Acción Exterior: una ley largamente esperada

Publicado por el Mar 2, 2013

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Por primera vez en democracia, un anteproyecto de ley de Acción Exterior y del Servicio Exterior (LAESE) ha llegado al Consejo de Ministros. Varios textos se quedaron en los cajones de ministros anteriores. Y si es verdad que el anteproyecto no gusta a mucha gente, hay que reconocer al ministro García-Margallo que, secundado por su equipo, al menos, no se haya echado para atrás ante las dificultades. Es cierto también que para ello, a lo largo de 36 borradores, ha tenido que ir renunciando a algunos de sus primeros planteamientos, ante la oposición interna, -en su propio Ministerio- y externa –por parte de cuerpos que dominan en otros departamentos, como los técnicos comerciales, y de los gobiernos nacionalistas de algunas comunidades autónomas.

 

Aún así, el texto de la ley que ha aprobado el Consejo de Ministros sigue teniendo detractores. El principal problema lo plantea el Ejecutivo de Artur Más, abiertamente opuesto a lo que considera un intento del Gobierno de “tutelar” su actividad en el extranjero. El presidente de la Generalitat de Cataluña piensa que no sólo puede desarrollar “acciones exteriores”, sino también hacer “política exterior”, que es algo, sin embargo, que corresponde al Gobierno de España. En consecuencia, cree que no tiene que pedir ningún tipo de autorización ni para viajar ni para abrir oficinas en el extranjero.

 

Mas olvida que sus actuaciones pueden comprometer al Estado del que Cataluña, le guste o no forma parte. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, la Generalitat decidiera adoptar un acuerdo con Kosovo o abrir una de sus “embajadas” en ese territorio cuya independencia España no reconoce?

 

Tiene sentido que en la Ley de Acción Exterior se establezca la necesidad de informar de viajes y apertura de oficinas y que se hagan “recomendaciones” para evitar problemas posteriores. Quizás a Artur Mas le habría ido mejor en Rusia, donde su presencia pasó desapercibida, si al llegar a Moscú hubiera estado avalado por el Gobierno de España o incluso sus contactos preparados desde la Embajada.

 

La proliferación de oficinas autonómicas en el extranjero (de representación, comerciales, culturales, etcétera) es insostenible en momentos de crisis. Pese a ello, el Gobierno, acuciado por la presión nacionalista, ha renunciado, al menos por el momento, a prohibir la apertura de nuevas oficinas a aquellas Comunidades Autónomas que no cumplan con la estabilidad presupuestaria.

 

Tal vez el Gobierno haya dejado de insistir en este punto, que ha entrado y salido varias veces de los borradores del proyecto de ley, porque la realidad es que las Comunidades, incluida la Generalitat, no parecen ahora mismo en condiciones de abrir nuevas oficinas, cuando están recortando por todos los lados en cosas que afectan directamente a los ciudadanos. También es verdad que, tampoco han anunciado muchos cierres.

 

En el interior de su propia casa, García-Margallo se enfrenta a la rebelión de más de 300 diplomáticos, la mayoría jóvenes, que le escribieron una carta en la que se quejan, entre otras cosas, de  que Exteriores no tiene suficiente fuerza en el Consejo Ejecutivo de Política Exterior, porque Hacienda será quien autorice la relación de  puestos de trabajo. Y desde la Subsecretaría, que dirige Rafael Mendívil, se argumenta que siempre ha sido Hacienda quien ha aprobado esa relación.

 

Ahora, el anteproyecto de ley de Acción Exterior y del Servicio Exterior ha entrado en un periodo en el que se dará audiencia a sindicatos, patronales, Consejo General del Poder Judicial, Comunidades Autónomas y Corporaciones locales, entre otras instituciones. Previsiblemente, habrá también algún contacto de los dirigentes del Ministerio de Asuntos Exteriores con los principales partidos de la oposición, ya que el PSOE, al menos, así lo ha pedido con insistencia y hace pocos días el ministro expresó en el Congreso su disposición a hablar, aunque recordó a los socialistas que “para estar en el bautizo había que esperar a que naciera la criatura”.

 

En cualquier caso, si las observaciones se consideran adecuadas, serán incorporadas al texto que irá a la Comisión de Subsecretarios y al Consejo de Ministros para informe y después se pedirá un dictamen del Consejo de Estado. El trámite se estima que podría prolongarse unos dos meses y medio o tres, hasta el comienzo del verano, antes de que el Consejo de Ministro apruebe el envío del Proyecto de ley al Parlamento.

 

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