La Política y la Justicia tienen tiempos diferentes

Publicado por el nov 22, 2014

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A raíz del desafío soberanista catalán del 9 N, han surgido voces que dicen más o menos: no es hora de querellas, sino de hacer política. Los que así piensan no son plenamente conscientes de lo que significa vivir en un “Estado de Derecho”.

En efecto, varios ciudadanos solo pueden vivir en común si convienen en implantar unas reglas que ordenen y hagan compatibles las libertades individuales de cada uno. Al contrario de lo que sucede en el reino animal, en el que la regla suprema es el poder del más fuerte (con lo que eso implica de arbitrariedad), en las sociedades humanas más desarrolladas la regla suprema es la Ley, la cual es creada a través de la actividad política.

Ahora bien, aunque se genera a través de la política, una vez que la ley entra en vigor aquélla queda sometida a su imperio. Esto significa que, aunque la actividad política sea la que genera la ley, no está por encima de ella. La política puede cambiar la ley, pero mientras la ley esté en vigor y no sea modificada, todos los ciudadanos estamos sometidos a ella.

Este sometimiento de la política a la ley es un principio básico y esencial de todo Estado de Derecho y así se destaca en el Preámbulo y en el Titulo Preliminar de nuestra Constitución. En aquél se dice que la Nación española proclama su voluntad de consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Y en el artículo 1 se establece que España se constituye en un Estado de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Pues bien, la justicia y la igualdad obligan a los poderes del Estado a que si alguien incumple voluntariamente la ley, aunque sea en el ejercicio de la actividad política, le hagan soportar indefectiblemente sus consecuencias. La política no puede ser jamás una excusa para incumplir la ley: solo puede servir para modificarla, pero no para vulnerarla.

Por eso, si, como parece haber ocurrido en el 9 N, ciertos representantes del Estado han vulnerado la Constitución, primero habrá que dirimir judicialmente las consecuencias de su conducta. Y después, si la mayoría del pueblo español considera que debe modificarse la ley, que así se haga.

Lo que de ningún modo puede suceder es que la política se anteponga y evite que entre en juego la justicia. O dicho de otro modo: ninguna actividad política puede llevarse a cabo al margen de la ley. Consentirlo supondría dar un salto en el vacío y entrar de lleno en el imperio de la arbitrariedad: con la disculpa de actuar amparado supuestamente por la política, se toleraría el incumplimiento de la ley que es la expresión de la voluntad de todos los ciudadanos.

La cuestión no es, por tanto, hacer política en lugar de que actúe la justicia. Cada una de ellas tiene su tiempo, y mientras la actividad política no modifique ley, quien conculque ésta voluntariamente y a sabiendas debe sufrir las consecuencias de su conducta supuestamente delictiva.

Finalmente, alegrarse de que se querellen contra uno por el 9 N o decir lindezas como que las querellas vuelven a alguien más nacionalista, supone auto-proclamarse por encima de la Ley. Y entonces la pregunta es ¿dónde está escrito que existen ciudadanos que no están sujetos al principio de igualdad ante la ley?

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