Ocho años que cambiaron España

Publicado por el Mar 11, 2004

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Publicado en Gazeta Wyborcza

Aznar ha presidido el Gobierno español durante ocho años que llegan a su final formal el próximo 14 de marzo con la celebración de elecciones generales en las que él, por decisión propia, no es candidato. Su gesto de abandono voluntario tiene escasos precedentes en la política europea en la que, de Churchill a De Gaulle, cuesta encontrar un solo estadista cuyo abandono del poder no haya ido acompañado de una sonora derrota en las urnas. Frente a eso, Aznar ha dedicado las últimas semanas a recorrer mundo –Washington, el Vaticano, Cartagena de Indias…- para despedirse de dirigentes internacionales y comunidades políticas con la tranquilidad que da el tener un calendario fijado por uno mismo. Los dos mandatos de Aznar al frente del ejecutivo español han tenido características notablemente distintas. El primero (1996-2000) fue fruto de una muy exigua mayoría parlamentaria, demasiado alejada de la contundente victoria que auguraban todos los sondeos al Partido Popular. Para lograr el respaldo parlamentario que garantizase su investidura, Aznar hubo de recabar el apoyo de los nacionalistas catalanes moderados de Convergencia i Unió –contra cuyo jefe, Jordi Pujol, muchos seguidores de Aznar coreaban insultos en la noche electoral de 1996 antes de conocer que la nimia magnitud de su victoria haría necesario su apoyo- y el de los nacionalistas canarios. Visto que la suma de esos respaldos dejaba fuera de juego al nacionalismo vasco, su dirigente, Xavier Arzalluz, se apresuró a sumar el voto de sus diputados en Madrid al respaldo a Aznar para no quedar marginados. Esa legislatura, por razón de los necesarios pactos parlamentarios, se caracterizó por el consenso que hubo de presidir toda su actuación política. Fruto de esa línea política fue el entendimiento con los sindicatos y también en ese contexto –pero con seguridad no gracias a él- se logró la entrada de la peseta en la primera oleada del euro, algo que muy pocos creían posible en 1996.

Si los sondeos de opinión auguraban al PP una cómoda mayoría en 1996, que no se produjo, ninguna encuesta supo vaticinar en 2000 la cómoda mayoría absoluta que le otorgaron los electores. Por primera vez desde la restauración democrática de 1977 la derecha española lograba ganar de manera que pudiese gobernar sin hacer permanentes concesiones a la izquierda. Y Aznar se puso a ello. Gobernar sin pactar necesariamente implica cierto grado de crispación y ésta se ha puesto de manifiesto a lo largo de la última legislatura con una huelga general, un creciente enfrentamiento con los nacionalistas, una reforma del sistema educativo no consensuada y un giro en política exterior hacia posiciones atlantistas. Todo ello –y otras muchas iniciativas- fue duramente criticado por la oposición.

La diferencia entre ambas legislaturas dice mucho de la visión de la política que tiene Aznar: es un hombre de principios que cree firmemente en la legitimidad que da el respaldo popular para implementar su programa político y para refrendar sus actuaciones en las urnas, sin necesidad de hacer permanentemente concesiones a quienes no obtuvieron el suficiente apoyo electoral. Pero es también un hombre pragmático, que sabe que una falta de mayoría absoluta –como en el periodo 1996-2000- obliga a buscar consensos porque así lo exige el sistema. Y esa manera de proceder Aznar la lleva aún más lejos, con una forma de actuar muy thatcherista: la política del Gobierno no puede quedar definida por los resultados de los sondeos de opinión. El único sondeo válido es el que se contrasta en las urnas.

Uno de los mayores éxitos de Aznar, sin duda, ha sido su desempeño económico. Al llegar al Gobierno en 1996 había un reto enorme: situar a España en la moneda única europea cumpliendo los criterios marcados en el Tratado de Maastricht de 1992. Además de crecer muy por encima de la media europea incluso en años de crisis –en 2003 lo hizo un 2,3 por ciento frente a la situación de Francia y Alemania, que casi estaban en recesión- el Gobierno de Aznar redujo el déficit a menos del 3 por ciento del Producto Interior Bruto y la deuda a menos del 60 por ciento. La inflación se controló en un primer momento aunque en los últimos años no se ha logrado ajustarla con tanto éxito. Añádase a ello el déficit cero que se ha logrado en los últimos años, la reducción de la tasa de desempleo del 22,9 por ciento a finales de 1995 al 11 por ciento actual –con la creación de 4,5 millones de empleos y el panorama es francamente positivo.

Dos son los terrenos en los que la política de Aznar ha generado más controversia: la cohesión territorial de España y la política exterior. A lo largo de sus dos mandatos, Aznar ha reiterado que su principal preocupación es el problema vasco, máximo exponente del problema territorial español. Y si se hace un análisis superficial se concluye con facilidad que durante los ocho años de gobierno del PP este problema se ha agravado notoriamente. El 12 de septiembre de 1998 los nacionalistas vascos de todas las tendencias –representantes parlamentarios de los terroristas incluidos- firmaron el “Pacto de Lizarra” con el objetivo último de llevar las tres provincias vascongadas y el Viejo Reino de Navarra a un estado independiente. Cinco días después la banda terrorista ETA declaraba una “tregua” poniendo de manifiesto el objetivo último de su estrategia: lograr un respiro ante la creciente efectividad de la Policía que encadenaba éxitos en su lucha contra la banda terrorista. A lo largo de 1999 hubo contactos entre representantes del Gobierno español y ETA en Zurich. Pronto quedó claro que no conducirían a nada y al fin, en enero de 2000, ETA volvía a asesinar. Hasta 23 personas en ese año entre las que se contaron numerosos miembros del Partido Popular y el Partido Socialista. Frente a esa realidad, el Gobierno vasco integrado mayoritariamente por fuerzas nacionalistas optó por radicalizar su actuación y en septiembre de 2003 presentó el llamado “Plan Ibarretxe” –nombre del presidente del Ejecutivo vasco- cuyo fin es lograr un estado de “libre asociación” entre Euskadi y España. En pie de igualdad.

La propuesta del jefe del Gobierno vasco se sitúa nítidamente fuera del marco de la Constitución española, tanto en sus fines como en los medios para alcanzarlos. Llegados a este punto, cabría concluir que la política de Aznar ha sido un fracaso por haber crispado más la cuestión. Pero, en realidad, es de justicia reconocer que lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular es romper la estrategia del nacionalismo vasco de ir horadando la sólida estructura del Estado. Labor que ha realizado el nacionalismo vasco durante estos años beneficiándose de las actuaciones terroristas de la banda ETA. Cuando Aznar llegó al poder puso en marcha una política tendente a demostrar la vil colaboración que existía entre el llamado nacionalismo democrático y la banda terrorista ETA. Al obligar al nacionalismo vasco a confrontar esa realidad el Gobierno vasco ha optado por ir radicalizando sus posturas. En conclusión, la confrontación entre el gobierno de la nación y el ejecutivo vasco es hoy mayor que nunca, pero en realidad lo que ha hecho el Gobierno en ese terreno es poner de manifiesto los fundamentos de un grave enfrentamiento larvado que dura desde hace décadas. Queda ahora por ver si unos atentados terroristas de la magnitud de los sufridos ayer en Madrid hacen inevitable que el mal llamado “nacionalismo moderado” retire el “Plan Ibarretxe” para demostrar que no admiten ir en la misma dirección que quienes perpetran masacres.

La tensión territorial se ha extendido en el último año a Cataluña, la región de España que ya se caracterizó por sus tendencias separatistas en el primer tercio del siglo XX. Desde las primeras elecciones catalanas (1980) tras el restablecimiento de su gobierno autónomo, la región había sido gobernada por una coalición de partidos, liberal y democristiano, de corte netamente nacionalista: Convergencia i Unió. Al frente de la misma, durante veintitrés años, ha estado Jordi Pujol, quien optó por no presentarse a la reelección el año pasado. Su nacionalismo ha sido de un corte más moderado que el vasco y en ningún momento ha buscado la confrontación con Madrid. Hasta el punto de que su apoyo parlamentario fue decisivo para el último Gobierno de Felipe González, igual que para el primero de José María Aznar. Pero la semilla nacionalista catalana ha dejado tras Pujol un gobierno tripartito encabezado por los socialistas catalanes –los más federalistas de España- con un enorme poder en manos del segundo partido de la coalición, Esquerra Republicana de Catalunya, histórica formación que ha sabido cosechar tempestades en los vientos sembrados por los Gobiernos de Pujol.

El pasado 24 de enero el neonato gobierno catalán saltaba por los aires al publicar el diario ABC de Madrid que su primer ministro y presidente en funciones, José Luis Carod-Rovira, se había reunido el 4 de enero en Perpiñán (Francia) con la cúpula de ETA para conseguir que la organización terrorista vasca renunciase a volver a asesinar en Cataluña. Carod-Rovira dimitió tras admitir que la reunión tuvo lugar, pero negó que el alcance de la misma fuera el descrito en ABC. Al fin, el pasado 19 de febrero ETA anunciaba una “tregua unilateral” en Cataluña, tal y como había anticipado el diario madrileño. Pero la manera en que los principales dirigentes regionales del socialismo español se desentienden de la actuación de los socialistas catalanes –pese a ser esa la región más importante de las que gobierna el PSOE- es muy reveladora. La cuestión, en todo caso, es si en Cataluña, como en el País Vasco, la actuación de Aznar ha enconado un problema o simplemente ha servido de reactivo químico para hacer aflorar cuanto antes una complicación que de haberse gestado durante más tiempo hubiera sido aún más difícil de resolver al amparo de la Constitución española. Son muchos los que creen que se trata de lo segundo: el tiempo dará y quitará razones.

Y queda la gran cuestión del giro de la Política Exterior española. Semanas atrás Aznar lo explicaba de forma muy nítida en declaraciones a “The Washington Post”: “La toma de decisiones en España en materia de política exterior ha estado subordinada a Francia desde 1800. Ya no es así y me siento muy feliz. Al fin estamos en la vanguardia”. Aznar siempre ha tenido un importante componente euroescéptico en su bagaje ideológico. Ello, sin duda, ha servido para darle el impulso de aproximación a Estados Unidos cuando vio que tras la barbarie terrorista del 11-S la reacción norteamericana no contaba con el suficiente respaldo internacional o europeo. Frente a las precipitadas visitas a la “Zona Cero” de autoridades como el presidente francés Jacques Chirac, Aznar se quedó en Madrid. Pero demostró que la consolidación del vínculo estaba en marcha. Se apresuró a dar pleno respaldo a Washington en el Consejo de Seguridad –al que venturosamente se había incorporado España el 1 de enero de 2003- y logró formar parte junto a Bush y Blair de la tripleta de dirigentes convocados en Azores bajo la hospitalidad del primer ministro Durao Barroso para dar el ultimátum a Irak ante de la ofensiva del 19 de marzo de 2003. España volvía al centro de la escena internacional aliada con las grandes potencias del momento. La última vez que se había visto en esa posición fue en la batalla de Lepanto en la que sus aliados fueron Venecia, los Estados Papales y Génova. La fecha: 1571.

Esta política de Aznar, fruto de su íntima convicción, le dejó extremadamente aislado a lo largo del primer cuatrimestre de 2003. Incluso muchos de sus ministros hacían esfuerzos malabares para no ser identificados con la posición del Gobierno frente a Irak. Pero una vez más, Aznar creyó que debía actuar según sus convicciones y pedir al electorado que le juzgase. En las elecciones municipales y regionales de mayo de 2003, el PSOE hizo bandera de la guerra en Irak, creyendo que las manifestaciones populares de los meses anteriores garantizaban un rédito electoral. El resultado fue que el Partido Popular fue el ganador de los comicios en términos de representantes municipales en contra de lo anticipado por todos los sondeos de opinión. Una vez más, el thatcherista Aznar se salía con la suya.

La fractura europea a costa de la crisis de Irak se ha mostrado duradera. Polonia y España se vieron afectados por ella -y embarcados en la misma nave- durante el Consejo Europeo del pasado diciembre en que no fue posible pactar el previsto tratado constitucional. La actuación que allí tuvo Aznar fue muy descriptiva de la nueva autoridad que quiere dar a España. Jugó la carta de la autonomía española en la defensa de sus intereses y lo hizo con la habilidad suficiente como para crear un grave problema a Francia defensora del mantenimiento del texto íntegro del proyecto de tratado constitucional, sin enmiendas. Ahora es Francia quien se encuentra con que el proyecto constitucional languidece con peligro de fenecer al darse cuenta la opinión pública europea que la Unión sigue funcionando pese a no haber una constitución. Mientras, el Tratado de Niza, cuya vigencia defendían España y Polonia, está en vigor.

Las elecciones del próximo día 14 también son, sin duda, un referendo de los ocho años de aznarismo. Pero un referendo en el que el jefe del Gobierno saliente, cuenta con cierta ventaja: si el PP renueva su mayoría absoluta, buena parte del mérito le será atribuido a él. Si la pierde, el candidato de su partido –Mariano Rajoy, un gris ex ministro que no ha dejado su impronta en ninguna de las cuatro carteras que ha desempeñado desde 1996- será el único responsable. Aunque su nombramiento fuera una decisión personal, inconsulta, del propio José María Aznar.

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