Argentina: la democracia rota

Publicado por el Jan 22, 2015

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Muchos años después, frente a su mesa de trabajo repleta de folios y rotuladores, Alberto Nisman había de recordar aquel momento en que, siendo un joven estudiante de derecho, contemplaba ilusionado cómo la democracia se abría paso en su país después de padecer una dolorosa y sanguinaria dictadura de carácter mafioso.

El fiscal argentino Alberto Nisman, que durante más de una década se dedicó a investigar el mayor atentado terrorista de la historia de Argentina, se disponía el pasado lunes a presentar ante el Congreso de la nación una denuncia de encubrimiento que implicaba a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner  y a miembros de su Gobierno. No lo pudo hacer, pues horas antes de exponer sus pruebas ante los legisladores fue encontrado muerto en su departamento. El fiscal había acusado de manera pública a la presidenta de ocultar mediante un pacto la participación del Gobierno iraní en el atentado de la Amia.

Aunque la versión oficial mediante un comunicado, en un primer momento, sostuvo “que todo indicaba de acuerdo a la escena del crimen” (sic) que el fiscal se había suicidado, ocho de cada diez argentinos,  incluida la presidenta (desde hace bien poco…), están convencidos de que el fiscal fue asesinado.

Cada vez son más las incógnitas que rodean la muerte del fiscal: no hay rastro de pólvora en las manos del cadáver, el arma utilizada era prestada, aunque el fiscal tenía dos en su poder, la puerta de servicio estaba sin cerrar, el departamento disponía de un pasadizo secreto que lo unía con otro inmueble que se encontraba vacío, el secretario de seguridad se apersonó en la escena del crimen antes que un juez, la aparición de la lista de la compra del lunes…

Este hecho luctuoso sitúa a la Argentina frente a un desmoronamiento político-institucional de consecuencias imprevisibles. La sombra de la sospecha que ha caído sobre el actual gobierno es demasiado grande como para que Fernandez y su entorno gocen de algún tipo de legitimidad para actuar en la investigación de los hechos.

Dos años atrás escribía lo siguiente en un artículo que titulé Amistades Peligrosas y que considero conveniente citar íntegramente porque en él se vierten argumentos análogos los contenidos en la denuncia del fiscal:

“El 18 de julio de 1994 se cometió un brutal atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). El saldo fue 86 muertos y más de 300 heridos. El ataque a la sede de la AMIA fue el segundo de los atentados terroristas registrados en la década de los 90 en Argentina, ya que en 1992 explotó una bomba frente a la embajada de Israel en Buenos Aires, que causó la muerte a 29 personas.

La investigación judicial del atentado no obtuvo resultados ni precisiones hasta 2004. En 2006, luego de profundas investigaciones del poder judicial argentino, se ordenó la captura internacional de nueve altos funcionarios del Gobierno iraní para tomarles declaración como imputados.

Teherán no mostró voluntad alguna de entregar a los imputados y siempre negó cualquier responsabilidad en el atentado. Los argumentos eran siempre los mismos: que la causa fue diseñada sin pruebas o que fue fabricada con pruebas falsificadas por los servicios secretos de Estados Unidos e Israel.

El comportamiento del Gobierno iraní, reconocido por no ser muy afecto a los valores en los que se apoyan los derechos humanos, la democracia y la libertad, fue denunciado desde 2006 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas por los presidentes argentinos Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Sin embargo, se produjo un sorpresivo anuncio en 2012: Cristina Fernández anunciaba el establecimiento de negociaciones directas con Irán. A raíz de esos encuentros cerrados, los Gobiernos argentino e iraní pactaron un acuerdo de entendimiento para “destrabar el estado de la causa judicial que investiga la autoría del citado atentado”, según manifestó la propia Fernández.

¿Por qué es ilegitimo el pacto?

En primer lugar, el acuerdo plantea la creación de una “comisión de la verdad”; comisión que podría estar integrada por elementos que podrían estar vinculados estrechamente con partes determinantes de un proceso judicial argentino; parece un chiste y no de los buenos.

En este sentido, además, el acuerdo es vago, impreciso, pues no da plazo para la creación de esta comisión, ni procedimiento para el estudio idóneo de la causa judicial. Durante mucho tiempo, recuerdo que se le adjudicó a Juan Domingo Perón la frase: “Para que algo no se aclare, nada mejor que formar una comisión”; no sé, ni me importa, si es verdad que lo dijo, pero en todo caso, lamentablemente, pareciera tener plena vigencia tal máxima.

Los expedientes del caso AMIA podrían ocupar más de 200.000 folios. ¿Alguien puede hacerse una idea del tiempo que podría llevar a los cinco juristas de la comisión leer ese volumen de información? Por cierto, ¿cuál es plazo para traducirlo al farsi? Supongamos que se contara con cincuenta traductores dedicados por entero a esa labor: traduciendo cinco páginas por día, tardarían cinco años en hacer su trabajo. Se percibe que tampoco la rápida asistencia la Justicia tuvo gran protagonismo en las negociaciones.

En segundo lugar, se violan los principios que informan el Derecho argentino. El artículo 1º del Código Penal estipula la aplicación del mismo en los procesos que entiendan de los “delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación Argentina, o en los lugares sometidos a su jurisdicción”, por lo que ninguna duda puede caber acerca de que el atentado contra la AMIA debe ser juzgado en la Argentina, por los jueces que integran el Poder Judicial argentino y de acuerdo con el Código Penal y las leyes argentinas.

Hete aquí que cualquier negociación sobre esta cuestión debe hacerse sobre cimientos claros, que no comprometan ni debiliten la obligación que tiene el Estado de perseguir por la vía del Derecho –tanto en el plano interno como en el internacional– a los responsables de ese atroz atentado terrorista.

¿Qué esconde el pacto?

Básicamente, consecuencias no deseadas. Los beneficios serán todos para Irán y para los imputados en la causa. Estos últimos verían inmediatamente canceladas las órdenes de captura internacional que pesan sobre ellos, lo que significa que podrán moverse libremente por el mundo como sujetos libres de toda sospecha ni carga judicial.

Aunque Fernández manifieste que no pretende permitir que nadie utilice “la desgracia y la tragedia de los argentinos para fines de la geopolítica internacional”, la verdad es que su Gobierno sigue la hoja de ruta para alinearse de forma evidente con el sospechoso eje Cuba-Venezuela-Irán. En Irán se violan sistemáticamente libertades fundamentales como las de expresión, asociación y reunión, orientación sexual y credo, por no hablar de la despreciable capitis diminutio a la que está sometida la mujer. Parece mentira que un Gobierno que se jacta de progresista coquetee de semejante manera con el régimen de los ayatolás.

Algunos sectores de la oposición argentina manifiestan que la razón oculta es el déficit energético del país. Un diputado señaló en el Parlamento: “Detrás de esto hay un modelo energético que se cae a pedazos, la necesidad desesperada de petróleo, la necesidad de dinero para capitalizar YPF. Ahora, ¿en qué mente cabe que la Argentina pueda cambiar derechos humanos por petróleo? Vamos a vender a las víctimas de la AMIA por un barril de petróleo”.

Otros se atreven a ir más lejos y dicen que lo que subyacería a todo esto sería la reactivación de un acuerdo nuclear que pondría en peligro a la región entera. No sería una novedad encontrarse con un estrechamiento de los vínculos entre países gobernados por el denominado socialismo del siglo XXI y la República Islámica de Irán. Esta relación estratégica, en materias tan sensibles como armamento, tecnología nuclear y espionaje, representaría una verdadera amenaza para Occidente. El difunto Hugo Chávez había expresado repetidamente tanto su apoyo al programa nuclear iraní como su intención de dotar a Venezuela de un programa de enriquecimiento de uranio.

La deriva que parece haber tomado el Gobierno de CFK es indignante, hasta ha perdido el respeto por las víctimas. Ojalá que las fuerzas vivas de la sociedad argentina puedan mostrar su fortaleza y logren ahormar una alternativa consistente que ponga límites al descalabro de un país que siempre se había guiado por su adhesión a los principios de las democracias modernas y occidentales: sentido de la justicia, respeto por los derechos humanos y defensa de las democracias en el resto del mundo. En las palabras precisas de un diputado argentino de la oposición se encuentra la clave:

Elegir el camino equivocado implicará soledad, aislamiento, olvido e intrascendencia, algo que efectivamente merecen los que han firmado este acuerdo, pero no nuestra Nación.”

Nunca imaginé, en el momento de escribir aquellas líneas, que el desvío hacia el camino equivocado se completaría con la muerte de un fiscal, que con coraje reunía pruebas que incluso excedían mis propias sospechas.

La democracia argentina hoy está rota. Será difícil reconstruir un sistema democrático dotado de los componentes esenciales del Estado de Derecho.

En la gestión y resolución de este caso se juega el futuro de la Argentina. Las víctimas del atentado, la familia del fiscal y el pueblo argentino exigen y merecen justicia. Pero para hacer justicia será necesaria una decidida movilización ciudadana democrática que demande a las instituciones del Estado que todavía se conservan sanas, a la oposición y a la comunidad internacional que agoten todos los instrumentos legales para llegar al final y esclarecer, así, tanto el Caso Amia como este escabroso suceso.

Ojalá que el pueblo argentino lo pueda lograr. Los argentinos están en condiciones de hacerlo, es una obligación cívica y moral contraída con la herencia de un pueblo que ha luchado durante demasiado tiempo para obtener la democracia.

 

 

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