¿Pudiera ser Copely una organización criminal?

Publicado por el feb 26, 2016

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La corrupción invade las páginas de los diarios y las escaletas de los telediarios. El Informe de Interior sobre actuaciones contra el delito detecta más de un millar de investigaciones el pasado año (y los anteriores) con la corrupción como causa. La sociedad española no figura entre las más corruptas en las encuestas pero la política española, especialmente en algunas administraciones (Cataluña, Andalucía, Madrid, Valencia) y en lo que tiene que ver con contratos de obra o servicios públicos, apesta a irregularidad y delito.
Desde hace algunos meses en varios documentos oficiales de los casos sometidos a investigación se puede leer el calificativo de “organización criminal” aplicado a personas y tramas implicados. La familia Pujol puede tener ese carácter, también lo que hay en las tramas de Gurtel, Púnica… Una “organización criminal” desborda comportamientos individuales delictivos, ya que supone reiteración, premeditación, incitación al delito.
En énfasis se coloca en los funcionarios o políticos implicados y bastante menos en la otra parte, ya que los casos de corrupción siempre tienen, al menos, dos partes, la corruptora y la corrompida, con responsabilidades penales que sin ser las mismas se parecen. Sin corruptores no hay corrompidos.
Un caso singular es el de la multinacional francesa Copely (filial de una empresa pública francesa, GDF Suez, que figura entre las más importantes del mundo). Dedicada a la “eficiencia energética y al medioambiente” Copely actúa en 40 países con casi 100.000 empleados y más de mil quinientos millones € de facturación. En España trabaja desde hace décadas con 2.500 empleados y centenares de clientes, sobre todo del sector público.
Los casos en los que aparece Copely como actor de irregularidades son numerosos, tanto como para pensar que pudiera formar una “organización criminal”. El año 2014 Copely retiró su confianza a cuatro empleados y relevó a su director general; además emitió una nota de disculpas. Y punto. ¿Son suficientes esas explicaciones? ¿Puede el Estado español tolerar un comportamiento tan irregular de una empresa pública francesa sin pedir explicaciones al país vecino y amigo? ¿Puede seguir contratando o manteniendo contratos una compañía tan sospechosa? ¿Puede el gobierno español sostener que hace todo lo que puede contra la corrupción con casos como éste? ¿Debería alguien pedir información y detalle en alguno de los parlamentos regionales o en el Congreso?

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