Argentina: Ojo por ojo y todos ciegos

Publicado por el abr 9, 2014

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David Moreira, de 18 años, murió en la ciudad de Rosario el martes 25 de marzo tras la paliza que sufrió tres días antes a manos de una horda de vecinos que lo sorprendieron robándole el bolso a una mujer. Después de ese episodio, se sucedieron agresiones parecidas en Buenos Aires, La Rioja y Río Negro. Fue en ese momento cuando se encendieron las alarmas por la posibilidad de que ciudadanos enfurecidos estuvieran haciendo “justicia” por su cuenta ante la falta de respuestas frente a la escalada de criminalidad.

Aunque la experiencia indica que cuando el Estado se muestra incompetente para ejercer el legítimo monopolio de la fuerza frente al crimen el vacío resultante es cubierto por organizaciones que prestan seguridad privada, y que una  de las manifestaciones de este fenómeno es la “justicia” a mano propia; debemos recordar que esto nos retrotrae irremediablemente, desde la civilización, a la barbarie. Algo, en definitiva, que nos devuelve a un estado de naturaleza donde, parafraseando a Gandhi, por apelar al ojo por ojo todos quedaremos ciegos.

América Latina es la región más violenta del planeta. El 31% del total de los homicidios cometidos en el mundo en 2010 se produjeron en América Latina, frente al 5% en Europa. La tasa de homicidios por 100.000 habitantes se ha disparado en los últimos años. La región se está viendo asolada por la delincuencia callejera, las pandillas o maras, el narcotráfico, así como por los secuestros, la violencia en el ámbito familiar y las agresiones sexuales a mujeres. Todas estas formas de violencia destruyen los lazos de cohesión social y aceleran el descrédito del Estado y de las fuerzas de seguridad.

La inseguridad es uno de los principales desafíos que deben enfrentar la mayoría de los países de la región.  Abordar este tema exige un análisis serio de las características sociales de América Latina. No puede obviarse, por supuesto, el hecho de que persisten grandes desigualdades y elevados niveles de pobreza extrema. Hay que tener en cuenta que desigualdad y pobreza no constituyen solamente indicadores económicos, sino que también son un conjunto de factores que restringen la conducta social del individuo, arrebatando a muchos la esperanza de ascenso social.  Pero establecer una relación de causalidad entre pobreza y violencia conduce a un error fundamental: creer que todo violento es pobre y que el delito es un acto de justicia. Para desmentir esta falacia basta con remitirnos al ejemplo de países como la India, que a pesar de registrar altos índices de pobreza y de desigualdad, tiene una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo.

Cuando en grandes urbes se rompen los lazos funcionales que ahorman una sociedad civil con ciudadanos y oportunidades, la tarea es restablecer esos vínculos naturales de forma tal que sean funcionales al bienestar y al desarrollo del proyecto vital de las personas. La familia, la escuela, la comunidad forman parte del sistema de legitimación de estos vínculos sociales eficaces para los ciudadanos.

Cabe agregar que los individuos en cualquier entramado social realizan un cálculo racional de coste y beneficio a la hora de transgredir una norma. No está en el ADN de ninguna región ser más violenta que otra. La certeza de las penas, es decir la mayor impunidad que “ofrece” una sociedad a sus habitantes, la severidad de las mismas, los beneficios económicos obtenidos por cada crimen y los patrones éticos de los grupos sociales constituyen las variables de una ecuación que no pueden obviarse en un correcto enfoque de la lucha legal contra el crimen.

El fortalecimiento institucional, y, en concreto, el de la institución estatal tiene que ser, pues, un gran objetivo de los países latinoamericanos. Es responsabilidad del Estado asegurar la provisión de seguridad entendida como un bien público. No habrá Estado mientras no haya una buena política, ni habrá una buena política mientras no haya Estado. Y el Estado de Derecho sin Estado simplemente no es viable.

A pesar de los lamentables y repudiables linchamientos y venganzas que han tenido lugar en la Argentina, afortunadamente se está a tiempo de atajar el problema porque todavía no cabe hablar de una campaña organizada de grupos armados que actúan al margen del Estado para imponer “su” justicia como ha ocurrido otras veces en el pasado reciente latinoamericano.

En esto no se puede ser irresponsable y se debe ser categórico, por más repugnancia que nos cause el crimen, no se puede perder de vista nunca que el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado beneficia a todos, al ser un eficaz medio de pacificación que ha contribuido a reducir enormemente los niveles de violencia allí donde ha estado presente.

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