La pregunta también podría formularse de otra manera: ¿Hay alguien ahí disponiéndose a aplicar la ley ahora que el Parlamento catalán ya ha desobedecido la orden de suspensión del Constitucional con la aprobación de la Comisión de control de la consulta del 9 de noviembre?
O también: ¿Cuándo comenzará a aplicarse la ley a los desobedientes si el Gobierno catalán mantiene sus llamadas a la ilegalidad a través de sus mensajes y a través de su página web?
Ayer publiqué en ABC papel un artículo titulado “No basta con la ley”, para señalar que un conflicto político como el planteado requiere de una fuerte legitimidad para aplicar la ley y que tal legitimidad se obtiene con el discurso y con la movilización. Con más discurso por parte del Gobierno y con otro discurso por parte de la oposición.
Ahora bien, lo anterior es necesario además de aplicar la ley. Y nos encontramos en ese delicado momento en el que las instituciones deben aplicar la ley, sin más dilaciones y sin miedo. Y comienzan a transmitir la inquietante sensación de que tienen temor a aplicarla.
Es un buen momento para que el nuevo ministro de Justicia, por ejemplo, explique cuáles serán los pasos, quién los va a dar y cuándo se van a dar. Porque los secesionistas catalanes han dado los pasos de la desobediencia. Y la sociedad espera una respuesta.
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