El PSOE y la reforma laboral del 2012

Publicado por el nov 5, 2015

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La reforma laboral de marzo de 2012 es una de las leyes estrella del actual gobierno; una ley trabajada, muy debatida internamente, un tanto forzada por la exigencias de organismos internacionales y el riesgo de “rescate”; una ley en la que el presidente Rajoy se implicó directamente, especialmente en su recta final, cerrada quizá con cierto apresuramiento en la técnica legislativa que dejó ambigüedades que han llevado a que los tribunales resten eficacia a los objetivos d ela ley.
Fue una ley de partido, del PP con mayoría absoluta, que no consensuó con nadie, ni siquiera con la patronal (manifiestamente favorable a la ley por el poder que devolvía al empresario), y que figura en la lista de revisiones inmediatas que proponen varios partidos si alcanzan el poder.
El caso del PSOE es especialmente significativo por su ambigüedad; ha dicho lo mismo y lo contrario por las mismas bocas. En los mítines, en las declaraciones gruesas promete una derogación de la ley en cuanto cuente con poder suficiente para ello. Luego en la conversación serena, con los que conocen las entretelas del problema, la posición es mucho más matizada. Saben que derogar la ley a palo seco tendría consecuencias negativas en la credibilidad internacional.
La revisión que propone el PSOE es abierta, depende de las partes, deben ser las fuerzas sociales, empleadores y empleados, patronales y sindicatos las que propongan la reforma. Un brindis al sol, en el PSOE saben que cuantas veces intentaron esa mediación no se llegó a nada, el hábito del consenso social está oxidado. Mientras la ley seguirá vigente.
Los socialistas añaden que se proponen revisar a fondo el Estatuto de los Trabajadores, una norma de mucho calado, de las de mayor cuantía, d esas que se reforman a poquitos, con actualizaciones parciales., La aventura d un nuevo estatuto tienen muchas posibilidades de extravío, de fracaso a mitad de camino. Los socialistas están atrapados en la promesa de derogar la reforma (brocha gorda) y la finura de alborotar en asuntos demasiado sensibles. Aumentar ahora las indemnizaciones por despido, volver a los 45 días y a plazos más amplios, parece poco viable, añadir cargas y obstáculos a la contratación; peor remedio que la enfermedad.

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