Reza un viejo dicho “españolito que vienes al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas ha de helarte el corazón”. Sin un gobierno central claro, algunos ayuntamientos están actuando por su cuenta y empiezan a “sublevarse” atacando los símbolos de la monarquía en una clara muestra de españolismo nacionalista.
La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria y es clave para nuestra convivencia democrática. En el Artículo 1 de nuestra Constitución reza Estado democrático, soberanía nacional y Monarquía parlamentaria como forma política. La Monarquía parlamentaria es el punto de encuentro de las dos grandes tradiciones españolas: una racionalista, laica y republicana y la otra historicista, confesional y monárquica.
Esta es la realidad española, hoy por hoy, y los símbolos de la Corona deben ser visibles en cualquier ámbito publico. Por encima de ideologías políticas, partidos imperantes o egos individuales.
Existe una obligación que tienen los Ayuntamientos de colocar el retrato del Rey en un lugar preminente (como sucede con la bandera española) en el interior de todos los edificios de la Administración central, institucional, autonómica, provincial, insular y municipal del Estado.
El Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales no deja lugar a dudas. Entre los requisitos de celebración de los plenos municipales, se encuentra el art. 85.2. “En un lugar preferente del salón de sesiones estará colocada la efigie de S.M. el Rey”.
Podéis leer el Real Decreto en el siguiente enlace:
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-33252
Todavía recordamos cuando a finales del pasado mes de julio, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ordenó retirar el busto del rey emérito Juan Carlos I del salón de plenos del Ayuntamiento. Colau justificó esta actuación unilateral para evidenciar las profundas convicciones republicanas del Ejecutivo barcelonés. Según Barcelona en Comú, la Monarquía está sobre- representada y no se reflejan otros símbolos de la tradición como es el republicanismo.
Cuatro municipios catalanes han declarado este año al Rey Felipe VI persona non grata, un gesto con una gran carga simbólica. El primero de ellos fue Breda (Girona), seguidos por los ayuntamientos de Arenys de Munt , Torelló y Premià del Mar (Barcelona).
La declaración de persona non grata es una competencia que el derecho internacional reserva en exclusiva al Gobierno de un país, así que la decisión que tomen estos ayuntamientos tienen un valor jurídico nulo.
La excusa argüida ha sido el desplante del actual monarca a la presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, a la que el rey rehusó recibir en la Zarzuela para que le comunicase la elección de Puigdemont como presidente de la Generalitat.
En Girona se ha pedido cambiar el nombre de la Fundación Princesa de Girona, ya que no “se sienten representados por Doña Leonor”. A la futura reina de España también se le pidió en 2004 desde Lleida que renunciase al título de Condesa de Cervera, algo que Casa Real no aceptó.
En Cádiz se eliminó el retrato de S.M. Juan Carlos I del despacho del alcalde.
En la anterior legislatura, el alcalde de San Sebastián, Juan Carlos Izaguirre, ordenó retirar el cuadro del Rey Juan Carlos I y la bandera española del salón de plenos ya que “no representaban a la ciudad”. Ambos símbolos siguen ausentes.
La alcaldesa de Rúa (Galicia) María Albert retiró dos fotografías del monarca nada más acceder a su cargo. Una de las fotografías fue sustituida por un mapa de Galicia.
En Zaragoza, y en contra de la opinión del pleno municipal, su alcalde decidió cambiar el nombre del pabellón Príncipe Felipe por el del entrenador del CAI José Luis Abós. En la siguiente foto están borrando el nombre.
En Montcada i Reixach (cerca de Barcelona) se ha retirado el retrato del Rey Felipe VI del salón de plenos.
En Baleares, la presidenta del Parlamento, Xelo Huertas, retiró el retrato del actual monarca por sus convicciones republicanas. En el Ayuntamiento de Palma, el busto del rey se encuentra desplazado en un lateral, encima de las banderas y al lado del aire acondicionado.
Lo paradójico del asunto es que no respetar la ley, la tradición, el sentir de los ciudadanos e incluso la Constitución tiene un precio ridículo. El artículo 112 de la Ley 29/ 1998 de la Jurisdicción Contencioso – administrativa dice que las autoridades o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado o Sala pagarán una multa de 150 hasta 1.500 euros.
Este es el precio del respeto en España.
Protocolo oficial
