¿Jueces políticos o políticos jueces?

Publicado por el Apr 19, 2017

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Según su primera acepción gramatical, se entiende por “juez” la “persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar”. Y, de acuerdo con nuestra Constitución, los jueces y magistrados administran la justicia que emana del pueblo, integran el poder judicial, y son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

Pues bien, si los jueces, como dice nuestra Ley de Leyes, solo están sometidos al imperio de la ley -que es, como dice el Preámbulo de la Constitución, “expresión de la voluntad popular”-, ¿pueden cumplir pulcramente la función de “administrar justicia” cuando actúan movidos por otras circunstancias, como por ejemplo, la ideología política? La cuestión es pertinente porque la voluntad popular está implícita en la ley y la garantía democrática es que se aplique la ley sin otras adherencias incontrolables. Los medios de comunicación parecen darlo por supuesto.

Sin ir más lejos, del Tribunal que acaba de citar como testigo a Mariano Rajoy en el caso Gürtel la prensa señala que el Presidente de la Sala, Ángel Hurtado, “se sitúa en la esfera conservadora”, José Ricardo Prada, “es conocido por sus ideas progresistas” ,y el tercer miembro, Julio de Diego, “es el más enigmático de los tres”, porque, aunque parece ser de tendencia conservadora, está alineándose últimamente en dicho proceso con el magistrado De Prada.

Es evidente que cuando se atribuye a un juez la condición de progresista o la de conservador lo que se está es aludiendo a su ideología personal, al grupo político al que debe su puesto, o a ambas cosas a la vez, porque suelen ir unidas. Pero con ser estos datos relevantes desde el punto de vista personal, deberían carecer por completo de importancia a la hora de ejercer su noble y elevada función de juzgar y hacer cumplir lo juzgado.

Los jueces tienen que aplicar la ley de acuerdo con lo que ha resultado probado y dejando por completo al margen la más mínima brizna de arbitrariedad. Por eso, aunque la ideología personal pueda influir en su modo de ver la vida y, por ende, en su manera de entender la justicia, en ningún momento los debe apartar de lo que es la estricta aplicación de la ley. Esta es una garantía que consagra el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva: los ciudadanos tenemos derecho a una sentencia fundada en derecho, suficientemente razonada y motivada, desprovista por completo de arbitrariedad y que no genere indefensión.

A pesar de lo que antecede, viene siendo tan intensa la influencia de la política en la justicia desde el comienzo mismo de nuestra reciente democracia, que lo que más parece interesar de un juez a los informadores es si es progresista o conservador, que no son calificativos profesionales, sino políticos. Lo cual, bien mirado, acaba por deformar grotescamente la figura del juzgador: no importa si tiene una gran formación jurídica, si su nivel ético es excelso, si no es influenciable por circunstancias ajenas al caso, si atina cada vez que sentencia porque aplica impecablemente la ley, lo relevante es su pensamiento político y, sobre todo, la permeabilidad de su ideología en la aplicación de la ley.

Llevo en el mundo del Derecho desde hace muchos años y aunque me resisto a aceptarlo, sin duda en un exceso de inocencia, todavía no tengo muy claro si ciertos jueces que intervienen en asuntos de trascendencia política son jueces con veleidades políticas o verdaderos políticos “aparcados” transitoriamente en el poder judicial.   

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