Cualquier observador medianamente atento de nuestra realidad y que no pertenezca a ningún movimiento social especialmente activo -es decir, la gran mayoría de los ciudadanos- habrá percibido que en los últimos años ha crecido sensiblemente el número de los conflictos sociales trasladados a nuestras calles. Creo que no pierdo objetividad si digo que, desde que está gobernando el PP, la oposición -sobre todo la más radical- ha escogido las vías públicas como escenario de su estrategia de enfrentamiento político.
A lo que hay qua añadir que en el barómetro del CIS de septiembre de 2013, la inseguridad ciudadana fue una de las principales preocupaciones del 2,8 % los ciudadanos consultados, por encima de cuestiones tan sensible como la vivienda (2,3), la Administración de Justicia (2,6) o las pensiones (2,2).
Si se relaciona lo que antecede, parecerá comprensible que el gobierno haya decidido elaborar una nuevaLey de Seguridad Ciudadana. Lo que no se entiende es la reacción de la oposición, ya que, a su juicio, cualquier mejora de la seguridad ciudadana solo puede conseguirse con un recorte de las libertades de los ciudadanos.
Es posible que esta conducta de la oposición responda, no a un acto de miopía social (no ver lo que percibe la generalidad), sino a una estrategia de azotar la calle como medio para desgastar al gobierno y recuperar el poder. Pero viviendo en un Estado de Derecho como el nuestro, que se caracteriza por su impecable garantismo de nuestros derechos fundamentales y de las libertades públicas, sostener que la nueva Ley va a recortar nuestros nuestros derechos de libertad, supone creer bien poco en aquél. Porque si la nueva Ley recorta nuestras libertades caerá bajo el filtro del Tribunal Constitucional, y si propicia excesos, siempre quedará el control de los Tribunales que no suelen dudar cuando actúan en defensa de nuestras libertades.
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