Relevante fallo del Tribunal de Estrasburgo sobre el acceso a Internet

Publicado por el mar 4, 2013

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El caso Ahmet Yildirim vincula el acceso a Internet a la libertad de expresión.

La sentencia correspondiente a este caso (nº 3111/10) se emitió por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el día 18 de diciembre de 2012 y éstos son sus principales hechos: el demandante, Ahmet Yildirim, de nacionalidad turca y residente en Estambul, posee y dirige un sitio web alojado en Google Sites, en el que publica su obra académica y sus opiniones sobre diversos asuntos. El 23 de junio de 2009, el Tribunal penal de primera instancia de Denizli ordenó como medida cautelar el bloqueo de un sitio de Internet cuyo propietario había sido acusado de insultar la memoria de Atatürk. La orden de bloqueo se presentó para su ejecución ante un órgano de la Administración turca, la Dirección general de telecomunicaciones (TİB); pero poco después, la TİB solicitó al Tribunal que ampliara el alcance de la orden, a fin de bloquear el acceso, no sólo al sitio del acusado, sino a todo Google Sites, incluido el web del demandante Yildirim, pues éste era al parecer el único medio técnicamente viable de bloquear el del presunto infractor. El resultado fue que el demandante no podía acceder a su propio sitio, situación que persistía incluso en abril de 2012, aun cuando, según el propio Yildirim, las actuaciones contra el presunto responsable de la difamación habían cesado, por haber sido imposible determinar su identidad y paradero.

El TEDH comienza por delimitar el ámbito normativo de la sentencia, que no es otro que la libertad de expresión e información, consagrada en el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en el seno del Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1950.

El TEDH reconoce no obstante que, de acuerdo con el Convenio y con su propia jurisprudencia, los ordenamientos de los Estados signatarios del Convenio pueden establecer restricciones a dicha libertad. Así lo hace una ley turca, en cuya virtud, un Tribunal está facultado para ordenar el bloqueo de acceso a contenidos publicados en Internet si hay indicios suficientes para sospechar que el contenido en cuestión constituye un delito. Ahora bien, ni Google Sites ni el sitio web del Sr. Yildirim habían sido objeto de procedimiento judicial alguno al respecto.

El TEDH recuerda a continuación que ninguna restricción en el acceso a una fuente de información es compatible con el Convenio si no se inserta en el seno de un estricto marco legal que regule: a) el alcance de la prohibición; y b) la correspondiente tutela judicial que evite posibles abusos. En este caso, cuando el Tribunal penal de Denizli decidió bloquear todo acceso a Google Sites no tenía más respaldo que la solicitud de un órgano administrativo (la TİB); y sin embargo lo hizo, sin el previo convencimiento de si habría bastado una medida de menor alcance, que bloquease específicamente el acceso al sitio presuntamente infractor y sin sopesar los diferentes intereses en juego.

Todo ello le lleva obviamente a declarar que, con esas actuaciones, Turquía quebró la libertad de expresión e información de Yildirim, lo que la obliga a resarcirle el daño.

Bastarían los argumentos expuestos para resaltar el interés del fallo aquí comentado, en cuanto muestra de la proyección en Internet de las libertades de expresión e información. No obstante, el TEDH incluye uno más, que me parece de aún mayor relevancia en el contexto del derecho de la Red.

Efectivamente. El TEDH no tiene reparos en aceptar que la interferencia de las autoridades turcas no implicaba una prohibición general, sino tan solo una restricción del acceso a Internet. Y aquí viene lo trascedente, pues para el TEDH, “el efecto limitado de esa mera restricción no disminuye en manera alguna su importancia, como quiera que Internet se ha convertido hoy en día en uno de los principales medios de ejercer el derecho a la libertad de expresión e información.”

En otras palabras, para el Tribunal de Estrasburgo, la Red se ha convertido en un medio de tanta importancia, que restringir el acceso a Internet equivale a socavar de manera inaceptable la libertad de expresión e información.

Con esta decisión pues, el TEDH sigue los pasos de aquellos Estados y organizaciones internacionales en que el acceso a Internet se ha reconocido como un derecho instrumental, consecuencia del derecho a la libertad de expresión: los ejemplos más relevantes son los de Portugal, Rusia o Ucrania; y también las Naciones Unidas, a raíz de un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos de mayo de 2011. Pero quizá sobre todo el de Francia, a raíz de la sentencia de su Consejo Constitucional de 10 de junio de 2009, que el propio TEDH cita profusamente al resolver este caso Ahmet Yildirim, y que incide exactamente en esta línea.

Con independencia de su posible reflejo en la libertad de expresión e información, también muchos otros países y organizaciones internacionales introdujeron el acceso a Internet como un derecho básico: se trata de Estonia desde 2000, Grecia desde 2001 (incluso como un derecho constitucional), la Unión Europea desde 2002, España y Finlandia desde 2003, Alemania desde 2004, Turquía desde 2010 y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) desde 2011, por solo citar los más relevantes. Un paso más allá lo daban Finlandia en octubre de 2009 y España, desde marzo de 2011, al conceder un derecho al acceso a Internet, no por cualquier medio, sino por banda ancha, es decir, de alta velocidad, con un mínimo de 1 Mb por segundo en sentido descendente.

Al fin y al cabo, el soporte físico resulta imprescindible para Internet, ya que es obviamente esa infraestructura la que la señal digitalizada con arreglo al protocolo TCP/IP emplea en su difusión. Sin acceso a la infraestructura, no hay pues acceso a Internet. De ahí la importancia, si se quiere “refleja”, pero no por ello pequeña, de garantizar ese acceso.

Es justamente esa importancia general la que a mi juicio basta y sobra para propugnar el acceso a Internet como un auténtico derecho ciudadano, autónomo respecto de cualesquiera otros derechos o libertades (incluida la de expresión e información). Además, el acceso a la Red garantiza, no solamente el ejercicio de las libertades de expresión e información, sino el de tantas otras, desde la de pensamiento o el derecho de asociación o a la participación política, hasta la libertad de empresa, por no mencionar más que estos ejemplos.

En cualquier caso, más trascendente que el optar por una u otra vía de garantía, es asegurar que el acceso a la Red nunca falte a ninguna persona. Al proceder de la máxima autoridad europea en materia de derechos humanos, la sentencia del Tribunal de Estrasburgo en el caso Ahmet Yildirim contribuirá a ello de manera decisiva. Y no solo en Europa, sino también en el resto del mundo, desde donde sus pronunciamientos se observan siempre con el mayor interés.

 

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