¿Una Carta europea de derechos en Internet y el entorno digital?

Publicado por el Apr 15, 2013

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Como en otros ámbitos legales de la Red, parece llegado el momento de que Europa proponga un modelo al resto del mundo.

El entorno digital es ya omnipresente y cada vez permea con mayor profundidad las diversas facetas de la vida humana: como factores, y junto a la “Internet total”, debemos sin duda mencionar las biotecnologías que, como el gran físico de Princeton Freeman Dyson predijo, son tan eficientes como la Red y por tanto gozan de semejantes perspectivas de largo futuro. Además, tecnologías como las biométricas o las que están permitiendo el surgimiento de los primeros cyborgs, convergen de hecho plenamente con Internet y las TICs. El pasado 11 de abril de 2013, con ocasión de una interesante conferencia en el Congreso Aslan de Madrid, escuché al tecnólogo Andréu Veà añadir a este elenco una “familia” más, la de las nanotecnologías, cuya creciente relevancia las ha hecho ya descollar de entre las dos anteriores. Todo ello me ha llevado a plantearme en estas mismas páginas si, en puridad, no solo estaríamos asistiendo a una cada vez mayor centralidad del entorno digital, Internet en particular, en nuestras vidas, cuanto incluso a una imparable absorción del mundo “real” por el digital.

También han sido diversas las ocasiones en que en La Ley en la Red hemos comentado el impacto de estos fenómenos en el mundo del Derecho. Volvemos a hacerlo ahora, esta vez de la mano de un brillante estudio de la CNIL, la Agencia francesa de protección de datos, titulado “La vida privada en el horizonte 2020” y divulgado a finales de 2012. No obstante, es mi intención que, tanto aquellas reflexiones, como el estudio en cuestión, nos sirvan de base para continuar perfilando las reacciones específicas que deban arbitrarse desde el campo legal.

La idea que a mi juicio corona en el estudio esas reacciones es la necesidad de “repensar el derecho digital”, a fin de adaptarlo a tan nuevo y desafiante contexto tecnológico. Uno de los expertos consultados, Alain Bensoussan, llega más lejos, al proponer que Francia elabore “una ley de derechos fundamentales del entorno digital”. La idea es tanto más relevante, pues ha hallado eco en el Gobierno francés, que se propone llevarla a cabo, como atestigua la llamada Hoja de ruta sobre el entorno digital del Primer Ministro, hecha pública el 28 de febrero de 2013: el Gobierno remitirá al Parlamento el correspondiente proyecto de ley a más tardar en los comienzos de 2014.

No será aquí donde se critique una iniciativa que estimo loable. Sin embargo, y sin perjuicio de que los Estados de la Unión Europea están sobradamente legitimados para legislar internamente al respecto, parece que es el europeo, y no el nacional, el acomodo ideal para una norma de este tipo.

Pienso así por varias razones: Primero, porque el alcance de estas tecnologías, baste pensar en Internet, rebasa con mucho las fronteras estatales: hasta Europa entera se queda tantas veces pequeña a este respecto. Segundo, porque el marco regulatorio básico del entorno digital es indiscutiblemente europeo, siendo suficiente mencionar como ejemplos la regulación comunitaria de las comunicaciones electrónicas, de la protección de datos o de la propiedad intelectual en línea. Tercero, porque también es europeo el marco general de políticas públicas en estas materias, como atestigua la existencia de una Agenda Digital para Europa, que circunscribe las iniciativas nacionales. Cuarto, porque bien el Consejo de Europa, a través del Convenio europeo de derechos humanos, bien la propia Unión Europea, mediante su Carta de los derechos fundamentales, proporcionan el contexto esencial para la protección de los derechos y libertades en sus respectivos ámbitos de actuación, desde 1950 y 2000 respectivamente. Y quinto, porque Europa tiene la fortuna de contar con experiencia altamente exitosa en la elaboración de instrumentos normativos internacionales relativos a Internet y TICs: entre otros ejemplos, descuella sin duda el Convenio sobre ciberdelincuencia del Consejo de Europa, que data de 2001 y desde entonces se ha convertido en modelo incontestable sobre su materia a escala universal, habiendo sido incluso firmado por países como los EE.UU., Canadá, Suráfrica y Japón.

Es evidente que si fuera Europa (y no solo uno o más de sus Estados) la que elaborase una Carta de derechos y libertades en Internet y el entorno digital, se haría de este modo mucha “mayor palanca” con vistas a lograr algo que parece desde luego deseable: que el ejemplo cundiera también en otros países del mundo, que podrían sumarse fácilmente mediante la firma del correspondiente tratado. A partir de aquí, nada obviamente impide que unos u otros de los firmantes aprueben sus correspondientes normas nacionales. No obstante, los pasos dados en el plano europeo, idealmente extensivos a países extra-europeos, actuarían como condicionantes para Estados terceros, siendo como es hoy por hoy muy improbable que un texto elaborado a escala planetaria pudiera realistamente ver la luz.

Por otro lado, la posición que sobre estos temas vienen manteniendo países como Rusia y algunos de su órbita en la CEI, hace hoy por hoy más factible que la iniciativa partiera de la Unión Europea que del Consejo de Europa.

En concreto, ¿qué derechos digitales debiera albergar esa Carta europea?

En el indicado estudio de CNIL, se menciona por supuesto el derecho al olvido (bien controvertido, como se sabe, dado su choque con la libre expresión e información y con su más que difícil viabilidad tecnológica), así como la portabilidad de los datos: ambos están de hecho previstos en la propuesta de nuevo Reglamento europeo de protección de datos. Veremos si el pendiente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca del derecho al olvido, esperado para fines de 2013, consolida o no este derecho y en qué condiciones.

Y citando a Alain Bensoussan, el propio estudio encabeza el elenco con una afirmación que comparto en toda su profundidad, la de que “la dignidad digital correspondería a los derechos y principios fundamentales, naturales y universales, que permiten vivir en el mundo virtual”. A partir de la “dignidad digital” como “derecho-rey”, se desgrana los siguientes: el derecho al anonimato; el derecho a cambiar de vida; el derecho a gestionar múltiples identidades (avatares o dobles virtuales especializados, que agreguen datos personales propios); el derecho a utilizar un alias virtual sin referencia a la verdadera identidad; el derecho a un domicilio virtual; y el derecho a la transparencia, en el sentido de “no me harás nada que yo no haya comprendido”.

Ahora bien, los indicados son ante todo derechos relativos a la privacidad en Internet y en el entorno digital. Por eso creo que se puede y se debe añadir algunos más, en su caso concernientes a otros derechos y libertades fundamentales:

–          Ante todo, el derecho a una Internet abierta, libre y neutral, sin más limitaciones que las estrictamente derivadas de la seguridad pública, imperativos tecnológicos o estándares de calidad adecuadamente contrastados, y con las debidas garantías en cuanto a la aplicación de dichas limitaciones.

–          El derecho de acceso a Internet (a ser posible, de alta velocidad) sin discriminación alguna, en particular por razón de edad, sexo, discapacidad o lugar de residencia (derecho de acceso sin brecha digital).

–          El derecho a que la configuración por defecto de las plataformas sea aquélla que en mayor medida garantice la privacidad (“solo mis amigos por defecto”).

–          El derecho a que, si soy menor, no me dejen ser usuario de determinadas plataformas (mediante mecanismos como la exigencia de identificadores que solo están en posesión de mayores de cierta edad).

–          El derecho a la propiedad privada en línea, sin perjuicio del correlativo respeto a la privacidad y la libre expresión de terceros y con la correspondiente intervención judicial.

–          El derecho a participar en el gobierno mediante el acceso a información del sector público en formatos digitales altamente reutilizables (derecho al open data).

Y, finalmente, me permito también añadir un deber ciudadano, el de hacer un uso responsable de la Red, articulable en dos:

–          Uno, atinente a la libertad de expresión, el de no emplear Internet para dañar en modo alguno los derechos y libertades de los demás (deber de no ser troll).

–          Y otro, relativo a la privacidad, el de no poner a disposición de terceros en la Red información personal que pueda ser perjudicial para uno mismo en el futuro (deber de gestión diligente de la identidad).

En el fondo, este deber de responsabilidad plasma jurídicamente la vieja máxima de los pioneros de Internet: “Sé liberal en lo que aceptes, conservador en lo que envíes”.

 

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