El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó durante la rueda de prensa ofrecida en Bruselas al término del Consejo Europeo de la semana pasada que España necesita “abrir un debate sobre la fiscalidad pública”; y sostuvo que para tener “un Estado de bienestar de primera” habría que subir los impuestos. Hablemos, pues, sobre fiscalidad pública y sobre el mantenimiento del Estado del bienestar de primera.
Hay un precepto en nuestra Constitución que dice que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Y hay otro que establece que todos estamos obligados al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica mediante un sistema tributario justo.
De ambos preceptos se desprende que, aunque la riqueza del país es de los que residimos en España, todos tenemos que destinar una parte de nuestros recursos al sostenimiento de los gastos del Estado. El sistema democrático determina también que corresponde a los políticos administrar los recursos aportados de acuerdo con criterios de eficiencia (utilizar lo mejor posible los recursos disponibles) y economía (con el mayor ahorro).
A la hora de diseñar el sistema del sostenimiento de los gastos públicos o, dicho de otro modo, nuestra fiscalidad, hay políticos, como acaba de proponer el señor Sánchez, que consideran que si se necesitan más fondos la solución es que los ciudadanos aumentemos los recursos que aportamos al Estado. Desde luego, la propuesta no puede ser más fácil: no importa lo que gaste el Estado, ya que lo que se necesite lo tiene que poner el pueblo.
La Constitución no dice, sin embargo, que el funcionamiento del sistema se haga depender exclusivamente de la capacidad económica de los contribuyentes. Impone también una importante obligación a nuestros políticos administrar con «eficiencia y economía». Lo cual supone, por ejemplo, asignar mejor los recursos de los ciudadanos y obtener con ellos la máxima rentabilidad social.
Sánchez, sin embargo, opta por lo fácil: quiere pedirnos más. No piensa en recortar gastos innecesarios y reasignar mejor los recursos. Con lo cual, lejos de corregir la ineficiencia –administrar mejor los recursos-, opta por imponer a los ciudadanos la aportación de nuevos bienes adicionales para seguir despilfarrándolos. Y, por supuesto, todo a costa de los paganos, que somos los ciudadanos.
Si no es discutible que el Estado del Bienestar de primera en el que estamos se puede mantener ya sea administrando mejor los recursos existentes, ya aumentando los impuestos, ¿por qué no intenta por una vez el señor Sánchez demostrarnos lo bueno que se cree que es aplicando sus supuestos conocimientos de economía (“ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales, mediante el empleo de bienes escasos”, acepción 3ª según el diccionario de la RAE), para eliminar gastos innecesarios (que hay muchísimos) y utilizar los recursos liberados en sostener el Estado del Bienestar? ¿O es que lo único que aprendió en su brillante carrara es que para tapar el despilfarro hay que subir los impuestos?
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