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Unión Europea-Estados Unidos: Hacia un tratado de libre comercio

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Por: José Villaverde Castro. Catedrático de Fundamentos de Análisis Económico. Universidad de Cantabria.

Considerados como un todo, la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos (EEUU) representan, aproximadamente, el 50% del PIB mundial y un tercio del comercio internacional. Las relaciones comerciales y financieras entre ambas potencias son, asimismo, muy intensas, hasta el punto de que en la actualidad puede decirse que, respectivamente, el uno constituye para el otro su principal socio comercial.

Pese a la intensidad de las relaciones, no deja de ser cierto que hay algunos aspectos que lastran las mismas. Me refiero, sobre todo, a las barreras arancelarias y, muy en particular, a las no arancelarias. Teniendo en cuenta que la evolución económica de ambos bloques en los últimos años ha sido bastante deprimente, bien que más en la UE que en los EEUU, no es de extrañar que en los dos lados del Atlántico se haya considerado que el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ellos –mediante la firma de un tratado de libre comercio que reduzca las barreras aun existentes- podría ser muy positivo para el relanzamiento económico de las dos zonas.

El tratado en cuestión no es, de momento, más que una propuesta de mayor liberalización del comercio (y la inversión) entre ambas partes, y, como tal, cuenta ya con defensores y detractores acérrimos. Los que en el lado europeo se sitúan en contra del tratado sostienen que la puesta en marcha del mismo sólo beneficiaría a las grandes corporaciones internacionales, que es profundamente antidemocrático, y que constituye una amenaza para numerosos puestos de trabajo y hasta para nuestro estilo de vida.

Sin negar que el tratado pueda acarrear algunos efectos negativos (en economía es prácticamente imposible que una medida beneficie equitativamente a todo el mundo), la perspectiva anterior nos parece claramente exagerada y en línea con las visiones apocalípticas que algunos colectivos tienen en relación con cualquier movimiento liberalizador. Por formación y convencimiento soy de los que creo que este tipo de movimientos suele acarrear resultados globales positivos, bien que, con frecuencia, necesitados de retoques que mejoren su distribución.

Entre los defensores del tratado por el lado del viejo continente, uno de los más activos es la Comisión Europea, ya que, como apuntábamos antes, considera que el mismo podría ser un buen revulsivo para la economía. La mayoría de los (escasos) estudios realizados al respecto consideran que la aplicación del tratado provocaría mejoras en materia de PIB, flujos comerciales y salarios reales. Consideran, asimismo, que éstas no serían demasiado sustanciales y que dependerían, principalmente, de la intensidad de los acuerdos en materia de reducción de barreras no arancelarias, ya que las barreras arancelarias son, en la actualidad y como norma, bastante bajas. Por ejemplo, se estima que, en el medio-largo plazo, el PIB y los salarios reales de la UE podrían crecer entre el 0,3 y el 1,3%, y que las exportaciones europeas podrían aumentar entre el 5 y el 10%. Estas cifras, evidentemente, no son nada despreciables, pero tampoco son como para lanzar cohetes.

Sin llegar a la visión apocalíptica arriba apuntada, también hay que señalar que algunos de los estudios más relevantes reconocen que los cambios regulatorios que implicaría la aplicación del tratado podrían tener consecuencias negativas. Siendo algo más precisos, estiman que podrían acarrear costes sociales importantes (en forma de más desempleo, amenazas medioambientales y sanitarias, …), pérdidas de recaudación fiscal, desviación de comercio (en contra de los países menos desarrollados), reducción del comercio intracomunitario y, posiblemente, ampliación de las disparidades regionales.

¿Dónde nos deja todo esto? Pues, como ocurre a menudo, en que nada es absolutamente blanco o negro, sino que es gris y, aun así, con muchos matices. Desde mi punto de vista, la cuestión del tratado de libre comercio UE-EEUU está todavía muy verde como para que podamos pronunciarnos definitivamente sobre su bondad. En este sentido, me parece que es absolutamente necesario un debate a fondo sobre la misma, lo cual requiere –si es que de verdad queremos tener elementos de juicio y no actuar, como casi siempre, a base de “pre-juicios”- que se elaboren muchos más estudios (incluso a nivel nacional y, sobre todo, regional) sobre los potenciales efectos a corto, medio y largo plazo de la firma y puesta en marcha del tratado. Que sepamos, nada o muy poco de esto se ha hecho.

En cualquier caso y si, pese a los interrogantes que todavía existen, el tratado llega a firmarse y activarse, creemos que éste debería venir acompañado –al menos desde el lado europeo- de otras medidas de política económica (convenientemente evaluadas en su coste) encaminadas a lograr una equitativa distribución de sus costes y beneficios, tanto a nivel sectorial como personal y regional, ya que ni todos los sectores, ni todos los ciudadanos, ni todas las regiones se van a ver afectados de la misma manera.

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