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Las facturas partías y Esperanza Aguirre

Las facturas partías y Esperanza Aguirre
Marisa Gallero el

 

«¡Cómo lo iba a saber!», respondía Esperanza Aguirre a Cristina Pardo en La Sexta Noche cuando le preguntaba si estaba al corriente de que eran los funcionarios de la Comunidad de Madrid los que ordenaban trocear los contratos que realizaban con las empresas de Gürtel para evitar los concursos públicos. «¿Cree que algún ministro o presidente de Comunidad Autónoma sabe quién paga las sillas o la luz, el sonido y las azafatas en un acto?», preguntaba quién ha dicho hasta la saciedad, incluso ha escrito en un capítulo, algo tan inverosímil como «Yo destapé la trama Gürtel».

Durante la declaración de Isabel Jordán, administradora formal de algunas empresas de la red, que entró a trabajar para el grupo Correa gracias a Rafael Hernando, que le puso en contacto en Génova con Jesús Sepúlveda, que a su vez le dio el teléfono de Don Vito, explicó que los «actos eran en función de la agenda de la presidenta». Sin decir casi nunca su nombre, relató cómo sólo quería «actos grandes» y que era la Comunidad de Madrid quién partía las facturas. Para ellos todos eran clientes. «Daba igual que fuera público o privado. Un ayuntamiento de Pozuelo que Repsol o el Banco Santander».

Sólo en el año 2006, presidencia de la Comunidad de Madrid contrató hasta 497 eventos, 72 de ellos a la Gürtel. El primero que se fraccionó fue un acto después de los atentados del 11M. El coste fue de de 140.000 euros y se emitieron hasta 12 facturas de menos de 12.000 euros para sortear convocar un concurso público. Era «el pan de cada día». Tenían hasta un «kit de presidencia», que comprendía hasta 30 eventos al mes de lunes a domingo para uso exclusivo de Esperanza Aguirre, quién «opinaba muchas veces» de los actos, decidiendo cómo debía ser la trasera, cuántos invitados tendrían que asistir, para lograr un «posicionamiento a nivel político».

En el interrogatorio de la Fiscalía a Jordán le preguntaron por el listado de Navidad de 2007 donde estaba otro de los acusados, Alberto López Viejo, viceconsejero de Aguirre, a quién le enviaron un albornoz talla «M». Fue por el único que le preguntó Concepción Nicolás de una lista de «atenciones» de 200 a 300 clientes, asegurando que no era necesario conocer con quién se codeaba. Curiosamente, estaba desde la propia lideresa, a Ignacio González, Francisco Granados, Percival Manglano y hasta Mª Dolores de Cospedal, por haber ostentado el cargo de consejera de Transportes e Infraestructuras.

«Lo único que ha dicho es que Alberto López Viejo no tenía nada que ver con esto, para tratarme de echarme la culpa a mí. Tienes que recordar que en el derecho penal español los acusados tienen derecho a mentir y mienten», se defendió Aguirre sin recordar que ya reconoció las facturas partías en su declaración por escrito ante el juez Pablo Ruz. Tan segura de su hombre para todo, del que por no saberse, ni conocemos cuál será su estrategia de defensa, ni siquiera si se le acabará la paciencia y dejará de ser tan discreto y leal como hasta ahora.

Durante esta semana que no hay ninguna sesión, el Tribunal decidirá si finalmente llama a declarar a los funcionarios de la Comunidad de Madrid como testigos. Sin ellos no se entendería parte de este macro juicio.

 

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