CC.AA. Y SERVICIOS SOCIALES

CC.AA. Y SERVICIOS SOCIALES

Publicado por el 26/02/2018

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Por José Villaverde Castro – Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico – Universidad de Cantabria

 

La crisis económica ha traído consigo numerosas transformaciones, algunas positivas y otras negativas. Entre estas últimas, quizás una de las más relevantes sea el adelgazamiento del estado de bienestar, adelgazamiento que, según un reciente estudio del IVIE, se ha producido básicamente en el ámbito de las autonomías. De forma más específica, el estudio evidencia que el gasto real per cápita de las comunidades autónomas en sanidad, educación, y servicios sociales descendió un 15% entre los años 2009 y 2015; la administración central (incluida la Seguridad Social) elevó, por el contrario, su volumen de gasto, compensando así el descenso autonómico mencionado.

¿Por qué se ha producido este comportamiento tan desigual entre administraciones? Pues, en esencia, por dos motivos vinculados entre sí: por las competencias a las que cada administración tiene que hacer frente y por la financiación con la que cuentan para tal cometido.

En el ámbito de las competencias, es sabido que la educación, la sanidad y la inmensa mayoría de los servicios sociales (como la dependencia) han sido transferidos a las comunidades autónomas; la administración central, por el contrario, ha mantenido algunos otros entre los que sobresalen las prestaciones por jubilación y el seguro de desempleo. Teniendo en cuenta el envejecimiento creciente de nuestra sociedad y el aumento espectacular del desempleo durante los años arriba mencionados, no sorprende que el gasto social en este terreno haya crecido de forma significativa y que se haya tenido que financiar incluso metiendo la mano en la “hucha” de la Seguridad Social. Para ser sincero, tampoco sorprende la disminución del gasto social de las administraciones autonómicas, sobre todo si consideramos los esfuerzos de ajuste presupuestario a que se ha visto sometido el conjunto de las administraciones públicas.

Lo que sí llama la atención, sin embargo, es que la mayor parte de este ajuste haya recaído sobre las comunidades autónomas y que, por lo tanto, las mismas se hayan encontrado con una clara insuficiencia financiera para hacer frente a las necesidades de gasto que conlleva la prestación de los servicios públicos fundamentales arriba mencionados. Esto, además de suponer una falta de previsión difícil de entender, pone de manifiesto, de forma clara y evidente, que el reparto de la carga del ajuste presupuestario ha sido desigual y muy favorable a la administración central. No es de extrañar, por lo tanto, que muchas comunidades autónomas se hayan visto inmersas en graves problemas para intentar cumplir con los objetivos de déficit establecidos, y ello pese al tijeretazo dado a los servicios públicos fundamentales.

El ajuste a la baja se ha producido en todas las comunidades autónomas, y de forma más o menos parecida entre las forales y las de régimen común. En lo que difieren unas de otras es en que, pese a los recortes, el gasto público per cápita en los servicios mencionados ha sido y es bastante mayor (aproximadamente un 33%) en las primeras que en las segundas.

Si bien es cierto que las diferencias entre comunidades forales y de régimen común se deben, en esencia, a los distintos sistemas de financiación (las forales han contado siempre con más recursos), las diferencias entre las comunidades de régimen común se deben, sobre todo, a la mayor o menor preocupación de los correspondientes ejecutivos por la prestación de los servicios básicos fundamentales.

De lo expuesto se deduce que, con independencia de la mayor o menor sensibilidad social de los gobiernos autonómicos, el actual sistema de financiación no suministra los recursos suficientes para que los mismos puedan financiar las competencias que tienen transferidas. Por ello, si, tal y como nos recordaba recientemente Peter H. Lindert, el gasto en sanidad y educación es el que hace a los ciudadanos más productivos, parece que la reforma del sistema de financiación autonómica debería ser una prioridad absoluta. ¿Habrá acuerdo político para llevarla a buen puerto? Se admiten apuestas.

 

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