¿Un derecho ciudadano a la economía colaborativa?

Publicado por el may 19, 2015

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Es sabido que Internet abre nuevas vías de colaboración económica, que se dan en llamar “Economía colaborativa”, o en su acepción anglosajona, “Sharing Economy”.

Hemos dedicado atención a esta idea en pasadas entregas de esta columna.

Efectivamente, una de ellas analizaba la idea de que la economía colaborativa entra en conflicto con sectores de actividad económica de mayor o menor arraigo, pero en cualquier caso, fuertemente regulados: un conflicto enteramente lógico, si tenemos en cuenta la acentuada asimetría provocada por la práctica ausencia de regulación de las actividades llevadas a cabo por la inmensa mayoría de empresas y de particulares involucrados en estas nuevas fórmulas de Sharing Economy.

La otra entrega subrayaba la necesidad de matizar, y por lo tanto distinguir, entre algunas de estas fórmulas de economía colaborativa, concreta, aunque no únicamente, a esos mismos fines regulatorios. Ello nos llevaba a concluir que “Bla-Bla-Car no es Uber, aunque pueda parecerlo”.

Siguiendo las líneas allí marcadas, el objeto del presente comentario es dar un paso más. Y hacerlo al hilo de una práctica encomiable, inaugurada en su plano oficial por la institución europea que con mayor contundencia y coherencia ha venido trabajando en los últimos tiempos en favor de los derechos y libertades en Internet: hablo del Consejo de Europa, madre del texto de mayor impacto y difusión mundiales en la lucha contra el ciberdelito, su Convención contra la ciberdelincuencia de 2001; y, más recientemente, de lo que parafraseando al gran Tomás y Valiente podríamos denominar su “versión en positivo”, la Guía de derechos humanos para usuarios de Internet de abril de 2014.

Se trata de propugnar un nuevo derecho de los usuarios de la Red, un derecho a la libre empresa y a la participación en proyectos económicos colaborativos: dicho llanamente, de un “derecho a la economía colaborativa”.

Como tal “derecho”, ¿cuál debiera ser su “contenido esencial”?

Desde el punto de vista subjetivo, protegería a dos grandes grupos de personas: primero, a los emprendedores que desearan crear riqueza y generar crecimiento económico a través de estas nuevas vías. En segundo lugar, y por supuesto, a cualquier ciudadano que, en su calidad de usuario de Internet (“netizen”), deseara participar en estas fórmulas, poniendo a disposición, es decir, compartiendo, bienes y/o servicios propios.

Aquí radicaría una de las grandes novedades de este posible nuevo derecho, en el hecho de desplegarse en dos direcciones, simultáneamente en favor del emprendedor y del ciudadano que desea compartir. Sucedería así a diferencia de los clásicos derechos laborales (que por ejemplo el artículo 37 de nuestra Constitución reconoce en exclusiva al trabajador o el artículo 15 de la Carta de derechos fundamentales de la UE a éste y al profesional) y de la libertad de empresa tradicional (que solo favorece al empresario, tal como se prevé en el artículo 38 de la Constitución o en el artículo 16 de la citada Carta). Es natural que así sea, pues estas nuevas modalidades de creación de valor económico rebasan la unidireccionalidad de la unidad productiva clásica (empresa o profesional + en su caso trabajadores), para abrirse a la colaboración con el ciudadano particular que desea compartir.

En puridad, y por ello mismo, este nuevo derecho englobaría en su seno: por un lado, una concreción de la libertad de empresa aplicada a estas singulares modalidades productivas. Y por otro, lo que quizá suponga su proyección más original: una modalidad específica de derecho a la participación, a medio camino entre lo económico y lo social, que se predicaría del usuario que desee compartir bienes o servicios en Sharing economy, y que recuerda, al menos en cuanto a lo social, a las vías de participación constitucional y legalmente reconocidas, por ejemplo en materia de educación.

Desde el ángulo objetivo, este nuevo derecho protegería los proyectos empresariales de intercambio de bienes y servicios basados en la colaboración entre usuarios de Internet. Y subrayo la palabra “Internet”, pues es sin duda alguna este medio digital el que hace posible el desenvolvimiento relevante de estas modalidades productivas: en tiempos pre-digitales, muchos de nosotros hemos puesto en práctica fórmulas de este tipo para rentabilizar recursos, si bien apenas si podían ir más allá de la mera subsistencia. El entorno digital, bien al contrario, al elevar al infinito las posibilidades de comunicación, y por ende de comercialización de los bienes o servicios en cuestión, ha hecho de la economia colaborativa lo que ya es, en términos de viabilidad alternativa a la economía “tradicional”, tanto realmente como sobre todo en clave de futuro.

Por último, desde el punto de vista instrumental, parece razonable sostener que este derecho se desenvuelva con respeto a derechos e intereses con los que puede entrar o de hecho entra en conflicto.

Sin duda uno de tales intereses, y por encima de todos, es el interés general, plasmado en primer lugar en la normativa de la actividad económica general (fiscal, societaria y laboral), es decir, la que cualquier empresa o profesional deberá cumplir por el mero hecho de serlo. Será pues irrelevante a este efecto que nos hallemos ante actividades económicas colaborativas, pues quienes las lleven a efecto deberán de entrada evitar toda práctica “sumergida”.

En segundo lugar, y según antes advertíamos, la economía colaborativa choca con sectores productivos con los que está ya compitiendo y que están a su vez fuertemente regulados. No resulta lógico, por abiertamente injusto, allanar el camino a las nuevas fórmulas colaborativas soslayando de un plumazo los intereses de esos sectores, y en ocasiones, los derechos de quienes en ellos operan. Es por tanto razonable ajustar la economía colaborativa en el sector correspondiente (turismo, transportes, educación, etc.) a las pautas legales propias de quienes ejerzan actividades económicas con regularidad en tal sector.

Dos ideas acerca de esta última afirmación. Ante todo, que dicha regulación sectorial no deberá obviamente, y por el contrario, convertirse en una suerte de “coraza de protección” que, ciega ante la irrupción de las fórmulas colaborativas, se obcecase en ponerles freno, o incluso en prohibirlas. Desde este punto de vista, la prohibición lisa y llana de Uber, en España y en otros países europeos, recientemente decretada (en nuestro caso mediante auto judicial de diciembre de 2014), debiera tener los días contados.

Y en segundo lugar, quiero hacer énfasis en la expresión “con regularidad”, pues constituye una posible brecha de separación, también regulatoria, entre ciudadanos que comparten bienes y servicios de forma meramente esporádica y las propias empresas que les ponen en contacto; frente a empresas o también usuarios de la Red que, por más que empleen fórmulas colaborativas, tienen en común con los agentes económicos tradicionales esa misma nota de regularidad. Ésta es de hecho y precisamente la razón por la que el conductor que pone su vehículo a disposición de otros viajeros a través de Bla-Bla-Car no es como el que lo hace a través de Uber, pues aquél no lo hace con regularidad (y si llegara hacerlo, es sencillamente expulsado de esa red); lo que a la vez redunda en la necesidad de regular de modo diverso las actividades de Bla-Bla-Car o similares, frente a las de Uber y empresas semejantes.

En síntesis, la economía colaborativa detona en este contexto normativo el surgimiento de “un nuevo interés general”, basado:

  • En un extremo, en la necesidad de respetar escrupulosamente el régimen económico general (fiscal, societario y laboral).

 

  • En el otro, en salvaguardar a toda costa, sin necesidad de regularlas en absoluto, las actividades esporádicas de colaboración económica a través de Internet, así como las de las propias empresas que les dan cobertura tecnológica y corporativa. Solo una sobreprotección de los sectores tradicionales podría justificar aquí una regulación, que por ello mismo resultaría superflua y desincentivadora del enorme potencial innovador de esta modalidad de iniciativas colaborativas.

 

  • Y entre medias, en la construcción de nuevas categorías regulatorias que, superando con proporcionalidad los modelos sectoriales pre-digitales, permitan respetar razonablemente las actividades económicas tradicionales, al tiempo que promueven a paso firme las innovadoras fórmulas colaborativas, por más que éstas se desarrollen con regularidad.

 

Todo lo dicho podría fraguar en la siguiente redacción del nuevo derecho que aquí propugnamos:

Derecho a la libre empresa y a la participación en proyectos económicos colaborativos

El derecho a iniciar libremente a través de Internet proyectos empresariales de intercambio de bienes y servicios basados en la colaboración entre usuarios, así como a participar en ellos, sin más limitaciones que las derivadas del respeto a la normativa económica general y a la sectorial que conjunta y proporcionadamente regulase actividades económicas con regularidad, ya tradicionales, ya basadas en dicha colaboración.   

En éstos o en similares términos, este nuevo derecho bien podría figurar en las tablas de derechos y libertades que proliferan cada día con mayor asiduidad.

 

 

 

 

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