Ley de desahucios sin dación en pago

Publicado por el abr 8, 2013

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Estarán de acuerdo conmigo en que el drama de los desahucios es la consecuencia más palpable de esta crisis. Aunque supongo que convendrán también en que detrás de ellos están el drama de los casi seis millones de parados y el de la doble recesión. El problema es que la pasión que envuelve a este debate ha distorsionado la raiz del problema hasta poner en jaque las mismas leyes que (no olvidemos) permitieron a varias generaciones de españoles acceder a la propiedad de una vivienda. Según el INE, más del 80% de las familias españolas son propietarias de su vivienda, lo que les permitió ahorrar y crear un patrimonio. ¿Cómo? Pagando religiosamente su hipoteca. Es verdad que la crisis ha sacado a flote las deficiencias, o más bien los excesos, de un sistema imperfecto. Pero no es razonable obviar sus ventajas. Ni mucho menos destruir una cultura de pago fuertemente arraigada en la sociedad española.

Pero más allá de todo esto, la urgencia del debate también ha tenido efectos positivos.  El más claro, la rapidez de la respuesta política. El viernes de la semana pasada, el PP envió al resto de grupos parlamentarios el borrador de la nueva norma, que finalmente se titulará «Ley de los deudores hipotecarios, de reestructuración de la deuda y del alquiler social». Desde el punto de vista económico, las últimas enmiendas introducidas buscan reducir al máximo la deuda pendiente con el banco del desahuciado; desde la óptica política, lograr el consenso sin echar por tierra la mencionada cultura de pago.

La norma recoge buena parte de las propuestas del resto de grupos parlamentarios, pone a coto a muchas de las clausulas abusivas y se adapta a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo.

-_INI7904.jpg de Producción ABC-DEL

El ejemplo práctico y más emblemático sobre los efectos de la nueva ley sobre los desahuciados es cómo fue y cómo hubiera sido con la nueva ley el caso de la deuda de Mohamed Aziz (en la imagen). Su demanda contra CatalunyaCaixa después de que se le expulsara de manera forzosa de su vivienda en 2011 fue el detonante de la sentencia de Bruselas que supuso uno de los cambios legislativos de corte económico con más calado social. En marzo de 2009, el banco reclamó a Aziz 41.209 euros (19.937 por intereses de demora del 18,75% y 21.271 por las costas). En julio de 2010, una vez celebrada la subasta, su deuda había crecido hasta los 115.142 euros. La situación sería radicalmente distinta con la nueva ley. La cuantía a reclamar judicialmente sería de 21.658 euros (12.760 por intereses de demora del 12% y costas de 8.898), mientras que la deuda pendiente tras la subasta se reduciría a 44.400 euros.

La normativa no incluirá la dación en pago —que sería un auténtico terremoto para los bancos— pero aligera notablemente la carga financiera de los desahuciados. Además de la limitación del interés de demora a tres veces el interés legal, se incluye la limitación del devengo de los mismos y que puedan capitalizarse. Esto es, no podrán sumarse a la deuda pendiente evitando así que el monto a pagar por el desahuciado vaya engordando sucesivamente. También se establece un orden de pago para los casos en que la ejecución sea insuficiente para saldar la deuda. Primero se abonarán los intereses acordados en el contrato de la hipoteca (remuneratorios), después el principal y, por último, los intereses moratorios y costas. El deudor podrá reducir así su deuda en función de los intereses acordados en su contrato, antes que otros gastos generados por la ejecución.

En resumen, medidas orientadas a aligerar las cargas financieras de los desahuciados y limitar los intereses de demora hasta niveles razonables que buscan equilibrar la relación del banco y su clientes. Sin abusar de uno, pero sin derrumbar al otro.

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