Gibraltar, mucho más que serpiente de verano

El conflicto de Gibraltar, ya vergonzosamente anacrónico de por sí, alcanza todavía un mayor grado de bochorno cuando se minimiza su importancia en boca de  políticos y responsables mediáticos aparentemente serios. Probablemente por otro de los complejos heredados del franquismo, identificado siempre como azote de la “pérfida albión” cuando atizaba conflictos externos como cualquier otra dictadura, hay sectores que prefieren no escuchar que sigue existiendo una colonia en territorio europeo y que entre dos socios de la Unión permanece latente un conflicto que dura ya 300 años, desde el Tratado de Utrecht, con un balance especialmente negativo para España, como recordó brillantemente José María Carrascal en ABC. Pero, sin perdernos en disquisiciones histórico-jurídicas, agosto de 2013 nos sitúa en un enfrentamiento que presenta problemas y perjuicios concretos: para los pescadores españoles, damnificados por la provocación de las autoridades de Gibraltar de lanzar en aguas ajenas grandes bloques de hormigón que impiden faenar; para el Fisco español, eterno perjudicado a causa del tremendo fraude que genera la situación “de facto” de paraíso fiscal del Peñón, con potenciales contribuyentes que viven en otras costas españolas pero tienen fijada su residencia en Gibraltar para no tributar, así como el creciente contrabando de tabaco, que impide también que la recaudación del IVA genere los ingresos que corresponden, y, si se me apura, para los propios ciudadanos del Peñón, que sufren también en sus carnes el perjuicio de las colas que genera el férreo (pero lógico) control de fronteras por nuestro Gobierno, para un territorio que no es zona Schengen.

Ante la existencia de problemas concretos, que lejos de ser ajenos a la cuestión territorial y diplomática de fondo no son sino una de sus más perversas consecuencias, la obligación del Gobierno español (y del británico, así como de las autoridades de Gibraltar) es buscar soluciones para sus ciudadanos y para los del Peñón, algo indisolublemente unido a la necesidad de plantar cara a las continuas provocaciones. Desde luego, lo que nos da la perspectivfa de los tres años transcurridos desde que en 2010 el ministro Moratinos impulsó la disparatada Comisión Tripartita, situando en igualdad de condiciones al Gobierno de Gibraltar con los de Madrid y Londres, es que además de no solucionar los problemas ciudadanos, se ha convertido en todo un respaldo a las autoridades gibraltareñas para seguir saltándose la legalidad, con la inestimable cobertura del Ejecutivo británico.

Cuando el primer ministro Cameron dice sentirse “seriamente preocupado” por las declaraciones del ministro García-Margallo en ABC el pasado domingo, en las que aseguraba que “se ha acabado el recreo” generado por los gobiernos socialistas y que se estudian medidas drásticas de control en la Verja, habría que contestarle que en España llevamos tres siglos de preocupación semejante, sin que hasta la fecha hayamos constatado que las autoridad británica de turno demuestre en ningún momento una voluntad real de zanjar la cuestión con una solución definitiva, válida para ambas partes. Eso sí que reduciría las preocupaciones. Las de todos