En los análisis que se han efectuado de los resultados de las últimas elecciones generales ha predominado la óptica de los representantes. Es decir, los comentaristas políticos se han situado preferentemente en la perspectiva de los escaños obtenidos y, consecuentemente, en la de los políticos que consiguieron escaño en el Congreso de los Diputados.
Por eso, ahora cuando estamos en el tiempo de las necesarias consultas del Rey para proponer al Congreso un candidato a la presidencia del gobierno, manejamos más la aritmética que cualquier otra consideración. Hacemos, en definitiva, recuento tras recuento para calcular si el representante que proponga el monarca obtendrá el número de votos suficiente para obtener la confianza de la Cámara.
Justamente porque proyectamos la mirada desde este ángulo, quien ocupa el primer plano es el político elegido, figurando más alejados los electores a los que representa y el programa voceado en los mítines de su partido y expuesto profusamente ante los medios de comunicación.
Pues bien, ¿puede legítimamente un político electo, en nuestro caso Pedro Sánchez, hacer prisioneros de sus odios a los que lo votaron? Más aún: ¿puede legítimamente por sus ambiciones personales desmarcarse de sus afines y alinearse con los políticos radicalmente contrarios a sus ideas, incumpliendo flagrantemente su programa electoral?
Mi respuesta a ambas cuestione es no. Y ello porque si nos situamos en la óptica de los representados, la negativa de Pedro Sánchez a permitir que gobierne el PP por el odio a la derecha implica convertir en “odiadores” a sus 5.530.693 votantes y en “odiados” a los 7.215.530 votantes del PP.
Si del odio pasamos a las ambiciones personales, el señor Sánchez por alcanzar la Moncloa está dispuesto, en contra de lo afirmado una y otra vez durante el período electoral, a separar a sus 5.530.693 votantes constitucionalistas de los otros 10.715.976 votantes que también lo son (7.215.530 millones votantes del PP y los 3.500.446 de Ciudadanos), para coaligarse con los representantes del resto de los ciudadanos, la gran mayoría de los cuales están dispuestos a incumplir la Constitución.
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