ha Aunque puedan caernos más o menos pesados, es indiscutible que los estrategas del secesionismo catalán no son tontos. Cometeríamos un gran error si creyéramos que no se enteran de que están incumpliendo flagrante y reiteradamente la Constitución. Lo saben perfectamente y no necesitan en absoluto que les recordemos que en nuestra legislación vigente no hay más soberanía que la nacional de todo el pueblo español. Por eso, su deriva hacia la declaración unilateral de independencia, llegada al punto en el que está, solo puede entenderse como un desafío: están retando públicamente al Gobierno español.
Pero ¿qué es lo que buscan realmente en el momento actual los independentistas catalanes? ¿Por qué, en lugar de detenerse o dar marcha atrás, siguen adelante imperturbables en una vía que saben perfectamente que no los va a conducir en modo alguno a su anhelada independencia? La respuesta requiere una referencia, aunque sea mínima, a las circunstancias que parecen haberlos llevado a la situación de “desobediencia judicial” en la que se encuentran.
El nacionalismo catalán siempre existirá. Podrá gozar de mayor o menor apoyo ciudadano, pero nunca desaparecerá, porque, como todo problema de sentimientos, es, en sí mismo, un problema irresoluble. Puestas así las cosas, deberíamos acostumbrarnos a convivir con problemas, como éste, que no tienen solución, ya que saber que no la tienen es tener resuelto el problema. Al menos en el sentido de que es inútil cualquier intento por encontrar una solución. Es como el que nace bajo. Tendrá que acostumbrarse a vivir con su propia altura y no intentar el imposible de crecer muchos más centímetros.
Pues bien, los propios secesionistas explican la actual “larga marcha” hacia el Estado catalán de “nunca jamás” por la supuesta afrenta que supuso para Cataluña que el Tribunal Constitucional eliminara del nuevo Estatut las normas inconstitucionales que contenía.
Desde entonces hasta hoy, con un protagonismo creciente de Esquerra Republicana, la ayuda “suicida” de la antigua Convergencia (la cual hasta ha tenido que cambiar de nombre y hoy es el Partido Demócrata Europeo Catalán, PDeCAT) y la de ciertos partidos independentistas de origen antisistema, los secesionistas catalanes están defendiendo la fantasiosa tesis de que han recibido un mandato del pueblo de Cataluña para que por la vía, incruenta pero claramente anticonstitucional, de la “rebelión jurídica” (leyes propias y desobediencia al Tribunal Constitucional) desconecten a Cataluña del Estado español.
La muestra más reciente de esta rebelión jurídica la ha protagonizado Homs, portavoz de PDeCAT en el congreso, que, al enterarse de que el fiscal solicitaba una pena de inhabilitación para cargo público de nueve años, declaró que sentía “asco” del sistema y advirtió de que, a pesar de que pretendan inhabilitarle, él “no se irá” de la política “porque lo diga un tribunal, la Fiscalía o el Gobierno del PP”.
Pues bien, la explicación más plausible sobre la permanente provocación que están manteniendo actualmente los dirigentes catalanes secesionistas es que una vez que han iniciado el paso en falso de la “desconexión unilateral” la única salida airosa que les queda es provocar al gobierno central hasta que inicie la vía del artículo 155 de la Constitución y suspenda a autonomía de Cataluña, como ya sucedió en 1934 en la época de Lluis Companys.
Creen que de ser ese el caso, ellos salvarían su pellejo político en Cataluña y aumentaría con seguridad el número de catalanes que optase por la secesión. Y con eso por ahora les bastaría hasta que la historia les depare la posibilidad un nuevo envite. Por tal razón, me atrevo a sugerir a los muchos españoles que reclaman la inmediata suspensión de la autonomía de Cataluña que tengan paciencia y dejen en manos del Gobierno central, que es el que tiene toda la información, que diseñe la estrategia más conveniente, con la mayor implicación posible de los demás partidos constitucionalistas, para responder adecuada y eficazmente al desafío secesionista.
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