Del “voto rogado” al “voto robado”

Publicado por el jun 9, 2011

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Resulta que en las elecciones autonómicas, el número de votantes españoles en el extranjero ha descendido de manera considerable y, además parece que se han perdido unos 14.000 votos. No son pocos y, tal vez, en algún caso, hubieran podido inclinar la balanza hacia un partido u otro. Lo denunció Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida la pasada semana, y el asunto ha vuelto a estar presente en la última reunión de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, porque el senador canario Narvay Quintero se lo ha expuesto al secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Juan Antonio Yánez-Barnuevo. El caso es bastante grave, como bien dijo Llamazares, aunque su denuncia no parece haber tenido una gran  repercusión mediática.

 

Que sólo hayan votado 35.000 de los 705.000 españoles censados en el extranjero (un 5 por ciento) resulta bastante extraño, teniendo en cuenta que en 2007 votó un 30 por ciento. Al parecer el origen del problema está en la puesta en marcha del sistema de “voto rogado”, que significa que el votante que viva fuera de España y quiera ejercer su derecho al voto en una comunidad autónoma, debe solicitarlo previamente. Si la información del nuevo sistema no ha sido buena, es fácil que sólo unos pocos hayan conseguido superar la carrera de obstáculos.

 

Al final, parece que hubo unas 49.000 peticiones para poder votar, pero sólo llegaron a las juntas electorales 35.000 votos, lo cual significa que, posiblemente, unos 14.000 se perdieron en el camino, por problemas con el correo, o corresponden a personas que, tras hacer su solicitud tuvieron dificultades para ir a votar a los consulados.

 

El senador Quintero dijo, por ejemplo, que según los datos de que disponía su partido desde Cuba sólo habían llegado 17 votos a Canarias; de Estados Unidos, únicamente 12, y de Venezuela, de los 7.900 votos depositados por ciudadanos canarios sólo llegaron cuatro: los del embajador en Caracas, una funcionaria del embajador y dos policías de la embajada.

 

A Yánez-Barnuevo no le quedó más remedio que reconocer la irregularidad y anunciar que, en el Gobierno se ha comenzado un estudio para determinar qué es lo que ha ocurrido exactamente. A ver qué sale.

 

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