A veces el afán por simplificar mediáticamente las cosas conduce a planteamientos desacertados. Un ejemplo claro de lo que digo lo tenemos en el conflicto suscitado con ocasión del recurso planteado por el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional respecto de la propuesta del presidente del Parlament para que Puigdemont intente la investidura como presidente de Cataluña. Muchos medios entendieron que se trataba de un pulso entre el ejecutivo de Mariano Rajoy y los sediciosos, cuando lo cierto es que lo que se puso realmente en juego fue la aplicación de la Constitución.
Los sediciosos, seguramente para mantener vivo el moribundo espíritu de los menos hooligans de sus seguidores, no ha cesado en la estrategia de la verborrea provocadora del permanente incumplimiento de la Constitución. Y así, inasequibles al desaliento, han ido anunciando las distintas posibilidades que tendría el prófugo Puigdemont de lograr la investidura, como la de la investidura por delegación o la telemática.
Pues bien, como quiera que el nuevo presidente del Parlament propuso a Puigdemont como candidato a la investidura sin determinar si tenía o no que estar presente, y que de todos es conocida la adición incumplidora de nuestra Ley de Leyes por parte de los independentistas, el Gobierno de la Nación asumiendo sin ambages su misión de hacer cumplir la Constitución, recurrió ante el TC dicha resolución de propuesta del candidato a presidente del Govern.
La cuestión de si esta resolución era recurrible o no era discutible. Hasta el punto de que el Consejo de Estado entendió que todavía no era el momento de presentar el recurso ante el TC, a pesar de lo cual el Gobierno de la Nación, entendiendo que era a él a quien correspondía apreciar las razones de “oportunidad”, presentó el recurso.
Y he aquí que el TC en cumplimiento de su indeclinable misión de defender la Constitución dictó una resolución que disipa cualquier duda sobre cómo debe ser el acto de investidura del próximo presidente de Cataluña. Y así, se impide cualquier investidura que no sea la presencial; esto es, tiene que asistir personalmente al Parlament el candidato a la investidura. También se impide que pueda asistir el candidato Puigdemont sin que ingresa antes en prisión y el juez encargado de la instrucción se lo autorice expresamente. Se prohíbe asimimso el voto delegado de los parlamentarios huidos y se apercibe al presidente del Parlament y a la mesa de que si no cumplen esta previsiones podrán incurrir en responsabilidad penal. Y, finalmente, y con esto se cierra cualquier resquicio a la tentación de seguir interpretando su show mediático, se declara nulo cualquier acto que vulnere las anteriores determinaciones.
No sé si eso era lo que buscaba el Gobierno, o si era algo más o algo menos, pero lo que sí puedo afirmar es que me siento orgulloso del Tribunal Constitucional por haber cumplido escrupulosamente su misión de defender la Constitución. Hoy ha amanecido con un indiscutible y brillante triunfo de quien tenía que ganar: la Constitución, lo cual supone, lógicamente, que los perdedores hayan sido los de siempre: los histriónicos sediciosos.
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