El preámbulo de nuestra Constitución dice que la Nación española aspira a “consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”. Esta declaración, que desde el punto de vista democrático es irreprochable, sugiere que pasados treinta y siete años nos preguntemos si el anhelo del Legislador Constituyente se ha convertido en realidad. O dicho de otro modo, si vivimos en un verdadero Estado de Derecho bajo el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Mi respuesta es, muy a mi pesar, negativa.
Es verdad que la citada declaración es una aspiración programática que, como todas las de su estilo, expresa un deseo, un propósito: la Constitución ambiciona que convivamos en una democracia regida por la Constitución y la leyes. Pero si lo que antecede es cierto no lo es menos que cuanto más elevado sea el grado de cumplimiento de este mandato Constitucional mayor será la “auctoritas democrática”; o, lo que es lo mismo, la legitimación social que nace del ejemplar cumplimiento de dicho mandato.
Pues bien, a mi modo de ver, no hemos alcanzado todavía la deseable “auctoritas democrática” porque el Poder Ejecutivo actual no acaba de convencerse –tal vez por miedo, sin que se sepa muy bien a qué- de que cuando actúa bajo el amparo de la Constitución y las leyes tiene tras de sí nada más y nada menos que la voluntad del pueblo español.
La Constitución establece que corresponde a los jueces y tribunales juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Pues bien, cuanto mejor funcione la administración de justicia; es decir, cuanto mayor acierto y rapidez existan en la solución judicial de los litigios y más pronto de ejecuten las decisiones de los tribunales, en mayor medida se estará contribuyendo a consolidar esa noble aspiración programática de la Constitución de vivir en un Estado de Derecho basado en el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Con esto se quiere decir que si los ciudadanos observan que la ley se aplica igual para todos y sin dilaciones indebidas, confiarán cada vez más en la Justicia y acatarán de buen grado el funcionamiento del Estado de Derecho, pero no por tanto por una razón de imposición cuanto de convencimiento.
Pues bien, en los últimos tiempos los ciudadanos contemplamos atónitos que mientras a nosotros se nos obliga a cumplir inmediatamente la ley y las decisiones judiciales, en el ámbito político, en cambio, los que deberían darnos ejemplo de cumplir y hacer cumplir la ley la incumplen impunemente y, lo que todavía es más grave, llegan incluso a anunciar con un inadmisible descaro que piensan incumplir las leyes “injustas”. Ejemplos de esta especie de “rebeldía” política frente a la ley hay más de los que serían deseables.
Así, en el ámbito político-institucional, hay alguna Comunidad Autónoma que incumple ostensible y sistemáticamente las sentencias de nuestro Tribunal Supremo cuando afectan a su política nacionalista (cuestiones lingüísticas o por hablar de lo más reciente, devolución a otra comunidad autónoma de obras de arte de su pertenencia), y no son pocos los municipios que se niegan a que ondee en la casa consistorial la bandera de España.
En el plano político-individual, todos hemos leído que alguna candidata recién elegida concejal de Barcelona, que puede llegar a ser incluso Alcaldesa, ha declarado con una total irresponsabilidad que se negará a cumplir las leyes que sean injustas. La señora Colau olvida que si la ley es, como dice la Constitución, expresión de la voluntad popular, incumplirla es un comportamiento manifiestamente antidemocrático. Si no se está de acuerdo con lo que dice la ley, no hay que incumplirla, sino simplemente conseguir cambiarla. Hay que acostumbrarse –aunque entiendo que hay personas, como a ella, a las que les cueste por su ideología- que en democracia la voluntad popular no es la que a uno le conviene, sino la que se expresa en la leyes elaboradas por las Cortes Generales que representan al pueblo español.
Por todo lo hasta aquí escrito lamento que el poder ejecutivo no sea del todo consciente de la fortaleza que proporciona la “auctoritas” democrática como fundamento de su propia legitimación. Solo quien no está firmemente convencido de que vivimos en un verdadero Estado de Derecho, puede dudar de que al gobernar actúa plenamente respaldado por la ciudadanía. Respaldo que mantiene especialmente cuando hace cumplir la ley y las resoluciones judiciales, pero todas, incluidas también las resoluciones que en apariencia podrían tener un mayor desgaste político.
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