La independencia atenta gravemente contra el interés general

Publicado por el Oct 17, 2017

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Hay dos hechos llevados a cabo por una Comunidad Autónoma que ponen en marcha la aplicación del ya famoso artículo 155 de la Constitución: que no cumpliere las obligaciones que le imponen la Carta Magna u otras leyes o que atentare gravemente al interés general de España. La Generalidad de Cataluña incurre en ambos actos que sirven de presupuesto al artículo 155. Sobre el incumplimiento de la Constitución, del Estatuto de Cataluña y otras leyes no hay duda alguna. En las líneas que siguen, voy a detenerme en los datos que ponen de relieve que se está produciendo una grave atentado al interés general del España.

Tres son los puntos que acreditan que la contumaz persistencia en el proceso secesionista afecta gravemente a la riqueza del país, que, como señala el artículo 128 de la Constitución, está subordinada “al interés general”.

El primero es el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), esto es, el valor de todos los bienes y servicios que obtiene la economía española en un año. Antes de la crisis independentista de Cataluña, la previsión de crecimiento del PIB para el año 2018 se situaba en el 2,6 por ciento, mientras que ahora como consecuencia del impacto del secesionismo se rebaja en 3 décimas, situándose en el 2,3 por cien.

El segundo aspecto al que afecta la deriva secesionista tiene que ver con nuestro nivel de endeudamiento. La crisis de Cataluña afecta a la deuda española en una doble medida. Por un lado, hace que suba la otrora famosa prima de riesgo que llegó a situarse el 10 de octubre en 123 mientras que, por ejemplo, en la primera decena de agosto de este año estaba por debajo de los 100 puntos. Y, por otro, como ha advertido alguna agencia de calificación internacional, la escalada de tensiones entre el gobierno de la Generalidad y el Gobierno de España está produciendo un impacto negativo para nuestro crédito.

Y el tercer y último ámbito en el que está afectando el secesionismo es en las previsiones sobre el empleo. Es evidente que si las tensiones secesionistas empeoran nuestra situación económica tienen que afectar por fuerza a nuestras cifras de desempleo. Los datos del pasado mes de septiembre revelan que el desempleo creció en Cataluña en 10.072 personas, convirtiéndose en la segunda Autonomía, por detrás de Andalucía, en la que más aumentó el paro.

Pues bien, si el desafío independentista rebaja la previsión de crecimiento, aumenta las dificultades de financiación y obstaculiza la disminución del paro, no es dudoso afirmar que la conducta del gobierno de la Generalidad está atentando contra el interés general de España y, en consecuencia, justifican que el Gobierno de la Nación ponga en marcha el artículo 155 de la Constitución.

Por lo tanto, la Generalidad incurre en los dos comportamientos que justifican la aplicación de esta norma constitucional. No solo, como es evidente, el incumplimiento de la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, sino también la afectación grave del interés general de España.

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