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Blogs Puentes de Palabras por José Manuel Otero Lastres

Pedro Sánchez pretende ejercer de nuevo director de la Real Academia Española

José Manuel Otero Lastres el

A pesar de que Darío Villanueva viene ejerciendo con ejemplar dedicación y notable éxito la Real Academia Española de la lengua, desde que Pedro Sánchez ha llegado a la presidencia del Gobierno está ocupando su puesto de facto al alterar los significados de algunas palabras que creíamos conocer la generalidad de los ciudadanos.

En efecto, todos le oímos decir que había que “regenerar” la democracia en Radio Televisión Española. Y cuando creíamos que de lo que se trataba era de restablecer o mejorar algo que había degenerado, resulta que lo que perseguía era “purgar” a los profesionales que no obedecían ciegamente las directrices del “social-podemismo”. Para ello, utilizó de nuevo su conocida técnica de la “política-estética” (la del gobierno bonito) y nombró administradora del Ente Pública a una conocida presentadora del pasado, la cual viene dedicándose desde entonces a depurar a los compañeros con criterio propio que no estaban dispuestos a ingresar en el rebaño de los obedientes.

Otro de los significados que modificó Pedro Sánchez es el del amparo judicial. Como es sabido, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, ejemplar instructor de la causa contra los independentistas catalanes, fue demandado en Bélgica por Puigdemont y sus secuaces con el fin de obstruir el regular funcionamiento del indicado proceso. Ante esta actuación en fraude de ley, el mencionado Magistrado solicitó amparo ante el Consejo General del Poder Judicial por entender que se trataba de un ataque planificado a su “independencia”. Y así lo entendieron no solo el citado CGPJ sino también la casi generalidad de las asociaciones de jueces y fiscales.

Pues bien, “reconstruyendo” nuevamente el significado del término “amparo”, Sánchez consideró que el Estado español no tenía que proteger y defender al titular de un órgano que administra la justicia que emana del pueblo español (artículo 117.1 CE), porque “no debía inmiscuirse en un acto privado”. Al parecer el gobierno entiende que la demanda de los golpistas catalanes es privada porque se refiere a manifestaciones efectuadas por el magistrado del TS. Cuando lo cierto es que tales afirmaciones del juez Llarena constan en resoluciones judiciales por lo que fueron pronunciados en el ejercicio de su actividad jurisdiccional; es decir, cumpliendo la función que asigna el citado artículo 117 a los Tribunales. El nuevo director de facto la RAE prefiere que las asociaciones de jueces y fiscales lo acusen de “dejación de funciones” antes que cabrear a los independentistas que le están permitiendo disfrutar como un loco (p.e. utilizar avión oficial para un concierto) de la presidencia del gobierno de la Nación.

Un último ejemplo es la nueva acepción del término “urgencia”. Hasta hora urgencia significaba calidad de urgente y urgente, lo que apremia, lo que exige una rápida ejecución. Pues bien, el taumatúrgico Sánchez ha conseguido que pase por ser urgente en la vida política española actual, la cuestión de desenterrar los restos cadavéricos de Franco que falleció el 20 de noviembre de 1975. Y es que los decretos son actos jurídicos del Gobierno que requieren urgencia y hoy, 43 años después de su entierro, es apremiante para España resolver el gravísimo problema del lugar en el que está enterrado Franco.

Confío en que nuestra oposición política no entre al trapo del engaño de Sánchez con el franquismo y que le exija, por ejemplo, que responda solemnemente ante en el Congreso de los Diputados o el Senado si pretende reformar la Constitución y, en caso de respuesta afirmativa, si va a seguir manteniendo la soberanía nacional en el conjunto del pueblo español o va a autorizar los referéndums de autodeterminación. La respuesta a esta cuestión aclararía de una vez por todas hasta que punto está comprometido Sánchez con los independentistas.

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