En su frenética actividad por conseguir votos a toda costa para lograr el ansiado adelantamiento al PSOE, Pablo Iglesias acaba de declarar que está a favor de reconocer los derechos nacionales de Cataluña.
Esta sorprendente aseveración pudo deberse a tres posibles razones. La primera es que, dada su ignorancia en temas jurídicos, el líder de Unidos Podemos no supiera el verdadero alcance de lo que dijo. La segunda es que haya sido un simple brindis al sol; esto es, una afirmación que realizó Pablo Iglesias para obtener un beneficio electoral, sabiendo que será inviable o que no tendrá ninguna consecuencia. Y la tercera, que fuese la manifestación de un objetivo que pretende alcanzar seriamente.
Si sus declaraciones obedecen a cualquiera de las dos primeras razones, el respeto que merecen los votantes debería haberle aconsejado optar por el silencio. Y es que la ignorancia o la demagogia no son buenas compañeras para los políticos. Las cosas son mucho peor si Pablo Iglesias piensa de verdad atender las reivindicaciones del nacionalismo catalán, porque chocan frontalmente con la vigente Constitución y obligarían a una reforma de nuestra Carta Magna que rompería los principios de unidad, igualdad y solidaridad.
En efecto, en el artículo 2 de la Constitución se proclama la indisoluble unidad de la Nación española y se garantiza el principio de solidaridad entre las nacionalidades y las regiones que la integran. Y como ha señalado nuestro Tribunal Constitucional ambos principios se proyectan sobre la esfera económica a través de una serie de preceptos que conviene recordar.
El primer precepto es el que establece que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere si titularidad está subordinada al interés general. Por eso, otra norma constitucional dispone que la actividad económica general deberá atender las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.
La consecuencia de lo que antecede es que, de acuerdo con la Constitución, las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. Y ello porque como también establece otra norma constitucional todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.
Por todo lo que antecede, cualquier decisión política que rompa el actual equilibrio constitucional en beneficio de un ente territorial –como sucedería con el reconocimiento de los derechos nacionales a favor de Cataluña- exige una reforma de nuestra vigente Constitución. Reforma que supondría –y esto hay que decirlo alto y claro- el abandono del mencionado principio de solidaridad y el reconocimiento de privilegios económicos o sociales en beneficio de Cataluña y en perjuicio de las demás Comunidades Autónomas.
Po eso, si Pablo Iglesias no sabía lo que decía o habló por hablar para ganar votos en Cataluña, conviene que sepa adónde nos llevarían sus propuestas. Y si quiere, de verdad, promover esa modificación en el status actual de Cataluña, debe quedar muy claro que está contra la solidaridad y a favor de los privilegios de ciertos ciudadanos en perjuicio de los demás.
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