¿Universalidad del derecho al olvido? El TJUE no es el Tribunal de La Haya

Publicado por el sep 24, 2015

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Es sabido que tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014 sobre el derecho al olvido, Google procedió a retirar de su buscador decenas de miles de reseñas referidas al nombre de ciudadanos que, a la luz de la sentencia, se lo solicitaron. Esas retiradas, eso sí, solo se llevaron a cabo en las extensiones europeas de su buscador (.es, fr., .eu, etc.) y no en las de dominios de país extraeuropeos, ni tampoco en los genéricos (.com, .net, .org, etc.).

A fines de noviembre de 2014, el Grupo de Trabajo del artículo 29, órgano consultivo en materia de protección de datos que agrupa a los máximos responsables en la materia de los Estados miembros, junto al Supervisor europeo, recomendó que Google y otros buscadores fueran asimismo compelidos a retirar informaciones obrantes en cualquiera de sus extensiones y no solo las europeas.

Siguiendo la recomendación, la Agencia de protección de datos francesa, la CNIL, decidía en mayo de 2015 instar a Google a tal ampliación de las retiradas. A fines de julio, Google formalizaba un recurso informal de apelación contra dicha resolución.

El pasado lunes 21 de septiembre, la CNIL decidía desestimar el recurso informal, lo que aboca a Google al cumplimiento, so pena de afrontar sanciones.

Reproduzco a continuación los argumentos esgrimidos por la CNIL. Y les adjunto unas breves reflexiones.

1. Las extensiones geográficas no son más que caminos que dan acceso a la operación de procesamiento. Desde el momento en que el motor de búsqueda acepta una desindexación, ésta debe llevarse a cabo en todas las extensiones, de conformidad con la sentencia del TJUE.

La sentencia, sin embargo, no especifica nada al respecto, de ahí el problema interpretativo, que llevaba a la recomendación del Grupo de trabajo y a la propia decisión de CNIL en mayo pasado. Este contencioso es de hecho una más de las consecuencias del “procedimiento alegal” (en palabras del Abogado General Jääskinen) que la sentencia del olvido implantaba. La CNIL tiene toda la legitimidad para sostener el punto de vista que sostiene, pero desde luego no es el único que de la sentencia puede deducirse.

La cuestión está por tanto abierta, por más que un tribunal de París fallase en septiembre de 2014 en la misma línea que ahora defiende CNIL. De ahí la conveniencia de que, si este asunto terminase nuevamente en manos de la jurisdicción francesa, cosa presumible, ésta refiriese en vía prejudicial la cuestión al propio TJUE, para que fuera él quien arrojase luz definitiva y generalmente aplicable al respecto.

2. Si este derecho se limitase a algunas extensiones, podría ser burlado fácilmente: a fin de encontrar el resultado desindexado, bastaría con buscar en otra extensión (por ejemplo, buscar en Francia utilizando google.com), es decir, sería suficiente con utilizar otra forma de acceso al tratamiento. Esto equivaldría a privar de eficacia a este derecho, y a la aplicación a las personas de derechos variables en función del usuario de Internet que consulta el motor de búsqueda, y no de la persona afectada.

Éste es sin lugar a dudas el punto crítico de la argumentación de CNIL y también el más sólido. No se puede negar que la eficacia del derecho al olvido queda seriamente tocada si su aplicación solo se puede llevar a cabo en extensiones europeas. 

Al fin y al cabo, y si se admite la expresión, “la culpa la tiene Internet”, por ser un medio ubicuo, es decir, de acceso universal. Éste era por cierto otro de los graves inconvenientes de haber dado lugar a esta vía singularizada de protección, más allá de las generales: el inconveniente de ignorar la naturaleza misma de Internet. No obstante, se ha creado, y es por tanto necesario aplicarlo.

Ahora bien, ¿debe la naturaleza universal de Internet implicar que también lo sea el Derecho de un país o región determinados? Por razonables que puedan ser estas disposiciones, ¿deben ser impuestas a ciudadanos, poderes públicos o empresas de cualquier otro lugar del mundo? Con esta misma argumentación, China, Rusia o Corea del Norte podrían exigir a cualquier operador europeo radicado en su territorio (sé que es mucho suponer, pero casos hay), que eliminase de sus contenidos informaciones que pudieran contrariar a sus respectivos regímenes, aunque resultasen de interés en Europa o en otros lugares del mundo libre: la situación de los derechos humanos en el Tíbet, por solo poner un ejemplo.

La CNIL opera en este asunto como si los Derechos europeo y francés tuvieran validez en todo el mundo, y como si el TJUE ejerciera una competencia universal (y hasta interplanetaria, pues a otros planetas llega ya la Red). Y sin embargo, ni la Directiva europea de datos es la Carta de Naciones Unidas, ni el TJUE es el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.​

3. En todo caso, el derecho a la retirada nunca lleva a la supresión de la información en Internet; simplemente impide que se muestren algunos resultados tras búsquedas hechas sobre la única base del nombre de una persona. Por lo tanto, la información sigue siendo directamente accesible en la página web de origen o a través de búsquedas que empleen otros términos. Por ejemplo, es imposible desindexar un evento.

​Si este argumento fuera veraz, el derecho al olvido ni siquiera habría nacido y no estaríamos hablando de este tema aquí. Los buscadores son la puerta ​de Internet, muy en particular el de Google, al menos en Europa y en España, donde supone más del 90 y del 95% de las búsquedas respectivamente. Desaparecer de Google es desaparecer de Internet. Y Mario Costeja, el ya famoso (y difícilmente olvidable) recurrente español en defensa de este derecho, era el primero que lo sabía muy bien.

4. Además, este derecho no es absoluto: ha de conjugarse con el derecho a la información, en particular cuando el titular de los datos sea una persona pública, bajo la doble supervisión de la CNIL y de los tribunales.

Hemos insistido tanto desde estas páginas en esta cuestión, que bastará ahora una frase: otro de los grandes problemas del derecho al olvido es que fuerza a un operador privado, Google u otro buscador, a ejercer como juez a la hora de sopesar si ha de primar uno u otro derecho. 

Por otro lado, ningún derecho es nunca absoluto. Y, a la inversa, toda presunta violación de derechos cometida por un particular (cuánto más por un poder público) ​es siempre revisable por un tribunal (y en su caso por una instancia previa administrativa): el posible abuso del olvido no goza pues de ningún mecanismo especial de prevención. De hecho, muchos tememos que informaciones que merecieran seguir siendo accesibles en el buscador puedan desaparecer de él para siempre por “retiradas erróneas” de Google a resultas de una anterior petición.

5. Por último, y contrariamente a lo afirmado por Google, esta decisión no muestra voluntad alguna de CNIL de aplicar extraterritorialmente la legislación francesa. Simplemente pide el pleno respeto de la legislación europea por parte de operadores no europeos que ofrecen sus servicios en Europa.

​Lo segundo es indiscutible y a la vez razonable. Eso sí, siempre que no llegue a implicar lo primero: más allá de lo que puedan ser las intenciones de CNIL, lo cierto es que su decisión supone una aplicación extraterritorial de los Derechos europeo y francés, pues el ciudadano de un tercer país que no tiene en absoluto nada que ver con Francia ni con su Derecho se verá en la práctica vinculado por él.

Pensemos por ejemplo en un empresario japonés que pretende invertir en la sociedad de un ciudadano francés, dándose la circunstancia de que este último hubiera tenido problemas con la justicia en el desempeño de su actividad. Parece razonable pensar que el ciudadano japonés tenga interés en conocer (y el derecho a ello, con arreglo al ordenamiento de su país) datos referidos a ese ciudadano francés. Una previa eliminación de los datos de toda extensión del buscador lo haría sin embargo mucho más difícil ya.

 

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