Dialogar con los secesionistas es jugar al póker con cartas del tarot

Publicado por el Nov 13, 2014

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En el momento actual, España tiene planteado un conflicto territorial porque en Cataluña ciertos partidos políticos están promoviendo la independencia al margen de la legalidad constitucional. Mientras rija el texto constitucional vigente, la decisión sobre la independencia de cualquier territorio de España corresponde a todo el pueblo español y no existe, por mucho que se quieran retorcer las cosas, soberanías parciales de los distintos territorios que integran la Nación española.

Llegados a este punto, han surgido muchas voces que sostienen que el problema catalán se debe solucionar con el diálogo. Pero el diálogo es un medio, no es un fin en sí mismo. Hay que explicitar claramente el “para qué”: es necesario determinar sobre qué se va a discutir en busca de avenencia.

Y aquí empiezan los problemas. Los secesionistas catalanes piden el diálogo con el Gobierno de la Nación para ponerse de acuerdo sobre cómo consiguen la independencia. Y el Gobierno de la Nación sostiene que con la actual Constitución es imposible que un territorio consiga la independencia ejercitando un inexistente derecho de autodeterminación.

Así las cosas, dialogar sin vislumbrar la más mínima posibilidad de conseguir la avenencia es perder el tiempo. Solamente podría llegarse a un acuerdo si las partes aceptasen –lo cual no parece previsible- cualquiera de los dos siguientes escenarios: que se reforme la Constitución para permitir las soberanías territoriales parciales o que los secesionistas acepten la legalidad vigente y sometan la cuestión de su independencia a la decisión de todo el pueblo español en su conjunto.

Mientras las posiciones del Gobierno y de los secesionistas sigan tan alejadas, hablar del diálogo es un acto de simple voluntarismo y tan inútil e ineficaz como jugar válidamente al póker con las cartas del tarot.

Hay quien dice que es hora de la política y no de la ley. Pero quien así piense olvida que el Estado de Derecho persigue asegurar el imperio de la ley como garantía de la convivencia democrática. Por eso, si se pusiese la política por encima de la ley se estaría socavando la seguridad jurídica y abriendo de par en par la puerta a la arbitrariedad de los podes públicos.

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