Diez variables para ser competitivos y el desafío de atraer inversiones.

Publicado por el Jun 19, 2015

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América Latina cuenta con un PIB de 5,657 billones de dólares. Este monto constituye el 8% de la riqueza mundial, y en la región habitan 588 millones de personas, lo cual supone cerca del 8,5% de la población mundial. Quizá por primera vez el porcentaje del PIB mundial representado por América Latina se asemeja al porcentaje de la población que alberga. Durante los últimos treinta años la región ha crecido de forma espectacular, reduciendo la pobreza.

Asimismo, ha logrado multiplicar por seis las reservas de sus bancos centrales en tan solo una década. Por ello, a pesar de de la desaceleración económica por la que está transitando la región en estos momentos es conveniente centrarse en la microeconomía, pues llegó la hora de que los gobiernos redoblen esfuerzos para mejorar los factores de competitividad de sus naciones y así hacerlas atractivas a la inversión.

En estos momentos, en los que América Latina ha alcanzado un porcentaje del PIB mundial de proporción equivalente al que tiene su población pero que al mismo tiempo está transitando un proceso de desaceleración pronunciado, es vital fijar la atención en aquellas reformas que fortalezcan las instituciones que brindan la seguridad jurídica necesaria para poder atraer inversiones y dinamizar sus economías.  El desafiante contexto económico representa una  amenaza para los logros alcanzados por muchos países latinoamericanos, de hecho  la IED  en la región cayó 16,4% en comparación con el año anterior y los países de esta zona redujeron la entrada de capital extranjero en US$31.148 millones. Sin embargo, no es tarde para confeccionar una lista que recoja aquellas cuestiones en las que deben incidir las reformas para recuperar la senda del desarrollo:

 

Estabilidad política y económica.

      Facilidad para abrir y cerrar empresas.

      Seguridad física.

      Transparencia y regulación clara y previsible de las actividades económicas.

       Justicia independiente, rápida y eficaz.

      Armonización del derecho fiscal para evitar la doble imposición tributaria.

       Registros de propiedad eficientes.

       Legislación laboral flexible y clara.

      Ausencia de barreras para la repatriación de capitales y de sus beneficios.

      Entornos de innovación y conocimiento atractivos.

Asimismo, un salto cualitativo para poder atraer inversiones en un sector como el de las infraestructuras (fundamental para el desarrollo), supone adoptar procesos de licitación y aprobación de proyectos que sean transparentes y homologables a las mejores prácticas. De la misma manera para fortalecer la seguridad jurídica en las inversiones es importante identificar aquellas prácticas que dificultan una competencia auténtica y transparente en materia de licitaciones y concesiones y que obstaculizan la participación de empresas transnacionales en las mismas para, así, poder conferir transparencia y certidumbres a estos procesos.

Es importante destacar que sin la seguridad jurídica que brindan las variables enumeradas no sólo cae la inversión extranjera de los países sino la propia inversión nacional, porque las personas, en lugar de emprender y asumir riesgos empresariales se encierran en el ahorro improductivo ante el temor generalizado de que no haya sanción para los incumplimientos. Es decir, la ausencia de seguridad jurídica detiene el movimiento natural del capital y paraliza la capacidad productiva de las sociedades. De hecho las políticas que conculcan la seguridad jurídica limitan el progreso de una sociedad, porque al hacerlo solo se incentivan las inversiones a corto plazo y se desincentivan aquellas inversiones que perduran en el tiempo y que son las que se trasladan de generación en generación: construcción de infraestructuras, redes de energía, de telecomunicaciones, transportes…

Para terminar, cabe destacar que toda generalización referida a América Latina es una simplificación e inevitablemente acarrea inexactitudes. Cada país de la región es un mundo. Se puede observar en todos los indicadores de calidad institucional como ciertos países, por ejemplo, los miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, Perú, Colombia y México) y otros, como por ejemplo Uruguay o Costa Rica, han acometido reformas para fortalecer sus instituciones y así ofrecer seguridad jurídica que genere entornos favorables a la inversión. No deja de ser ilustrativo tampoco que los cuatro países de la Alianza del Pacífico junto con Brasil (éste en buena medida por el gran tamaño de su mercado) concentren cerca del 80 por ciento de la IED que llega a la región, una región que cuenta nada menos que con 33 países. Los logros de los gobiernos sensatos están dejando en evidencia a aquellos que dan la espalda a la seguridad jurídica.  Se puede decir que, hoy, asistimos a una América Latina a dos velocidades. No cabe duda de que la mayor o menor seguridad jurídica de las naciones es la que está marcando la diferencia de velocidad.

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