunstancia que ha aprovechado para sacar adelante varias resoluciones relacionadas con el terrorismo.

No ha sido este último bienio tan convulso como el anterior en el que España formó parte del Consejo. En el periodo 2003-2004 tuvo que afrontar la cuestión de la actuación de Estados Unidos en Irak, y lo hizo singularizándose claramente en apoyo de los planes de George W. Bush. La excelente relación que mantenía José María Aznar con el entonces presidente norteamericano, le llevó a convertirse en su ariete para convencer a otros socios latinoamericanos miembros del Consejo –Chile y México- de que dieran su respaldo a una resolución para actuar en Irak. La gira de Aznar -recibido de uñas en Santiago y en el Distrito Federal mexicano- no pudo ir peor.

Ahora, las cosas han discurrido de manera menos convulsa y España ha podido aprovechar estos 24 meses para adquirir cierto protagonismo en algunos asuntos, sobre todo los relacionados con el terrorismo.

Así, durante la primera presidencia española del Consejo, en octubre de 2015, se aprobó por unanimidad la resolución 2242 para aumentar el papel de la mujer en la prevención y la resolución de conflictos y ampliar su presencia en las operaciones de paz de Naciones Unidas.

Y en esta última, aunque no consiguió sacar adelante, por el veto chino y ruso, una resolución con Egipto y Nueva Zelanda para un alto el fuego en Alepo, sí ha visto prosperar varias resolucionesque tiene que ver con la lucha antiterrorista.

Do de ellas, ya son una realidad. La primera, aprobada el pasado día 12, en presencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, es un texto que lleva el número 2322, y que busca reforzar la cooperación judicial internacional en la lucha contra terrorismo, que incluye la adopción de medidas para eliminar los obstáculos que surgen “cuando, como ocurre con gran frecuencia en el caso de los combatientes terroristas extranjeros, las pruebas esenciales son de carácter electrónico y, por tanto, de aseguramiento y preservación particularmente complicados”.

La segunda, la resolución 2325, vio la luz el día 15, bajo la presidencia del titular de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, y su objetivo es fortalecer la medidas para evitar que las armas de destrucción masiva caigan en manos de terroristas.

Además, este martes, día 20, se debate, bajo la dirección del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, una resolución sobre la trata de seres humanos en situaciones de conflicto, que, entre otras cosas, quiere que a los afectados por estos crímenes se les considere víctimas del terrorismo. Todo apunta a que será aprobada.

De todos modos, la cuestión más candente en el Consejo hasta final de año, en que concluirá la Presidencia de España y su participación en el órgano decisorio de la ONU, será la guerra en Siria y especialmente el enfoque humanitario ante situaciones como la evacuación de Alepo.

 

 

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