Desde hace algún tiempo viene planteándose como tema de debate la limitación de mandatos en todas las instituciones políticas a las que se accede por elección democrática. En nuestros días, la limitación es uno de los puntos programáticos que defiende Ciudadanos y que ha pactado con el PP para permitir la investidura de Mariano Rajoy. Y ante el manifestado deseo del presidente del Gobierno de continuar como candidato de su partido, al menos en las próximas elecciones, han surgido dudas sobre si el pacto tiene efectos retroactivos y, consiguientemente, Mariano Rajoy está constreñido o no por el mencionado pacto.
En contra de la limitación, se suele aducir que no tiene sentido desperdiciar el talento de los que lo hacen bien; que cuanto mayor sea el tiempo en el cargo, más experiencia y menos posibilidad de cometer errores; y hasta se llega a hablar de la posible dificultad de encontrar candidatos en los lugares con pocos electores y elegibles. A favor de la limitación, se alega que se impiden los regímenes personales en el ejercicio del poder; que produce la deseable renovación de equipos con la consiguiente dificultad de consolidación de grupos de interés en los partidos; y que se impulsa la participación en las instituciones de personas venidas desde otros ámbitos ajenos a la política.
En los primeros años de nuestra reciente democracia, pesaron más los argumentos en contra que a favor de la limitación de mandatos, toda vez que en el sistema político instaurado entonces no se acogió esta medida. Y es que si volvemos la vista atrás y nos ponemos de nuevo en aquellos ilusionantes momentos, se comprueba que no fueron pocos los grandes talentos que acudieron a la llamada de la política; y que, a pesar de ello, se consideró conveniente no limitar los mandatos para que fueran adquiriendo paulatinamente experiencia de gobierno en las instituciones.
Pero tengo para mí que en los momentos actuales no son pocos los que estarían a favor de una limitación (por ejemplo de 8 años) de los mandatos políticos en todas las instituciones. Y ello, porque, a poco que se observe la realidad, se ve con claridad que hoy los partidos políticos se han convertido en círculos cerrados en los que solo se promocionan los que proceden de sus bases juveniles, con el empobrecimiento que supone la homogeneidad de su formación. Todo lo cual ha desembocado en una imparable e indeseable profesionalización de la política. De tal suerte que hoy la política parece, para los que desean dedicarse a ella, más un modo duradero de ganarse la vida, que la prestación ocasional –por tanto de entrada y salida- de un servicio en beneficio del interés de la generalidad.
Racionalmente, parece que los argumentos a favor de la limitación tienen más peso que los que hay en contra. Y el principal de ellos es, a mi juicio, el de la “entrada de aire fresco” que traería la constante renovación de los cargos políticos.
Sin embargo, si se miran las cosas con más atención y se tiene en cuenta que la decisión final de mantener a los políticos en sus cargos depende de los electores, lo que acaba determinando si continúa o no en su puesto es el modo en que perciben los ciudadanos el modo en que ha desempeñado su cargo el correspondiente político. Lo cual supone trasladar el tiempo de permanencia de un político en su cargo no a la fría letra de la ley, sino a la voluntad del pueblo soberano.
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