Evaluación del copago sanitario en su primer año de implantación

Publicado por el abr 3, 2014

Compartir

Desde el comienzo de la crisis económica en nuestro país a finales de 2008, han sido muchos los debates llevados a cabo en los distintos ámbitos de la sanidad en los que se ha puesto en entredicho la sostenibilidad de nuestro sistema de sanidad universal y se han propuesto distintas medidas para ajustar los costes sanitarios.

Dentro de esas medidas, una de las que mayor repercusión social y mediática ha alcanzado es la del copago sanitario puesto en marcha en julio de 2012 por el Gobierno con dos objetivos: incrementar la aportación de los pacientes en los medicamentos financiados por la Seguridad Social y rebajar la factura que tienen que asumir las autonomías.

Dicho copago consiste fundamentalmente en una corresponsabilidad económica, en cuanto al gasto farmacéutico, entre el sistema y el paciente que hace consciente al enfermo, por un lado, de los costes de la medicación y, por otro, de la necesidad de ajustar el consumo de medicamentos a las situaciones clínicas en las que verdaderamente esté indicado, evitando el abuso en el empleo de medicamentos. Además, esa corresponsabilidad en el gasto repercute en una rebaja de la factura sanitaria de cada comunidad autónoma.

Recientemente hemos conocido que dicha medida ha permitido un ahorro a las comunidades de cerca de 1.700 millones de euros en los primeros 12 meses de aplicación de la nueva normativa. Sin embargo, han sido muchas las quejas y dudas planteadas por esta medida en lo referente al posible impacto del copago sobre el mantenimiento de su medicación en pacientes crónicos o sobre el posible empobrecimiento de pensionistas o discapacitados. Además, en el mes de octubre de 2013 entró en vigor, junto a dicha normativa, una nueva disposición que encarecía especialmente el gasto farmacéutico para los pacientes con enfermedades graves o crónicas incluyendo algunos quimioterápicos.

Sin embargo, además del gasto farmacéutico existen otros consumos relevantes asociados a la asistencia sanitaria, sobre todo aquellos que tienen que ver con los procesos diagnósticos y las pruebas médicas necesarias para llevarlos a cabo. Estos gastos se incrementan fundamentalmente cuando, debido a la lentitud de dichos procesos o a la ineficiencia de algunos protocolos asistenciales, las pruebas diagnósticas deben ser repetidas. Dos ejemplos claros, en el diagnóstico de los pacientes con sospecha de cáncer de pulmón, son la repetición de la broncoscopia (en ocasiones se llegan a realizar más de dos broncoscopias seguidas por falta de material suficiente para el diagnóstico en las previas) y la repetición de las pruebas de extensión de la enfermedad como el escáner (cuando transcurren más de 5 ó 6 semanas desde el escáner indicado por el neumólogo hasta la valoración por el oncólogo, éste se ve obligado a repetirlo para disponer de una imagen actualizada de la enfermedad antes de comenzar el tratamiento). Todo ello no sólo incrementa notablemente los costes del proceso asistencial de cada enfermo sino que principalmente, lo que genera es un retraso inasumible en el comienzo del tratamiento del paciente que puede tener un impacto negativo en la evolución clínica de éste.

No resulta infrecuente tampoco que, para agilizar la realización de pruebas diagnósticas en un sistema de salud pública saturado, se recomiende al paciente su ingreso hospitalario para llevar a cabo dichos estudios lo antes posible y evitar las demoras asociadas a las listas de espera para realizar estudios radiológicos o biópsicos de forma ambulatoria. Este hecho, en efecto, puede lograr una reducción del tiempo de espera pero a costa de encarecer aún más el proceso diagnóstico (un paciente ingresado sin necesidad clínica para ello consume más recursos asistenciales que uno ambulatorio) y contribuir a la saturación del sistema hospitalario.

Sin embargo, lograr una verdadera optimización de la gestión de los procesos diagnósticos a medio o largo plazo es una tarea mucho más compleja que requiere de grandes reformas estructurales y, en ocasiones, de unas inversiones iniciales en el sistema (contratación de más personal, compra de nuevos aparatos diagnósticos…) que elevan la factura a corto plazo.

El hacer ver esta realidad a la clase política es una tarea conjunta de facultativos, asociaciones médicas y asociaciones de pacientes, proponiendo alternativas valientes que contribuyan no sólo a la rebaja de la factura sino también a la mejora de la calidad de la asistencia por medio de medidas inteligentes que optimicen de forma decidida la eficiencia de los protocolos asistenciales.

Compartir

ABC.es

Oncología médica © DIARIO ABC, S.L. 2014

Oncología médica. Abordará los principales resultados de la investigación contra el cáncer así como los últimos tratamientos y ensayos clínicos contra los tumores, con especial atención a los del tórax.Más sobre «Oncología médica»

Categorías
Etiquetas