¿De qué vivimos los españoles?

Publicado por el feb 5, 2014

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En la página 49 “CULTURA” del ABC de hoy, y en el marco de una entrevista a Fernando García de Cortázar por la publicación de un libro sobre historia de España “para niños de 9 a 99 años”,  aparece una viñeta rotulada “Malos augurios, narrados por Quevedo”, cuyo texto es “Cada español que trabaja mantiene a treinta. Para los nobles, trabajar es una deshonra y el comercio cosa de herejes y judíos. Los hidalgos viven de su orgullo y la sopa boba de los conventos”.

 

Y en la página 23 del ABC del lunes 3 de febrero, se publica la siguiente noticia “Nueve autonomías tienen más funcionarios que empresarios”. En la misma se informa de que 9 de las 17 autonomías –es decir, más de la mitad- tienen más empleados públicos que empresarios, autónomos y profesionales juntos. Lo cual, traducido a identificar la fuente de dónde perciben sus ingresos, significa que en 9 Comunidades Autónomas hay más gente que vive del erario público que del trabajo por cuenta propia.

 

Si relacionamos ambas noticias, parece que en el Siglo XXI el panorama de las fuentes del sustento de los españoles no es muy distinto del que había en el siglo XVII. Y más allá de cualquier otra valoración, me parece que existe un grave desequilibrio estructural cuando en una buena parte del territorio español hay más personas que viven de los presupuestos públicos que de los ingresos derivados de la economía privada.

 

A esta reflexión cabría añadir otra. ¿Necesita el sector privado de un sector público tan desarrollado? ¿Tiene sentido que en Extremadura, Canarias, Cantabria, Madrid, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha y Navarra haya más más funcionarios y políticos para “servir” a  los que trabajan por cuenta propia que la suma total de éstos? ¿Puede llegar a ser competitivo un país con esta distribución del trabajo y sus fuentes de remuneración?

 

Finalmente, y a la vista de lo que antecede, cabría preguntarse qué política económica tiene más sentido: la que propugna una ampliación del sector público con el consiguiente aumento del número de funcionarios y políticos; o, por el contrario, la que defiende una reestructuración de la población activa, mediante un política que incentive el trasvase de trabajadores a la economía privada y reduzca los del  sector público.

 

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