Privacidad, datos y consulta catalana.

Publicado por el Oct 1, 2014

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Por supuesto con menos relumbrón que sus perspectivas abiertamente constitucionales, pero sin duda trascendente para los derechos y libertades ciudadanos, es la cuestión de si la Ley catalana de consultas y el decreto de convocatoria de la consulta de 9 de noviembre de 2014 se ajusta o no a la normativa sobre protección de datos.

Una norma con rango de ley, la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana (art. 6) crea el Registro de participación en consultas populares no referendarias, integrado por los datos del Registro de población de Cataluña y por los del Registro de catalanes y catalanas en el exterior: el fin de dicho Registro de participación es el de determinar quiénes pueden ser llamados a tomar parte en la consulta.

Para esta específica iniciativa, el Decreto del Gobierno de la Generalitat 129/2014, de 27 de septiembre, de convocatoria de la consulta popular no refrendaria sobre el futuro político de Cataluña, establece en su Anexo 1 (artículo 9), que  “la lista de participantes en la consulta incluye a las personas mayores de dieciséis años en fecha 9 de noviembre de 2014 que consten en el Registro de población de Cataluña y tengan la condición política de catalanes.” En las condiciones concretadas en tal artículo, a ellos habría que añadir a los catalanes residentes en el exterior, junto a nacionales de la UE y de terceros Estados. No obstante, y con mucho, el grueso de posibles participantes serían los catalanes residentes en Cataluña, de ahí que nos centremos exclusivamente en ellos.

La creación del indicado Registro de participación exige lo que en nuestra normativa en la materia se denomina “comunicaciones de datos”, que dicha normativa sujeta a severos requisitos, empezando por el consentimiento del interesado. De ahí que la Ley 10/2014 establezca en el precepto citado que “la comunicación y actualización de los datos de los registros por parte del órgano responsable no requieren el consentimiento del interesado, de acuerdo con la normativa de protección de datos.”

Lo que procede pues dilucidar es si, por un lado, esta exclusión de la necesidad del consentimiento que la Ley 10/2014 efectúa se ajusta o no a la normativa aplicable (sobre datos y sobre otras materias, como de inmediato veremos). Y en segundo lugar si el hecho de que la suspensión de dicha Ley y del Decreto citado, decidida por el Tribunal Constitucional mediante auto de 29 de septiembre de 2014, incidiría en la creación del Registro y la legalidad de su operatividad.

La cuestión es obviamente crucial: este Registro de participación opera como alternativa al censo electoral, a su vez indisponible por la Generalitat teniendo en cuenta el carácter por definición “no refrendario” de esta consulta, lo que a su vez hace que su configuración resulte determinante para la legitimidad de la misma.

El Registro de población de Cataluña, base del Registro de participación de la consulta, se forma a través de los siguientes pasos: el vecino de un determinado municipio catalán pone a su disposición sus datos para su alta en el padrón municipal; el municipio los traslada al Instituto de Estadística de Cataluña para el desempeño de sus funciones estadísticas, en particular las relativas a la población y la conformación del Registro de población, así como para que dicha Comunidad pueda entablar comunicación con un determinado ciudadano, por ejemplo, a fin de notificarle una sanción (facultades que le reconocen las disposiciones estatutarias y legales aplicables, en particular los arts. 47 y 52 Ley 23/1998, de 30 de diciembre, de estadística de Cataluña, que sigue al efecto la pauta de la disposición adicional segunda Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal).

Y nada más. De manera que el uso de los datos obrantes en el Registro de población de Cataluña con fines de organización y realización de la consulta convocada mediante el Decreto 129/2014 de la Generalitat podría estar excediendo los fines para los cuales son originariamente cedidos por sus titulares, es decir, todos los vecinos de los municipios de Cataluña. Y si algún principio es clave en la legislación europea y española sobre protección de datos es el de calidad de los datos, que entre otras cosas demanda un estricto ajuste de la utilización a los fines que motivan la recogida (artículo 4 Ley Orgánica 15/1999). En esta misma línea se sitúa la Ley orgánica citada (arts. 4.2, 11.e) y 21, desarrollados por el artículo 10.4.c) del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre), cuando limita a fines exclusivamente históricos, estadísticos o científicos la cesión de datos recopilados por una Administración pública en favor de otra, para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas: la aplicación a nuestro supuesto de este precepto resulta a mi entender muy clara.

Más aún, el uso de los datos de población con dichos fines “no refrendarios” podría lesionar el llamado secreto estadístico, que “es vulnerado por la comunicación de datos no autorizada y por la comunicación de datos de los cuales se pueda deducir razonablemente una información individual” (art. 26 Ley 23/1998, de 30 de diciembre, de estadística de Cataluña), y que prohíbe hacer públicos o comunicar datos estadísticos “a ninguna persona o entidad, ni tan sólo a las administraciones públicas, salvo las instituciones o las entidades que también están vinculadas por la obligación del secreto estadístico y exclusivamente con la finalidad de ser usados para operaciones estadísticas” (art. 25.2 Ley 23/1998; en esta misma línea se sitúa el art. 49 de la misma Ley en lo que al Registro de población de Cataluña respecta). La legislación estadística catalana prevé algunas excepciones en lo que se refiere a la necesidad de un escrupuloso respeto al fin estadístico, pero ninguna de ellas resulta aquí de aplicación (arts. 25.1, 28 y 30 Ley 23/1998). Por tanto, la cesión de datos del padrón efectuada por los municipios a la Generalitat (Instituto de Estadística de Cataluña) a fin de configuración del Registro de población de Cataluña se ajusta obviamente a un fin estadístico; mientras que el uso de dichos datos por la Generalitat con fines de consulta “no refrendaria” no parece adecuarse a dicho fin.

Sucede además que la legislación estatal de datos impone para la legalidad de una cesión de datos a un tercero que ésta se haya efectuado “para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado” (art. 11.1 Ley Orgánica 15/1999). Concordantemente, el artículo 48 de la Ley 23/1998 de estadística de Cataluña faculta a los órganos de la Generalitat de Cataluña para “utilizar los datos del Registro de Población de Cataluña”, aun cuando “sólo si los necesitan para el ejercicio de sus competencias, y exclusivamente para asuntos en los cuales la residencia o el domicilio sean datos relevantes.” Mientras que el art. 11.2 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que el consentimiento del interesado no será preciso, entre otros supuestos, “cuando la cesión está autorizada en una ley” (así lo concreta el art.10 Real Decreto 1720/2007, que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999).

Volvemos al principio: aquí disponemos de una ley, la 10/2014 de consultas populares no referendarias, que justamente cubriría los requisitos exigidos. Y no solo eso, si recordamos, dicha ley exime expresamente de la necesidad del consentimiento del interesado los usos del Registro de población de Cataluña que la organización y realización de la consulta convocada llegase a exigir.

Surgen no obstante dos dificultades adicionales. Una, que, como hemos visto (y sin perjuicio de lo dispuesto en la misma línea por la normativa estadística catalana), la legislación estatal de datos aplicable solamente permitiría cesiones de datos obrantes en el Registro de población de Cataluña para fines distintos de los que la consulta requiere. Y es evidente que lo establecido en la Ley 10/2014 de consultas no referendarias no puede prevalecer sobre la legislación de datos estatal. Esta sola argumentación bastaría a mi juicio para invalidar la legalidad del uso del Registro en la consulta (sin el consentimiento de los interesados en los datos previamente cedidos, claro está). Máxime cuando el artículo 50 de la propia Ley estadística catalana (art. 50) establece categóricamente que el acceso a los datos del Registro de población de Cataluña se rige –entre alguna otra ley, también del Estado- por la legislación de datos estatal.

La otra dificultad surgía en la tarde del 29 de septiembre de 2014, cuando el Tribunal Constitucional decidía suspender la vigencia de la Ley 10/2014 (y del Decreto 129/2014). Desde esos mismos momentos, y entre tanto el Tribunal no levantara dicha suspensión, la Ley no puede desplegar efecto alguno, tampoco, como es obvio, el de satisfacer el requisito de que sea una ley la que autorice la comunicación de datos que aquí nos viene ocupando (como alternativa al consentimiento del interesado).

En cuanto al uso posterior a dicha cesión, existe ciertamente cobertura, la competencia exclusiva en materia de consultas populares (art. 122 Estatuto de autonomía de Cataluña), que bastaría para dar a su vez por cumplido el requisito de “ejercicio de competencias” dispuesto en el citado artículo 48 de la Ley 23/1998 de estadística de Cataluña. De poco serviría no obstante este respaldo estatutario y legal si la inicial cesión de los datos ha quedado privada de ella.

La suspensión haría que dejara igualmente de cumplirse un requisito esencial para la creación del antes citado Registro de participación en consultas populares no referendarias (art. 6 Ley 10/2014), cual es el de que lo sea “por medio de disposición general o acuerdo publicados en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente” (art. 52.1 Real Decreto 1720/2007): la suspensión fuerza lógicamente la cesación de efectos del artículo 6 Ley 10/2014 también en este sentido: éste habría dejado de constituir soporte legal para dicha creación.

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